Verdad y justicia en el ojo del huracán: crisis de derechos humanos en México

OPINIÓN. No sabemos adónde están 73.201 personas, hay más de 3000 fosas clandestinas con restos y miles de cuerpos sin identificar en los servicios forenses. El gran desafío ahora es como construir verdad y justicia en el ojo del huracán.


El 13 de julio de 2020, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México y el Subsecretario de Derechos Humanos informaron que 73,201 personas están en esta condición. No todas estas desapariciones fueron cometidas por agentes del Estado, pero el Estado tiene la obligación de buscarlas y encontrarlas. Por eso, en México hablamos de desapariciones a secas y dejamos de lado, por lo menos en el lenguaje cotidiano, la tentación de definirlas a partir de sus perpetradores. Independientemente de quién las cometa, hay más de 70,000 personas que no están y sus seres queridos las están buscando. 

Las desapariciones en México no son nuevas. Las primeras se registraron en 1964 en el contexto de la represión de la oposición de izquierda, drama que Argentina, y otros países del cono sur, sintieron en carne propia. Pero a partir de 2006 su número se incrementó exponencialmente y se cometen en buena parte del territorio del país.  Antes de 2006 el Estado tenía registradas 1523 personas desaparecidas, las 71,168 restantes se produjeron en los últimos 14 años.

México es hoy una democracia electoral, no un régimen autoritario. En el año 2000 se produjo alternancia política y, por primera vez en 70 años, ganaba las elecciones presidenciales una fuerza política diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que había funcionado como partido hegemónico.  “La primavera democrática” rápidamente se vio opacada por la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) que detonó un espiral de violencia que todavía no se detiene.

México nos abre los ojos acerca de la posibilidad de que se produzcan crisis de derechos humanos en democracias violentas. Un escenario menos familiar y cómodo para el ejercicio de presión internacional sobre el tema que el de los gobiernos autoritarios o los conflictos armados reconocidos. Pero también nos abre los ojos acerca de lo difícil que es modificar el camino de la violencia una vez desatada e iniciada una estrategia de  militarización.

¿Por qué aumentaron a partir de 2006 las desapariciones? Porque con la declaración de la “guerra contra el narcotráfico” el gobierno de presidente Felipe Calderón desplegó a las fuerzas armadas para realizar operativos conjuntos en tareas de seguridad pública. Estos operativos se enfocaron en el control de los grupos criminales vinculados con el narcotráfico que, ya para esta época, se habían militarizado y fragmentado por lo cuál las disputas por el control de territorio se hicieron más intensas. La lógica de la guerra legitimó la eliminación de quiénes se consideraba enemigos: “los criminales” y derivó en la militarización de las policías estatales a través de la creación de grupos de élite.

La visibilidad internacional alcanzada por la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa evidenció algunas de las dinámicas de la violencia que culminan con desapariciones. Por ejemplo, la colusión entre miembros de grupos criminales y agentes estatales. Lamentablemente, este drama es el que viven más de 70,000 familias en el país y el que explica que se haya creado en 2017 una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y, un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que involucra a los 32 estados (provincias).

A través del trabajo realizado durante cinco años por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, que es un proyecto colaborativo entre academia y organizaciones de la sociedad civil, nos dedicamos a tratar de entender las lógicas de las desapariciones en una democracia violenta. El análisis siguiente está alimentado por las investigaciones del Observatorio.

La lógica de las desapariciones tiene un rasgo constitutivo: la intención de cortar la comunicación con las víctimas para ocultar su paradero. Esto hace que la información disponible sea fragmentaria, insuficiente y por supuesto sesgada. Por eso nos concentramos en las desapariciones que tuvieron lugar en el noreste del país. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, tres estados fronterizos con Estados Unidos y uno de ellos, Nuevo León, de los más pujantes del país. Estos tres estados estuvieron en el centro de la espiral de violencia entre 2008 y 2012. Hoy, son otros los estados que están en el ojo del huracán: Jalisco y Guanajuato.

¿Quiénes desaparecieron en este contexto? Las víctimas son personas jóvenes, humildes, choferes, amas de casa, con nivel educativo bajo. En su mayoría, no son politizadas o activistas de alguna causa social. Quiénes desaparecen no pertenecen a las élites políticas, económicas o culturales.

La narrativa oficial durante mucho tiempo asimiló a las víctimas de desaparición con la participación en actividades criminales, específicamente vinculadas con los grupos de narcotráfico. El “algo habrán hecho”, que justificó las desapariciones en Argentina durante la última dictadura, aquí se utiliza en otro contexto pero con el mismo sentido. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió esta narrativa. La reemplazó por la de la desigualdad social como causa de la violencia y ha implementado programas sociales de transferencia de ingresos para los jóvenes.

¿Quiénes los desaparecen? Los perpetradores de las desapariciones son varios. Agentes estatales de los tres órdenes de gobierno: policías municipales, policías estatales, y fuerzas armadas y de seguridad federales. Agentes no estatales, privados, presumiblemente vinculados con grupos criminales. En la región que estudiamos en profundidad, el noreste, el 40% de las desapariciones para las que se cuenta con información son cometidas por agentes estatales, es decir, son desapariciones forzadas, y en el 60% los perpetradores son privados o no hay evidencia clara de participación de agentes estatales. En varios casos las desapariciones son el resultado de la colusión entre agentes estatales e integrantes de grupos criminales.

Esta dinámica expresa una violencia multidireccional y multinivel. Multidireccional porque no sólo va del Estado a la personas, sino también desde agentes privados a las personas, y desde grupos en que agentes estatales y privados ejercen violencia conjuntamente hacia las personas. Multinivel, porque los tres niveles del gobierno directa o indirectamente están involucrados. 

Los gobiernos municipales son puntos clave para el control del territorio, y ya sabemos que en muchos casos las policías municipales operaban como brazos de los grupos criminales para garantizarles el “negocio”. Los gobiernos estatales son quiénes están a cargo de la seguridad pública y también hay evidencia de redes de corrupción entre altos funcionarios y grupos criminales. Por su parte, las políticas de seguridad federal de combate al tráfico de drogas y de seguridad pública en el país agregan una capa de complejidad a estas relaciones.

Identificar esta trama nos llevó a reflexionar acerca de la diversidad de regímenes de violencia que utilizan las desapariciones como repertorio. En este caso un régimen en que existe una configuración del poder compleja en que coexisten actores estatales y no estatales realizando tareas legales e ilegales.

La competencia política, inherente a la democracia electoral, no puede desconocerse. Periódicamente las autoridades cambian y los vínculos de colaboración o competencia se recrean.

¿Cómo desaparecen? Las personas desaparecen fundamentalmente transitando por las calles o por rutas federales, es decir en lugares concurridos, y también desaparecen de sus casas y lugares de trabajo.  

En un entorno signado por la violencia, no es de extrañar, que la seguridad, junto con el empleo, sean los problemas prioritarios para la población. Esto genera una paradoja en el marco de la competencia democrática: la satisfacción de las demandas de seguridad de la población eleva el costo de modificar la estrategia de seguridad basada en la militarización. A su vez, esta estrategia detona las violaciones de derechos humanos como las cifras con que abrimos evidencian y colapsa a las dependencias estatales, ya limitadas antes de la crisis, encargadas del acceso a la justicia de las víctimas.

El gobierno del presidente López Obrador, inició su gestión prometiendo “abrazos y no balazos” y creó un nuevo organismo de seguridad: la Guardia Nacional, para retirar gradualmente a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. La guardia nacional está a cargo de un mando militar, aunque formalmente dependa de la Secretaría de Seguridad a cargo de un civil. La violencia que no cesa, aún durante la pandemia, ha puesto en cuestión esta estrategia. El gobierno ante la contundencia de los números planteó una transición del retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública que finaliza en 2024, junto con su mandato, cuando la Guardia Nacional tomaría definitivamente la posta.

Pero el entorno democrático, además de la paradoja del círculo vicioso de la militarización, también genera una paradoja de la participación. Las familias que buscan a sus seres queridos se reunieron y organizaron. Hay más de 60 grupos de familiares que están buscando a sus seres queridos en todo el país. Es una participación surgida desde el dolor, pero que ese caminar les ha otorgado una voz pública y una capacidad de incidencia sobre las autoridades que no tenían antes de esto.

La crisis de derechos humanos en México nos llama la atención acerca de las paradojas de la democracia ante el aumento de la violencia. Puede haber crisis de derechos humanos en democracias violentas y el camino elegido para enfrentar la violencia importa. En México el camino de la militarización trazó la senda de un régimen de violencia signado por las violaciones de derechos humanos. Cuando una década y media después se quiso corregir el rumbo no fue posible y todavía estamos sumidos en debates intensos acerca  del mejor modo de cambiarlo. Pero en México también en los últimos 14 años a los grupos de víctimas de la represión estatal de los 60 y 70 se sumó un movimiento de víctimas diverso que se extendió y organizó, e incluso, no sin desgaste ni tropiezos, pudo incidir en el desarrollo de políticas públicas específicas.

Sin embargo, esto no es suficiente: no sabemos adónde están 73.201 personas, hay más de 3000 fosas clandestinas con restos y miles de cuerpos sin identificar en los servicios forenses. El gran desafío ahora es como construir verdad y justicia en el ojo del huracán.


Sobre la autora: 

Karina Ansolabehere es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de FLACSO-México.



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