Venezuela: las cartas sobre la mesa

Por: Mariano Fraschini

En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como marca el texto constitucional en su artículo 231 para casos excepcionales y no en la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro juró su continuidad presidencial para el sexenio 2019-2025. Con ello, el chavismo irá hacia los 26 años consecutivos de gobierno, todo un hito histórico para las fuerzas progresistas y de izquierda en Sudamérica.  Hay que mirar a Cuba para encontrar un proceso de similares características en cuanto a su perdurabilidad histórica.

La jura de ayer fue, como dijimos, en el TSJ ante el desacato en que se encuentra la AN de mayoría opositora, luego de la incorporación de tres diputados indígenas luego de las polémicas elecciones de 2015 del Estado de Amazonas.  Allí el presidente venezolano invitó a sus adversarios locales y foráneos a “conocer la Venezuela profunda, la de la paz” ante un nutrido conjunto de representantes internacionales que colmaron las instalaciones del TSJ.

Sin embargo, el autodenominado Grupo de Lima, los catorce países de América que se involucraron en la política interior venezolana de facto, desconocen el nuevo mandato del líder chavista y amenazan con un menú de sanciones económicas y políticas (por ahora, no militares) con la finalidad de desaojar a Maduro del Palacio de Miraflores. A pesar del ultimátum lanzado por el primer mandatario venezolano de urgente rectificación de dicho desconocimiento constitucional, este conjunto de países mantiene su posicionamiento contrario a la legitimidad del nuevo mandato. Para ello cuentan con la feroz oposición de EEUU y con el del Secretario General de la OEA, el reciente expulsado de las filas del Frente Amplio uruguayo Luis Almagro.

¿Las decisiones del Grupo de Lima hacia Venezuela constituyen una novedad en la escena internacional? ¿Venezuela vive verdaderamente en una dictadura? ¿Es ilegitimo el gobierno de Maduro? ¿Fueron ilegales las elecciones presidenciales del año pasado? ¿Funcionan las garantías constitucionales en el país? ¿Cómo se arribó a este desenlace? ¿Qué hace la oposición venezolana en este contexto?

Hagamos un poco de historia para situarnos en este presente. Nicolás Maduro triunfó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo del año pasado por 6.190.612, es decir el 67,7% de los sufragios a muy lejana distancia del principal opositor Henry Falcón quien obtuvo 1.917.036 de votos (21%), una performance electoral nunca vista en esta clase de votaciones. Muy atrás quedaron en tercer lugar el evangelista Javier Bertucci con 988.761 votos (10,8%) y más relegado Reinaldo Quijada con 36.246 de voluntades. La participación electoral se encontró cercana a la mitad del padrón (47%), la menor en elecciones presidenciales en décadas.

Si se trató de una elección limpia, atenta a la Constitución bolivariana ¿qué denuncian el Grupo de Lima y la oposición internacional? Que dichas elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que a decir de este conjunto de países es un organismo no reconocido constitucionalmente e incompetente en estos temas. Sin embargo, la ANC, convocada por Maduro en sus potestades constitucionales (artículo 347) y parida el 30 de julio de 2017 con el apoyo de más de ocho millones de venezolanos y venezolanas, acredita entre sus potestades el de convocar a elecciones presidenciales. En la misma línea acusatoria, el antichavismo internacional denuncia que dichas elecciones no contaron con la participación de la oposición (“en teoría”) más taquillera. La Mesa de Unidad democrática (MUD), a pesar que durante años exigió comicios presidenciales anticipados, desistió de participar en dicha compulsa por temor al “fraude” oficial. Luego de las derrotas contundentes en las elecciones de gobernadores de octubre y de alcaldes de diciembre de 2017, la MUD no aceptó el triunfo chavista, y en consecuencia, decidió no “legitimar” las elecciones presidenciales de mayo del año pasado.  Su campaña de llamado a la “abstención” no evitó que más de 10 millones de venezolanos y venezolanas participaran de la votación que ungió a Maduro.



Entonces, si se trató de una estrategia política opositora de deslegitimación y los resultados están a la vista, ¿por qué el nuevo mandato de Maduro resulta ilegítimo para estos sectores? Porque la “importante” abstención de la principal fuerza opositora estaría demostrando la ilegitimidad de origen del presidente chavista. Una mirada veloz sobre la cartografía electoral en la región, muestra que tanto los primeros mandatarios chileno y colombiano (sólo por mencionar a dos) también ganaron elecciones con una participación electoral de menos de la mitad del padrón. También se aduce que las elecciones de mayo de 2018 carecieron de legitimidad ya que algunos líderes opositores se encontraban en prisión o en el exilio. Otra rauda observación de las votaciones en Sudamérica evidencia que dicha situación se va tornando más que “común” en varias elecciones del continente.  ¿Es muy distinto lo que ocurre hoy en Venezuela de la media sudamericana? ¿Por qué entonces las credenciales democráticas se alzan contra el país más al norte de nuestro sur?

Las supuestas violaciones a los derechos humanos con las que acusan al gobierno de Maduro, otro de los elementos acusatorios del GRUPO de Lima, condenables en todo tiempo y espacio, resulta un agravio que si no fuera por su gravedad sería tragicómico cuando provienen de países como EEUU, Colombia o de Honduras por señalar al menos tres de los que durante el año anterior han sido acusados de tolerar matanzas, asesinatos de dirigentes sociales y  periodistas. ¿La crisis económica del país amerita la “intervención humanitaria”? ¿Son tan diferentes las angustias y padecimientos de buena parte de millones de personas que integran el continente sudamericano? Es más que evidente que Venezuela viene pasando por situaciones de crisis económica que involucra cuestiones de sanitarias, de migración y pobreza, ¿pero son muy distintas de las que habitan en Perú, Colombia o Paraguay? Volvemos a la pregunta de mayor sentido común: ¿Por qué sólo con Venezuela?

A pesar de la campaña internacional en contra del país, a Venezuela asistieron representantes de países latinoamericanos (Nicaragua, Bolivia, Cuba, México, El Salvador y Uruguay), de Asia (en espacial China y Rusia),  Turquía, de África, del Vaticano, de Naciones Unidas, de la FAO, y de un conjunto de movimientos sociales que apoyan a la Revolución Bolivariana. La OEA, sin unanimidad sino por mayoría,  aprobó una resolución que declara ilegítimo al nuevo gobierno. Se suma al Grupo Lima y a la presión estadounidense que ya lleva más de veinte años jaqueando económica, política y socialmente a Venezuela.  La Argentina macrista, emulando al Menem crítico feroz de Cuba en los noventa, intenta convertirse en adalid de la causa democrática y de defensa a los derechos humanos cuando las credenciales en su propio país son, para ser cuidadosos, más que objetables.

Comienza el nuevo mandato de Maduro en Venezuela. El desconocimiento del Grupo de Lima, de una buena parte de los países europeos y de EEUU no hace más que profundizar la línea ya trazada por este último (y seguida sin discusión por los países de la región) de acoso permanente y guerra solapada al chavismo. Hasta hoy sólo Paraguay rompió relaciones con Caracas, aunque se espera que la lista se amplíe. En ese marco, la asunción de Maduro será otro hito en el asedio que viene sufriendo Venezuela desde EEUU y a las que en este contexto se suman los nuevos gobiernos neoliberales de la región. La oposición dentro de Venezuela aparece como desarticulada, dividida y a la espera de sanciones (o intervenciones) del exterior. Hoy es el frente externo y no el interno, como hace años no sucedía en el país, el que emerge como la amenaza más fuerte para el gobierno de Maduro. Sin embargo, la posición de China y Rusia en relación a Venezuela provee un equilibrio a nivel geopolítico internacional que modera el peso en contra del país proveniente del continente americano.  

Como se ha observado a lo largo de la nota, las acusaciones que pesan sobre la legitimidad de la asunción del líder chavista carecen de peso si se las compara con situaciones similares por las que hoy transitan la mayoría de los países latinoamericanos. Con las mismos argumentos esgrimidos por el Grupo de Lima, las credenciales democráticas de muchos países de la región estarían, por lo pronto, sujetas a revisión. Las democracias de baja institucionalización sudamericanas, a las que nos hemos referido en otras columnas, funcionan con dinámicas muy diferentes a las del primer mundo. Y esto vale no sólo para Venezuela.

A diferencia del resto de los países de la región, Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, se encuentra entre los diez (hasta hace 10 años entre los cinco) exportadores de crudo del mundo y es el primero en Sudamérica. ¿Tendrán algo que ver estos datos en todo este proceso de deslegitimación del presidente venezolano? ¿Existirá alguna correlación entre esta ubicación geopolítica venezolana y el interés norteamericano en su política interna? ¿Existe una ecuación positiva entre los intereses del país más importante del mundo y el seguidismo de los países latinoamericanos? Preguntas que, tal vez, hoy no tengan respuestas y queden sepultadas en los gritos acusadores de ausencia de democracia en Venezuela.

El lápiz verde