Una ley nacional laboral de Cupo para personas travestis-trans

OPINION. Solamente el 18% tiene trabajos formales, en la mayoría de sus vidas fueron expulsadas de sus hogares, no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela ni al colegio. Por eso el derecho a elegir su destino y tener un trabajo es la deuda que tiene todas la sociedad y especialmente el Estado.


El cupo laboral travesti trans fue una idea de nuestra compañera travesti Diana Sacayán, titular de la organización Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) como una herramienta para enfrentar la exclusión laboral de las personas travestis trans. La realidad es que el 95 % están o estuvieron en situación de prostitución. La ley 14783 se aprobó en la Legislatura de la  provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2015. Un mes después Diana fue asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo de los jueces a sus asesinos reconocieron por primera vez en Argentina la figura del travesticidio. La ex Gobernadora María Eugenia Vidal tuvo cajoneada la ley durante 4 años y la promulgó días antes de su salida del gobierno. Diana Sacayán llevaba esos 4 años de ser asesinada.


Ahora, en plena pandemia, las medidas para impedir la propagación del Covid-19 expusieron todavía más los enormes problemas de las personas travestis trans para subsistir. Alimentarse, pagar las pensiones y hoteles, poder ser atendidas en un sistema de salud son las exigencias diarias.


Solamente el 18% tiene trabajos formales, en la mayoría de sus vidas fueron expulsadas de sus hogares, no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela ni al colegio. La prostitución fue el camino obligado para casi todes. Por eso el derecho a elegir su destino y tener un trabajo es la deuda que tiene todas la sociedad y especialmente el Estado.


Actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación se presentaron 11 proyectos referidos al acceso al trabajo para personas travestis trans. Todos coinciden en la necesidad de un cupo que tiene diferentes porcentajes para el ámbito público, las empresas que tienen acciones del Estado, universidades, otros incluyen a empresas privadas y otros tienen temas ya reglamentados y aspectos casi oceánicos.


Lo cierto es que recién empezaron las Comisiones de las Mujeres y Diversidad y la de Legislación del Trabajo con las primeras convocatorias informativas donde diferentes representantes de la militancia LGBTTIQ+ se pronunciaron a favor de los proyectos.


Actualmente, la ley de cupo, además de la provincia de Buenos Aires, fueron aprobadas y reglamentadas en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Chaco y Río Negro. Algunas en toda la provincia y otras sólo para las capitales. El 5 de agosto pasado, el Banco Nación Argentina firmó un convenio de cupo del 1% con la Asociación Bancaria, el primer gremio que inicia este camino hacia la igualdad. Unos días antes, el 24 de julio se firmó un convenio de acceso a un seguro de caución destinado a garantizar el alquiler de viviendas, entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, la Fundación del Banco Provincia y Provincia Seguros.


Falta entonces una ley nacional, que sea el Estado que de alguna manera repare esta deuda histórica de siglos de discriminación y violencia, de vidas miserables, inhumanas, de muertes tempranas y de sueños destruidos. Las diputadas y los diputados tienen la obligación urgente de escribir artículo por artículo cada una de las garantías para que nuestras compañeras y nuestros compañeros puedan trabajar, como yo y como vos que estás leyendo esta nota.


Sobre el autor: César Cigliutti es presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

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