Vicentín: ¿otra vez agro versus industria?

OPINIÓN. Aún no conocemos el resultado final del debate y el destino de la empresa. Pero la importancia de esta medida radica en que adquirir Vicentín implicaría no restringir la intervención del Estado -en el sector productor de divisas- al ámbito de la circulación.

Una de las grandes dicotomías que cruzó la historia argentina reside en el enfrentamiento entre agro e industria: campo versus ciudad, atraso versus modernidad, oligarcas (rentistas) versus capitalistas (productivistas). Sin embargo, que podamos ubicar dicha dicotomía en un pasado lejano no significa que permanezca estática y sin novedades. Doce años después del Conflicto del campo, el caso Vicentín nos invita a revisitar los elementos estructurantes de aquel enfrentamiento, así como también los motivos y los modos en que el Estado interviene en la economía.

La argentina agroexportadora del siglo XIX, aquella que a partir de la llamada “Generación del ‘80” se incorporó a los circuitos mundiales de acumulación, traccionaba al conjunto de la economía nacional a partir de las exportaciones primarias de sencilla producción y sin procesar. Ejemplificando, Argentina exportaba trigo y carne para alimentar a la clase obrera europea, mientras importaba productos manufacturados en las fábricas textiles inglesas. La estrategia de crecimiento hacia afuera movía la economía argentina al ritmo de la economía inglesa.

La Primera Guerra Mundial y luego la crisis de 1929 desarticularon aquel mercado mundial, imposibilitando tanto las exportaciones de materias primas como la adquisición de productos manufacturados. Durante los años treinta se tomaron las primeras medidas de impulso de la economía nacional -aunque se las consideraba transitorias- a la espera del restablecimiento del funcionamiento de la economía mundial. Pero la consolidación de Estados Unidos como centro del sistema capitalista mundial hizo notar que, dada la baja tasa de importaciones de dicho país, el mercado mundial no retomaría su previo dinamismo. La imposibilidad de vender en el exterior (y sin divisas, de comprar) se sumó a la presión de las nacientes masas trabajadoras por mejorar sus condiciones de vida, motivando en Argentina políticas públicas que reorientaron la estrategia de crecimiento “hacia adentro”: la industrialización y la expansión del mercado interno.

Hasta los años treinta, la magra industria que había existido en Argentina estaba asociada al sector externo (frigoríficos, curtiembres, forestal, etc.) y sus avatares. A partir de esa década y fundamentalmente a partir del primer gobierno peronista se produce una primera ola de crecimiento industrial. Entre sus condiciones de posibilidad debemos señalar que la industria de la etapa fordista aún era relativamente simple, es decir, que no existían grandes barreras a la entrada en términos de conocimiento o de inversiones. Las importaciones podían sustituirse con relativa facilidad. Además, el desmembramiento del comercio internacional quitaba presión a la baja productividad de la industria local y permitía su desarrollo sin someterla a la competencia de capitales más productivos.

Esta transformación en la estructura económica permitió la expansión industrial y -mediante la creación de empleo, el incremento salarial y las políticas de seguridad social- la incorporación de las demandas populares al Estado. Durante este período el agro quedó subordinado en el proceso económico, pero su productividad a nivel internacional gracias a la fertilidad de la tierra -y a pesar de su baja tecnificación relativa- lo convertía en la única fuente genuina de ingreso de divisas. Estas eran necesarias para importar los insumos y la maquinaria que requería el proceso de industrialización una vez que superó las etapas más sencillas. Ni siquiera las modernas industrias implantadas con el capital extranjero (la automotriz, por ejemplo) alcanzaban productividades suficientes como para liderar un proceso exportador.

La estructura “dual” (Lewis, 1954) “heterogénea” (Pinto, 1970) o “desequilibrada” (Diamand, 1972) fueron algunos de los modos de referir a la coexistencia en la economía nacional de dos productividades diferenciadas que podían identificarse con determinados productos o sectores productivos. Si bien la industria lideraba una acumulación orientada al mercado interno, su expansión se encontraba limitada por los resultados del agro en el comercio exterior. Un punto central radica en que las divisas obtenidas por este sector no se trasladaban naturalmente hacia la industria: esa operación de reasignación de recursos tiene un carácter social. El Estado, como resultado de un proceso que involucra enfrentamientos y tensiones, interviene en dicha operación con la política económica. Aquí podemos identificar un antiguo sedimento en la memoria colectiva: agro versus industria.

¿De qué modo intervenía el Estado? Sabemos que a diferencia de muchos otros países de América Latina, en Argentina la relación de fuerzas sociales no alcanzó para llevar adelante una reforma agraria, por lo que la propiedad de la tierra permaneció -a grandes rasgos- en manos latifundistas, la llamada oligarquía. Inhibido de intervenir en el ámbito de la producción, la intervención económica del Estado se limitó a la esfera de la circulación a través del control del comercio exterior: el IAPI, las Juntas Nacionales, los derechos de exportación, etc. Estas políticas permitían al Estado capturar renta agraria y divisas para asignarlas a otros sectores y promover su crecimiento.

Cuando el ritmo de crecimiento del mercado interno superaba el ritmo de acumulación de reservas comenzaban las tensiones macroeconómicas, que -de no readecuarse un ritmo al otro- desembocaban en una crisis de divisas. La devaluación redistribuía regresivamente el ingreso, frenaba el crecimiento del mercado interno y favorecía la acumulación de reservas. Restablecido el equilibrio macroeconómico, volvían a cobrar fuerza las pujas distributivas y el poder de veto (Peralta Ramos, 1972) que cada sector ejercía sobre la estrategia del otro. La crisis del Estado fue interpretada por los/as intelectuales de la época con la metáfora del péndulo (O’Donnell, 1977) o del empate (Portantiero, 1977) entre fuerzas sociales. Lechner (1977), por su parte, sostuvo que en América Latina el Estado -en tanto representación del conjunto- resulta imposible por la falta de una praxis social común, cuyas raíces estructurantes se encuentran en aquella estructura productiva desequilibrada.

A comienzos de los ‘70 se desató la crisis del fordismo a nivel mundial y empezaron a desarticularse los Estados de bienestar, dando lugar a las políticas de austeridad, de mercantilización de la vida (Harvey, 1990) y un relanzamiento del comercio internacional como articulador de los espacios nacionales. En Argentina, la dinámica que conducía a crisis recurrentes tuvo su quiebre económico con el plan de Celestino Rodrigo -el Rodrigazo en 1975- y su quiebre político en la dictadura cívico-militar que comenzó en 1976. Utilizando la violencia estatal el sector exportador logró imponerse y, a través de la desregulación comercial y financiera, Argentina se reinsertó en los circuitos mundiales de acumulación que el naciente neoliberalismo proponía. El llamado “ajuste estructural” subordinó al mercado interno y lo comprimió, dejando a los capitales mercadointernistas frente a una disyuntiva: incrementar su productividad para poder exportar o quebrar ante la falta de demanda local. Es conocido qué ocurrió en la mayoría de los casos.

Menos conocido resulta qué sucedió con el sector externo argentino durante el neoliberalismo. El creciente peso de la deuda externa (y del sector financiero), la remisión de utilidades y las importaciones suelen predominar en los análisis. Pero, ¿qué pasó con las exportaciones? Si bien no fueron suficientes para cubrir las obligaciones corrientes recién mencionadas, las exportaciones crecieron persistentemente. Además, la novedad reside en que las exportaciones no tradicionales comenzaron a ser claves: se destacaron las manufacturas de origen agropecuario e industrial por sobre los productos primarios sin procesar.

Este proceso terminó de consolidarse durante la Convertibilidad. El “1 a 1” no sólo castigó a quienes no podían competir con la mercadería importada, sino que principalmente implicó un enorme subsidio a la incorporación de maquinaria e insumos importados. Una de las principales facetas de este proceso fue el salto productivo que se produjo en el agro desde 1995 al incorporar la semilla transgénica en la producción de oleaginosas, fundamentalmente la soja. Esta transformación productiva implicó que el capital invertido se convirtiera en el factor decisivo de la productividad, desplazando la centralidad que previamente ostentaba la fertilidad natural de la tierra. La creciente utilización de tecnología de punta (modificación genética, GPS, agricultura de precisión, etc.) motivó que el “nuevo agro” asuma, por los procesos involucrados, la forma de una fábrica a cielo abierto (Bisang, 2011).

¿Cómo se explica que en un contexto de apertura económica las exportaciones no tradicionales hayan crecido? La respuesta radica en la reestructuración productiva que indujo el neoliberalismo en la economía argentina. De hecho debemos notar que, con particularidades locales, este proceso se inscribe en un contexto mundial de industrialización periférica en vistas a la exportación (Robinson, 2008).

Como resultado de este proceso que se extendió a lo largo de veinticinco años se transformó y a la vez profundizó la heterogeneidad estructural. Los sectores exportadores netos se conformaron por quienes adoptaron los más modernos procesos productivos -desplazando al agro tradicional-, en los cuales las fronteras entre sector primario, secundario e industrial quedan franqueadas en la conformación de las cadenas de valor. Esto motivó un cambio en los sujetos ¿del agro?: para ejemplificar, Grobocopatel, el “Rey de la soja”, se autodenomina -provocativamente- “sin tierra” y está afiliado a la Unión Industrial Argentina (UIA), no a la Sociedad Rural. La desregulación estatal del sector externo, como resultado -recordemos- de relaciones sociales desfavorables para los sectores populares, implicó que los éxitos de los exportadores no se vieran redistribuidos hacia los sectores importadores netos en los cuales se profundizó el atraso productivo.

Cuando el financiamiento externo declinó, la continuidad del esquema macroeconómico convertible quedó supeditada a nuevos y más profundos ajustes sobre los/as trabajadores/as -el plan Déficit cero y el Megacanje- (Piva, 2017). Sin embargo, el estallido social de diciembre de 2001 coronó una larga lucha de los movimientos sociales, de desocupados/as y ocupados/as empobrecidos/as que impugnaron aquellos ajustes, poniendo fin a las relaciones de fuerza y a la inserción internacional que estaba supuesta en la Ley de Convertibilidad. Los primeros días del 2002, después del aquelarre de Presidentes, el Congreso Nacional sancionó el default de la deuda externa y se reimpusieron la obligación de liquidar las divisas y los derechos de exportación (retenciones).

Sin estas tres medidas, el fenomenal crecimiento de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (vinculado al complejo soja) derivado de la demanda china no hubiera reimpulsado el mercado interno en la postconvertibilidad. Bajo las nuevas condiciones estructurales, los nuevos sujetos sociales y una nueva relación de fuerzas, el Estado volvió a articular a los sectores exportadores y al mercado interno. Pero lo hizo del mismo modo que lo hacía en el siglo XX, es decir, interviniendo en la circulación (vía retenciones) y poniendo énfasis en los productos: no actualizó su herramental.

Las nuevas condiciones de producción a nivel mundial (mayor competencia, cadenas globales de valor, descentralización y deslocalización productiva, entre otras) limitan, a diferencia de lo mencionado previamente sobre el siglo XX, los márgenes de la industria de sustituir importaciones y “vivir con lo nuestro”. Durante los primeros años de la postconvertibilidad la acumulación de reservas creció más rápidamente que el PBI, permitiéndonos deducir que el ritmo de crecimiento de los sectores mercadointernistas no alcanzaba a plantear una competencia por los recursos (divisas e ingresos fiscales) con los sectores exportadores.

Desde 2005 el mercado interno tomó un nuevo impulso y comenzó a crecer a un ritmo mayor que la acumulación de divisas, para lo cual se requería una creciente redistribución de recursos. El conflicto finalmente estalló en 2008 con la firma de la Resolución 125. ¿Agro versus industria? ¿Simple retorno a la dicotomía del siglo XX? Si fuera así, ¿cómo se explica la actitud, primero vacilante, y luego de apoyo tácito de la UIA al “campo”? ¿No serían los industriales los principales beneficiarios de la redistribución?

A la luz de los moldes interpretativos “clásicos” estas circunstancias resultan contra natura. Sin negar las convicciones ideológicas antipopulares -que existen-, el recorrido que realizamos nos abre una lectura diferente. Agro ya no es sinónimo de atraso productivo, industria no remite indefectiblemente al mercado interno, ni pueden pensarse agro, industria y servicios como compartimentos estancos. La industrialización del proceso de producción de la materia prima, su procesamiento y exportación han transformado el mapa de contradicciones y las alianzas sociales. Pero en el llamado Conflicto del Campo el gobierno tomó nota de esa transformación ex post, cuando activó una alianza social que mediante el voto “no positivo” cristalizó el punto final a la creciente redistribución desde los exportadores netos hacia los importadores netos.

En junio de este año, el gobierno de Alberto Fernández comunicó públicamente la decisión de intervenir y expropiar Vicentín, una empresa clave en el almacenamiento y procesamiento de oleaginosas (aceites y biodiesel). La reacción a la medida no se hizo esperar y nuevamente quedaron expresadas las fuerzas sociales actuantes. Nos preguntamos: si Vicentín es del agro ¿por qué la UIA no apoyaría la medida? Si Vicentín es una industria, ¿por qué reclama el agro? Quizás parte de la respuesta se encuentre en que la UIA está presidida por Miguel Acevedo de la Aceitera General Deheza (AGD). Si nos concentramos en los procesos productivos más que en los productos, las fuerzas sociales actuantes se vuelven más nítidas.

Aún no conocemos el resultado final del debate y el destino de la empresa. Pero la importancia de esta medida radica en que adquirir Vicentín implicaría no restringir la intervención del Estado -en el sector productor de divisas- al ámbito de la circulación (“a cobrar”). Con una empresa agroindustrial el Estado contaría con nuevas y más potentes herramientas para articular la heterogénea estructura productiva argentina y sus sectores sociales, ya no sólo capturando renta. Como partícipe directo de la expansión productiva y de las exportaciones el Estado podría, por ejemplo, debilitar la capacidad de presión sobre el tipo de cambio y disponer de divisas para tanto para formar reservas internacionales como para garantizar su redistribución hacia sectores importadores netos que las requieren para su expansión. Las transformaciones productivas abrieron un nuevo terreno disponible para una política económica cuyo clivaje no sea la dicotomía agro versus industria.


Sobre al autor

Igal Kejsefman es Economista, Mg. en Estudios Latinoamericanos y Dr. en Ciencias Sociales. Becario postdoctoral CONICET, docente universitario y miembro del OCEPP.


Textos mencionados en el artículo que te pueden interesar para profundizar en el tema:

Bisang, R. (2011) “Agro y recursos naturales en la Argentina: ¿enfermedad maldita o desafío a la inteligencia colectiva?”, Boletín informativo Techint. Nro. 336, Techint, Argentina.

Diamand, M. (1972) “La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio”, Desarrollo Económico, Vol. 12, Nro. 45. IDES, Argentina

Harvey, D. (1990) La condición de la postmodernidad, Paidós, Argentina.

Lechner, N. (1977) “La crisis del Estado en América Latina” en Obras completas, Tomo I, Fondo de Cultura Económica-FLACSO, México.

Lewis, A. (1954) “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, Manchester School, 22 (May), Inglaterra.

O’Donnell, G. (1977) “Estado y alianzas en Argentina, 1956-1976”, Desarrollo económico, Vol. 16. Nro. 64. IDES, Argentina.

Pinto, Aníbal (1970), “Naturaleza e implicancias de la ‘heterogeneidad estructural’ en America Latina”, El Trimestre Económico, vol. 37 (1), n°145, México.

Piva, A. (2017) “El modo de acumulación de capital en Argentina (1989 – 2015)”, Revista Ensambles, Nro. 6, Argentina

Portantiero, J. C. (1977) “Economía y política en la crisis argentina: 1858-1973”, Revista Mexicana de Sociología. Vol. 39, Nro. 2, UNAM, México.

Peralta Ramos, M. (1972) Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina, 1930–1970, Siglo XXI, Argentina.

Robinson, W. (2008) Latin América and global capitalism, JHU Press, Estados Unidos.

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