Uruguay: ¿de qué se trata la ley que beneficiaría a militares?

Desde Cabildo Abierto pretenden reinstalar la “ley de caducidad”. Todo lo que hay que saber:


Esta semana los senadores uruguayos de Cabildo Abierto - un partido de derecha que forma parte de la coalición de Gobierno – liderado por el excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos; junto a Guilermo Domenech y Raúl Lozano, presentaron un proyecto de ley que busca derogar la norma interpretativa de la ley de caducidad de 2011. Esto generó una fuerte polémica ¿De qué se trata esta iniciativa y qué consecuencias tendría en las causas que investigan delitos cometidos durante la última dictadura (1973-1985)?


¿Qué es la "ley de caducidad"?

La ley N° 15.848 sancionada en Uruguay en 1986 consta de 16 artículos y dispone en su artículo 1 que “como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.

Se trata de una ley de amnistía para militares que establece la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por lo cual también fue calificada como “ley de la impunidad”. A partir de la promulgación de esta norma los militares que actuaron en la dictadura quedaron exentos de ser juzgados. Esta ley fue la que impidió que durante 25 años se persiguiera y juzgara a los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que tuvieron lugar en el país entre 1973 y 1985.

La “ley de caducidad” es equivalente a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas en Argentina en 1985, en un contexto similar: la transición hacia la democracia. En Argentina, el 2 de septiembre de 2003, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las mismas. Momento en el cual se iniciaron miles de causas por delitos cometidos en la dictadura cívico-militar. Pero ¿qué sucedió con esa ley en Uruguay?


Plebiscitos para su revocación

La “ley de caducidad” desde su sanción fue rechazada por parte de la sociedad y del arco político. El 16 de abril de 1989 se llevó a cabo el primer referéndum para su revocación. El voto a favor de la ley obtuvo el 57% contra el 43% que promovía su rechazo. La “ley de caducidad” se mantuvo vigente.

Diez años después, el 25 de octubre de 2009, se sometió una vez más a un referéndum a la “ley de caducidad”. Se había propuesto una reforma constitucional que impactaría sobre esta norma. Sin embargo, volvió a rechazarse la reforma y así la posibilidad de juzgar los hechos que tuvieron lugar entre 1973 y 1985, que apuntaban contra militares y funcionarios policiales.


La “ley de caducidad” y la Suprema Corte de Justicia

La primera vez que la Suprema Corte de Justicia uruguaya falló sobre la ley 15.848 fue en 1988. En esa oportunidad, en un fallo dividido, se pronunció a favor de la constitucionalidad de la norma. Luego, en 2009 cambió su posición y en el marco de la causa que investigaba el asesinato de Nibia Sabalsagaray declaró por unanimidad su inconstitucionalidad. A partir de este caso, el máximo tribunal volvió a fallar en igual sentido en otros procesos, ya que al igual que sucede en Argentina la declaración de inconstitucionalidad solo impacta en el caso sobre el que intervino, no se extiende a otros de similares características.


Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En 2011 Uruguay recibió un fallo condenatorio de la Corte interamericana de Derechos Humanos en el marco de la causa “Gelman Vs. Uruguay”. En la resolución la Corte instó al Gobierno uruguayo a garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado “no represente un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos (desaparición forzada de persona) y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos”.

Durante los últimos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un comunicado vía redes sociales en el que manifestó su “preocupación” por el proyecto de ley presentado desde Cabildo Abierto que “propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los Derechos Humanos” y destacó que “de ser aprobada podría representar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para esos efectos”.


La “Ley interpretativa” de 2011

El Parlamento uruguayo, por impulso del Frente Amplio, aprobó en mayo de 2011 la ley N° 18.831 interpretativa de la de caducidad, que anuló los efectos jurídicos de esta última. Luego de un fuerte debate el Senado le dio luz verde en una ajustada votación: 16 a favor y 15 en contra.

El 11 de noviembre de ese año fue promulgada. En su artículo 1 estableció que se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985. Esto significa que derogó el artículo 1 de la ley de caducidad que ponía un freno al Estado para perseguir los delitos cometidos durante la dictadura.

Además, por esta norma que solo tiene tres artículos se dispuso la imprescriptibilidad de los delitos referidos y se declararon a tales hechos como delitos de lesa humanidad. Esta es la ley contra la que apunta ahora el partido Cabildo Abierto.


Proyecto de ley de Cabildo Abierto

En la exposición de motivos del proyecto los legisladores de Cabildo Abierto apelan a conceptos como la “pacificación definitiva” y recurren, como ha sucedido también en Argentina, a la teoría de los dos demonios al sostener: “No puede existir una tesitura de penalidad infinita en base a un relato que no se condice con la realidad ni se ajusta a la clara existencia de los hechos, al hablar solamente del terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de los desbordes violentos del movimiento guerrillero”.

También refieren a los dos plebiscitos que superó la “ley de caducidad” y argumentan que el derecho penal “ya cumplió su función retributiva, de prevención general y especial y restauradora de la convivencia social”.

En cuanto al proyecto de ley la clave está en el artículo 4 que dispone la derogación de la ley 18.831 (la conocida como ley interpretativa) y, en consecuencia, una vez más se impondría la prohibición de avanzar en las causas de la que resulten responsables militares por delitos de lesa humanidad.


Repercusiones

Ante la noticia del proyecto de Manini Ríos las respuestas no se hicieron esperar. Desde la oposición, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, aseguró que la idea es “reinstalar la impunidad en el Uruguay, cosa que obviamente el Frente Amplio condena y no acompaña de ninguna manera. Nos vamos a oponer férreamente a este planteamiento, a este ataque permanente y regular de Cabildo Abierto al sistema de justicia”. “Creemos que es un ataque al sistema de la República”, enfatizó.

Por otro lado, especialistas en derechos humanos y constitucionalistas advirtieron, tal como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, de aprobarse la propuesta de Cabildo Abierto Uruguay “desacataría” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman.


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