Violencia y COVID en Centroamérica

OPINIÓN. Los efectos de la pandemia por el coronavirus potenciaron las desigualdades estructurales preexistente en la región y, a pesar de las estrictas medidas que tomaron los gobiernos para contrarrestar el avance del COVID-19, la violencia no dejó tregua.


Perteneciente al grupo de Política Internacional 


Centroamérica es una porción del continenteamericano caracterizada por una gran diversidad sociocultural y natural únicaen el mundo. Sin embargo, esa riqueza ha quedado opacada debido a losconvulsionados eventos que parecen ser fenómenos intrínsecos de la región: corrupción,pandillas y violencia urbana. Incluso, los efectos de la pandemia por elcoronavirus potenciaron las desigualdades estructurales preexistente en laregión y, a pesar de las estrictas medidas que tomaron los gobiernos paracontrarrestar el avance del COVID-19, la violencia no dejó tregua.


Trabajador sanitario asistiendo a mujer guatemalteca. Fuente: Actualidad Huewebtenango.


La región centroamericana posee una misma historia en común, tanto en su etapa colonial como en el proceso independentista. No es menor que el pasado lunes 14 de septiembre del corriente año se celebró el 199 Aniversario de la Independencia centroamericana conjuntamente entre las embajadas y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sin embargo, a pesar de ese origen común, la disparidad entre países que integran la región es alta. Inevitablemente, esto condujo a realidades sociopolíticas y económicas completamente distintas al interior de cada país centroamericano.

En su diversidad, conviven la prosperidad con la corrupción y la violencia urbana. Ahora bien, ¿esta convivencia podría explicar en qué medida la pandemia impacto de forma desigual en cada uno de los países centroamericanos? Veamos a continuación.

 

Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras

 El Triángulo Norte es una de las zonas más calientes de Centroamérica dado a los altos niveles de violencia urbana y corrupción. Las tasas de homicidio en 2016 por cada 100.000 habitantes rondaban en 81.7 en El Salvador, en 58 en Honduras y en 27.3 en Guatemala, haciendo de esta región una de las más violentas del mundo. La presencia y la capacidad criminal de las pandillas urbanas, conocidas como “maras”, dominan territorios extensos donde el Estado no puede intervenir. A eso se le suma fuerzas policiales y judiciales corruptas e ineficientes.

En este contexto, la violencia urbana y la falta de contención estatal al momento de realizar las denuncias, constituyen uno de los principales motivantes al momento de huir del país. Sin embargo, con la llegada del COVID-19 los gobiernos tomaron medidas restrictivas como el cierre de fronteras y el aislamiento social y obligatorio, por lo que la movilidad humana se vio reducida drásticamente.

Sin embargo, la violencia no dio tregua. El pasado 13 de agosto, ataques sincronizados de pandillas dejaron cinco víctimas fatales en las calles de la capital hondureña, una escena que no se repetía desde antes de la cuarentena.  Según fuentes oficiales, los hechos fueron atribuidos a la “guerra” entre las pandillas con el objetivo de controlar el territorio, rompiendo así la tregua pactada para contener los contagios de coronavirus que había resultado en una baja de las tasas de criminalidad. Además, agregan que, hasta mediados de agosto de 2020, se registraron 1934 homicidios. Teniendo en cuenta que la población hondureña se estima en 9,3 millones de habitantes, la tasa de homicidios resulta critica.

Por su parte, Guatemala posee cifras semejantes a Honduras con 1.909 homicidios de enero a julio del 2020, mientras en 2019 llegaron a 2.805, con una población de más de 17 millones de habitantes. Cuando se redujeron los horarios del toque de queda y el comercio reabrió, se registraron números ataques de pandilleros que habían dejado de operar en los meses de confinamiento según fuentes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.

En cuanto al ranking de contagios, Guatemala es el segundo país con más contagios activos de coronavirus actualmente, mientras que Honduras ocupa el tercer lugar y El Salvador el quinto.

Sin embargo, parece ser que El Salvador ha logrado respirar un poco en la cuarentena porque, a diferencia de sus vecinos, no ha tenido un repunte en la violencia criminal. Parece que el “presunto” pacto entre el Gobierno de Bukele y las maras bajo el plan nacional “Control Territorial” dio frutos. Dicho plan consiste en controlar cárceles, cortar comunicaciones entre estas y el exterior con cabecillas de pandillas, y el aumento de la operatividad de la Policía Nacional Civil que trabaja conjuntamente con el ejército nacional. Con 6,6 millones de habitantes, El Salvador logró disminuir los homicidios de 1.729 de enero a julio del 2019 a 692 en el mismo periodo del 2020, sin percibir un incremento en el período de flexibilización de la cuarentena. Incluso el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Rogelio Rivas, destaco en Twitter: “El Salvador salió de la lista de países más violentos del mundo. Nos hemos convertido en un referente en materia de seguridad en la región”.


Belice

Belice parece una isla desconocida en medio de una tumultuosa región y, en estos casos, suele suceder que cuando se sabe poco… se dice nada. Sin embargo, este pequeño territorio ubicado al norte de Centroamérica, fue el último país latinoamericano en confirmar casos del nuevo coronavirus SARS-CoV2. Y a pesar de que en septiembre superó los 1.500 casos en las últimas 24 horas, sigue siendo el país con menos casos activos en Centroamérica.

Aun así, Belice no es ajena a la realidad de sus vecinos del Triángulo Norte porque las tasas de homicidios por violencia urbana son bastante altas en el país. Las pandillas locales actúan particularmente en la capital y, en medio de las medidas restrictivas ante la emergencia sanitaria, ganaron aún más control sobre el territorio al estar el foco de atención en dicha emergencia. A esto se suma una fuerza de seguridad deficiente, desfinanciada y corrupta.

 

Nicaragua

En el país nicaragüense conviven dos realidades opuestas.

Por un lado, el actual presidente Daniel Ortega ha permanecido en el poder desde el 10 de enero de 2007, acumulando un total de 15 años al frente del mandato presidencial y continuará así hasta el 2022. Frente a este contexto, la institucionalidad democrática se ha puesto en duda ante las constantes denuncias de elecciones fraudulentas y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el Estado.

Por otro lado, e irónicamente, Nicaragua se posiciona como un ejemplo en el tratamiento contra el coronavirus ya que en los últimos días no presenta contagios y se mantiene por debajo de los 5.000 ciudadanos positivos de COVID-19 desde el inicio de la cuarentena. Frente a estos datos positivos, el gobierno decidió flexibilizar medidas y, contrario a sus vecinos, es el único país de Centroamérica que aumentó la movilidad hacia centros recreativos en plena pandemia según Google Maps.


 Costa Rica

Costa Rica es reconocido mundialmente por ser el país más pacífico de la región al carecer de ejército nacional desde 1948. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos más recientes aportados por el Portal del Banco mundial, la pobreza ronda el 21%. Lo cual, deja en claro que no todo es lo que parece.

Por su parte, los números de casos activos por coronavirus en Costa Rica por día son alarmantes al estar cerca de los dos mil positivos en las ultimas 24 horas.


Panamá

No hace mucho tiempo que el país panameño sufrió uno de los escándalos financieros internacionales más grandes de las últimas décadas: los papales de Panamá. Miles de documentos filtrados en 2016 por la firma de abogados Mossack Fonseca dejó en evidencia operaciones financieras y evasión de impuestos de políticos, empresarios, artistas y deportistas. Esto significo un deterioro en la imagen a nivel internacional del país que venía acumulando tras ser señalado durante años por prácticas fiscales dudosas que auspiciaba el mismo Estado nacional.

Por ello, este año Panamá fue añadido a la lista de naciones consideradas paraísos fiscales por parte de la Unión Europea. El presidente Laurentino Cortizo se manifestó en contra de esta clasificación y expreso que es una medida completamente ya que, al ser incluidos en la lista de paraísos fiscales, es contraproducente para el país centroamericano que atraviesa una desaceleración económica, a pesar de que tuvo el mayor crecimiento regional en la ultima década. Para superar esta crisis, el presidente considera fundamental atraer mayor inversión extranjera para reactivar la economía. En consonancia, la Asociación Bancaria de Panamá (que engloba ochenta bancos entre locales y extranjeros) manifestó su oposición a la medida.

Sin embargo, a este contexto paradisiaco para las inversiones extranjeras – en medio de una recesión económica – se le sumo una pandemia. Para varios especialistas el verdadero problema de fondo radica en las sociedades offshore. Mientras que los residentes tienen que pagar impuestos, los extranjeros no. Constituyéndose así una de las principales demandas sociales dentro de la clase media trabajadora, que ante las medidas de confinamiento fue una de las más golpeadas económicamente. De hecho, el país panameño es el país más afectado de Centroamérica al contar con 102.204 de casos positivos de coronavirus y más de 450 casos activos en las últimas 24 horas. En consecuencia, la tasa de desempleo subió considerablemente junto con la tasa de pobreza.


Pero… ¿Qué nos deja todo esto?

Centroamérica es una región llena de contradicciones, donde reina la diversidad, la prosperidad, la inestabilidad democrática, la corrupción y la violencia urbana generalizada. Y tampoco todo es lo que parece. Mientras que Costa Rica es conocido como uno de los países más pacíficos, sus altas tasas de pobreza hacen dudar de la gestión gubernamental y administración de recursos; Panamá pasa por una grave recesión económica y su imagen fue duramente debilitada en el escenario internacional tras el escándalo de los papales de Panamá, donde las medidas de confinamiento potenciaron los problemas económicos preexistentes. Por otro lado, Nicaragua resulto ser la más exitosa en sortear los niveles de contagio del coronavirus, pero debilidad institucional para con el régimen democrático del actual presidente Daniel Ortega, deja en evidencia una estructura de violencia institucional que atenta contra los Derechos Humanos y las libertades individuales. Además, las medidas de confinamiento no significaron una reducción de las tasas de violencia urbana cometida por las pandillas que parecen controlar cada vez mayor territorio en Guatemala, Honduras y Belice. Mientras tanto, El Salvador parece que ha roto con este esquema clásico. Tal vez, si esta tendencia continua, ¿podríamos encontrar una futura modificación en la composición del Triángulo Norte de Centroamérica, con Guatemala, Honduras y Belice? Es una pregunta difícil de contestar frente a hechos tan recientes, pero posible.

Ahora bien, la característica en común que se logra identificar en los países centroamericanos son los altos niveles de corrupción y la baja tasa de confianza por parte de la sociedad civil frente a estos. Tanto la policía como el sistema judicial, así como los gobernantes, son considerados corruptos e ineficientes. Además, los bajos niveles de confianza de la ciudadanía en estas instituciones llevan a que, en general, los delitos no sean denunciados y que los perpetradores queden impunes. Si bien existen medidas institucionales y ciudadanas contra la impunidad, nos evidencian cambios estructurales que puedan significar un avance positivo contra esta problemática. Y en tiempos de pandemia, al estar el foco centrado en la emergencia sanitaria, pareciera que los esfuerzos quedaron congelados en el tiempo. En consecuencia, aquellas desigualdades estructurales y problemáticas intrínsecas de la región incrementaron su afectación.

Algunos expertos aseguran que el fortalecimiento institucional se centra en la constitución de estructuras externas creadas a tales efectos lo que podría conducir al empoderamiento de la sociedad civil y la construcción de un accountability vertical. Pero es claro que con esto no alcanza y dependerá siempre de la voluntad de los funcionarios que encabezan los órganos gubernamentales de control. Especialmente, frente a regímenes cuasi democráticos, como sucede en el país nicaragüense, ya que resulta casi imposible empoderar a la sociedad civil e incluso los dirigentes en la defensa de derechos humanos son perseguidos por fuerzas de seguridad del Estado.




Sobre la Autora


Denise Sanviti es Licenciada en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Especializada en Liderazgo en Asistencia Humanitaria y diplomada en Derecho Internacional Humanitario (INDAE). Coordinadora e investigadora del Observatorio de Asuntos Humanitarios del Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI-UBA), con estudios focalizados en Movilidad Humana, Feminismos y Género. Docente universitaria UBA. Auditora en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad GCABA.