Vigilar y castigar, antes que cuidar, a la salud mental

El "caso Chano" le dio lugar a las soluciones punitivistas que siempre están al alcance de la mano. Sin embargo, hay otras posturas que reclaman un abordaje integral que exceda la brutalidad policíaca.

“Si la Policía hubiese tenido una pistola Taser, esto no hubiese ocurrido”, sentenció Sergio Berni, minutos después de que se diera a conocer que un policía de la bonaerense le había disparado un tiro en el abdomen a Santiago "Chano" Moreno Charpentier en un intento de reducirlo ante el presunto riesgo que corría su integridad por las amenazas del cantante. La voz del siempre locuaz ministro fue una de las primeras que se escuchó en los medios. Presuroso y aprovechando los flashes de las cámaras, reclamó por la legalización del uso de las armas no letales y obvió referirse a otros temas urticantes que arrastran desde hace décadas las fuerzas de seguridad, como el de la formación de sus integrantes. Soluciones simples para problemas complejos.


Santiago "Chano" Moreno Charpertier


"La Policía se vive como una suerte de reserva moral de autoridad que viene a poner las cosas en orden”, sostuvo el investigador Esteban Rodríguez Alzueta. La notoriedad que cobró el suceso, por ser el excantante de Tan Biónica el protagonista, posicionó el tema en el centro de la agenda pública y permitió al mismo tiempo darle visibilidad a ciertos interrogantes que merodean este tipo de situaciones. ¿Qué tan habituales son las intervenciones de las fuerzas ante estos casos? ¿Cuándo deben actuar? ¿Están preparadas para intervenir? ¿De qué otros actores se necesitan para brindar un abordaje integral a los temas de salud mental?

"El Policía hizo lo que tenía que hacer", recalcó Berni ante los micrófonos. El funcionario no dejó dudas de la efectividad del accionar policial, pese al dramático desenlace. Poco se sabe hasta el momento si la Policía Bonaenrese trabaja en conjunto con el área de salud mental en la formación de sus agentes para la resolución de este tipo de acontecimientos y si respetó el protocolo dispuesto por el Ejecutivo nacional. "La Policía es la respuesta de rigor. Y acá ‘rigor’ quiere decir ejercicio de la fuerza letal o no letal. Una Policía que a su vez está moralmente obligada a intervenir en conflictos muy distintos, que exceden cualquier preparación especial, que exceden el marco de los cuidados especiales que necesitan esas personas en situación de vulnerabilidad”, explica Rodríguez Alzueta en el artículo publicado por Cosecha Roja.

A poco tiempo de asumir en su cargo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic derogó las normativas sobre el uso de armas de fuego y de las Taser. De este modo, la funcionaria dejó sin efecto los protocolos (impulsados por la gestión de Patricia Bullrich) que le daban mayor libertad a los uniformados para disparar en casos de delitos graves y persecuciones. Además, convocó la creación de un consejo de profesionales para determinar cómo serán utilizadas las pistolas Taser compradas por la administración precedente y canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores. En consonancia con esta decisión, desde la cartera no tardaron en responderle a Berni y a la titular del PRO que también reclamó por las armas no letales: “El propio fabricante desaconseja utilizar las pistolas eléctricas para casos de personas bajo los efectos de sustancias o víctima de padecimientos mentales”.

"A más de 10 años de la sanción de la Ley de Salud Mental  es importante remarcar la responsabilidad del Estado en generar los recursos y brindar las herramientas para ofrecer abordajes en salud con un enfoque de derechos humanos y salud comunitaria, que dé las respuestas que necesitan las personas con padecimiento mental y sus familiares. El mandato de la Ley es garantizar la atención en todos los niveles sin desconocer las situaciones de crisis. También la ley marca la necesidad de que se garanticen otros derechos, desde una perspectiva interseccional", reclamó en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A luz de los hechos, las primeras respuestas del Estado fueron el disparo del agente contra Charpentier y las posteriores declaraciones de Berni en las que justificó, sin investigación mediante, el prodecimiento policial. Sin obviar las complejidades que rodean lo sucedido, la intervención estatal en este episodio refleja las profundas limitaciones que aún persisten para resolver problemáticas con dinámicas difíciles de captar para el Estado y que en consecuencia requieren un abordaje integral.

"Las fuerzas de seguridad  vienen mostrando un modelo de intervención en crisis que consiste en dispararle a la persona que, a todas luces, necesita asistencia. Cuanta falta hace la capacitacion e implementación de los protocolos que allá por 2015 se hicieron en la CONISMA y no llegaron a implementarse. Ahora van a salir, por supuesto, los que siempre aprovechan para culpar a la Ley de Salud Mental y no a las dificultades que ellos mismos producen o produjeron para su implementación", manifestó la especialista en salud mental, Alicia Stolkiner. Un poco más allá de la superficie del debate público, existen posturas más profundas que reclaman otro tipo de injerencia estatal, que deje atrás la brutalidad policíaca que suele ser un especie de comodín. Con mucho menor difusión, en las últimas horas se conoció también el Victoria Nuñez, una joven trans de 27 años, que falleció en circunstancias que involucran a la Policía de Entre Ríos. Su familia denuncia el accionar de funcionarios policiales después de que llamaran al 911 para pedir asistencia porque la joven estaba atravesando un ataque de pánico.

La popularidad de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, que por estas horas se encuentra en terapia intensiva luchando por su vida, posibilitó abrir múltiples debates que se mantenían al margen de la discusión pública. El discurso punitivista intentó ganar el centro de la escena de la mano de Berni, pero esta vez la característica de la víctima hizo que su eficacia se fuera diluyendo y queden en evidencia así sus oportunas omisiones para tapar sus incapacidades. "Es un contrasentido que un procedimiento establecido para resguardar los derechos de la persona y de sus familiares, culmine con la persona a quien se debe cuidar herida de bala, como en el caso de Chano Moreno Charpentier, o asfixiada como en el caso de Vicky Núñez", entatizó el CELS. 


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