Vicentín y la disputa en torno a lo político

OPINIÓN. A futuro resulta estratégico desarticular y re-articular el entramado productivo para que sea el campo profundo (campesinos, productores familiares y pequeños productores) el que oriente a la política agropecuaria nacional.


Cacerolas, y no solo de teflón, han salido en la defensa de Vicentín, una de las compañías agroexportadoras con mayor peso en el mercado de producción y comercialización de granos y derivados en el país. Que una diputada nacional por Santa Fe del Pro-esgrima que Vicentín es patria, que desde sectores de la Sociedad Rural se advierta sobre los peligros de la chavización de la Argentina o que desde medios de comunicación concentrados se denuncie los atropellos a la república tras la decisión presidencial no es ninguna novedad. Más aún: es la reacción lógica-esperable de quienes reeditan la retórica, diría Jauretche, de la patria chica, de la inserción subordinada del país en el mundo y la oposición a toda iniciativa de desarrollo nacional.

Pero que un sector de la sociedad, en principio minoritario (que incluye asalariados, monotributistas, comerciantes y pequeños productores), adopte como propio intereses ajenos no debería ser motivo de indignación sino de análisis profundo, máxime cuando un tercio de la población aún no tiene definida su posición respecto al rescate de la compañía en cuestión. Es que, la definición sobre la posibilidad de que el Estado Nacional participe del mercado de granos, con o sin expropiación, no se definirá en el Congreso ni en la justicia sino, como es de esperar, en la subjetividad que prime en el conjunto de la sociedad.

Las palabras del presidente: “estoy anunciando acá, en este instante, que estamos mandando al Congreso una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el Estado nacional se haga cargo”, tomó por sorpresa a propios y extraños. Preanunciar tal posibilidad (eventual expropiación) hubiera posibilitado a los propios de valerse de recursos argumentativos para convencer y defender, desde la antesala, la posición finalmente adoptada. Empero, el riesgo de tal apuesta hubiera sido mayor en tanto la reacción evidenciada del bloque de poder en la Argentina habría frustrado quizás, de ante mano, el anuncio presidencial. 

Con el conflicto abierto la batalla discursiva tiene una significancia mayúscula, disputa en la que el gobierno y las fuerzas populares en tiempos de normalidad correrían, desde el vamos, con desventaja. No es que la crisis del orden establecido por la pandemia incline, a priori, las posibilidades para el campo popular sino que el actual estado de situación global habilita de un modo inusual a re-significar los discursos que hasta entonces (pre-pandemia) regían naturalmente nuestras vidas: el valor de lo público encorsetado, el rol del Estado delimitado y las libertades del mercado engrandecidas. En otros términos: el COVID-19 habilita a disputar la interpretación sobre las causas de una crisis sistémica de arrastre global que tomó a la Argentina en una situación febril, tras el team de los mejores últimos 50 años en concepto de sobre-endeudamiento y celeridad en la fuga.

Soberanía alimentaria fue la apuesta a futuro en la expresión presidencial. Inclusión disruptiva en un territorio nacional que se ha volcado en las últimas décadas a una escaza diversidad de cultivos, siendo el predominante (la soja transgénica) no precisamente un alimento en la mesa de los argentinos. La definición, de claro impacto respecto al rumbo que debería seguir -en lo que viene- la producción agrícola en el país tiene, asimismo, un valor estratégico en la geopolítica comercial en un mundo que revisará las prácticas agronómicas para evitar mayores desequilibrios ecológicos,  o bien abonará por colocar en vilo a la especie humana. Toda revisión profunda, seria e integral de la tragedia global en curso no puede desdeñar el factor decisivo, la causalidad inherente del modelo agroindustrial del agronegocio y la degradación ambiental como marco estructural de la crisis sanitaria global.

Pero es precisamente aquí donde la disputa por Vicentín evidencia la mayor de las tensiones. Las cacerolas menores, magnificadas sí por los medios de comunicación, pero en lo absoluto limitadas en posibilidades de multiplicación, se inscriben en una larga y poderosa hegemonía construida por la lógica del agronegocio. Justificada con la narrativa del progreso, avalada por los centros hegemónicos del conocimiento y legitimada por las usinas mediáticas, el agronegocio vertebró a lo largo y ancho de la pampa húmeda primero y sobre las áreas extra-pampeanas después, con fuerza desde la década de 1990, consensos significativos en distintos espacios urbanos cuya máxima expresión se evidenció en el conflicto por la 125 (año 2008) donde amplios sectores sociales adoptaron como propia la idea de que “todos somos el campo”.

Reconocer este sentido común, aun cuando posiblemente hoy se halle en crisis como el orden global mismo, debería ser un punto a contemplar por las fuerzas populares democráticas en la disputa planteada frente a los actores del agronegocio ateniendo, al menos, a dos referencias. En primer lugar, según lo expresado, porque es de esperar que distintos actores sociales se vean identificados con Vicentín en función de las subjetividades que el agronegocio ha construido pero también dado el parcial derrame económico que el modelo del agronegocio engendró en distintas ciudades del país. Lo cual obliga, al pretender tener una mayoría accionaria estatal sobre la compañía, a producir una narrativa propositiva que logre superar la articulación forjada por el agronegocio donde actores diversos fueron contenidos de manera subalterna, pero contenidos al fin. Esto implica, en una segunda dirección, trasvasar los móviles del rescate de la empresa más allá del derrotero de corto plazo (denuncias sobre el escandaloso endeudamiento de la firma para con la Banca Pública Nacional y la AFIP, miles de trabajadores en un grado máximo de incertidumbre además de los productores estafados) para incorporar una mirada en perspectiva que dé cuenta cómo la consolidación de la lógica del “agro como negocio” en el país ha impactado en materia social (despoblamiento del campo-agricultura sin agricultores), productiva (tendencia al monocultivo bajo insumos que encarecen de manera creciente los costos de producción), económica (concentración de la propiedad agrícola y oligopolios transnacionales en la cadena agroindustrial/comercial), sanitaria-ambiental (multiplicación de las patologías por exposición a agrotóxicos y degradación de bienes comunes) y política (además de la pérdida de soberanía alimentaria, el modelo agroexportador impone restricciones a las políticas de desarrollo nacional).

Solo una mirada crítica de tal envergadura puede tornar asequible el valor estratégico de una Vicentín estatal y, lo que es más importante aún, allanar el camino, para adelante, de la transición hacia el paradigma capaz de garantizar el objetivo de la soberanía alimentaria: la agroecología. Está claro que la presencia mayoritaria del Estado en Vicentín no significará la consagración automática del derecho colectivo de definir qué, cómo y para quién queremos producir en nuestro suelo pero sí un paso necesario de cara a una reorientación productiva en pos de una agricultura social, económica y ambientalmente sustentable.   

El gobierno nacional, al plantear el desacuerdo con la previsible mayor concentración y extranjerización en el mercado de granos y en el sector agroindustrial de haberse continuado el camino de la quiebra de la firma en la órbita judicial, ha decidido transitar una dirección cuya experiencia histórica local y regional marca que el conflicto, en tanto esencia de lo político, requerirá de audacia comunicacional y solidez en las decisiones gubernamentales. Argüir sobre la importancia de la presencia del Estado para garantizar la dinámica del modelo productivo del agronegocio (garantizar el pago a los productores y los puestos de trabajo y en general el funcionamiento de la cadena agroindustrial) puede ser una decisión desde lo táctico acertada y necesaria para superar el escollo en el plano de la política institucional (instancias judiciales y eventual tratamiento en el Congreso).

Sin embargo, es necesario anticiparse, los actores privados del agronegocio no vacilarán en cuanta oportunidad se presente para desplazar al Estado del ámbito natural del mercado, aun cuando se constituya -eventualmente- una Vicentín pública garante de la reproducción de la lógica productiva basada en el paquete tecnológico del agronegocio: agrotóxicos, transgénicos, siembra directa, etc. De allí que a futuro resulte estratégico desarticular y re-articular el entramado productivo para que sea el campo profundo (campesinos, productores familiares y pequeños productores) el que oriente la política agropecuaria nacional y no, como hasta entonces, las corporaciones trasnacionales en connivencia con los grandes terratenientes locales. 


Sobre el Autor


Nicolás Forlani es Licenciado en Ciencia Política, Becario Doctoral CONICET. Integrante del Centro de Formación y Pensamiento General.

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