¿Un voto sesgado?

Contraria a su tradición diplomática no intervencionista, la Argentina votó a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra Venezuela impulsada por el Grupo de Lima.

El autor es Integrante del Grupo Amauta. 


En el marco de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado martes, la Argentina acompañó la resolución que condena las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y que, a su vez, extiende el mandato de la misión de expertos de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, en un comunicado oficial, la cancillería argentina también rechazó las intervenciones militares externas y los bloqueos, buscando promover una salida democrática con las instituciones venezolanas.

Luego de las declaraciones -fuertemente criticadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos- del representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, quedaron al descubierto ciertas tensiones dentro del gobierno argentino en su posición frente a la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, apoyando finalmente la resolución promovida por el Grupo de Lima y respaldando el trabajo realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Raimundi había declarado el pasado martes en el Consejo Permanente de la OEA: “Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo, por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”, concluyendo que: “hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que generaron serias cuestiones de violación a los derechos humanos”.

En otra línea diferente a estas declaraciones, el embajador argentino ante organismos internacionales, Federico Villegas, fundamentó el voto argentino de este martes: “La Argentina está preocupada por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela agravada por la situación de sanciones económicas. Los derechos de todos los venezolanos deben prevalecer”. Y a su vez remarcó que “Para mejorar la situación de los derechos humanos en un país es necesario el diálogo y la cooperación de las autoridades. Si no se cuenta con la cooperación de los países en este tipo de declaraciones resulta problemático y no ayuda al cumplimiento de los Estados al cumplimiento de los derechos humanos”.

El voto argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya había sido anticipado en un comunicado de prensa de la cancillería argentina, el cual comienza: “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, afirmando que “nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”.

¿Por qué se habla de “tradición no intervencionista” o de “no injerencia en los asuntos internos” de la Argentina?

Un antecedente fundamental en este sentido, es la Doctrina Drago. Para el año 1902 Venezuela atravesaba una seria convulsión política, agravada por una situación financiera que la había obligado a suspender el servicio de la deuda pública, de cuyos bonos eran en parte tenedores de nacionalidad alemana, británica e italiana. Ante esta situación, Venezuela soportó una actitud brutal de bloqueo naval avalada por la inercia cómplice de los Estados Unidos, país que replicó que no apoyaría a un Estado americano que sufriese ataques bélicos como respuesta a la negativa de pagar sus deudas, alegando que la Doctrina Monroe solo se aplicaría cuando dicho país sufriese ataques de potencias europeas motivadas por la intención de recuperar territorios americanos y colonizarlos.

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Luis María Drago, objetaba el cobro militar de los empréstitos públicos, consideraba la emisión de títulos de deuda pública un acto de soberanía y estimaba aplicable la Doctrina Monroe al caso venezolano. En diciembre de 1902 remitió la célebre nota al embajador argentino en Washington, en la que fijaba la posición argentina: “no puede haber expansión territorial europea en América ni opresión de los pueblos de este continente porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a algunos de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos”, sirviendo de complemento a la Doctrina Monroe. A su vez, pretendía el reconocimiento por parte de EEUU del principio “de que la deuda pública no puede dar lugar a intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”.



En otro contexto -y con diferentes matices y motivos de fondo-, la historia se repite. Nuevamente un bloqueo. Nuevamente intenciones de intervención extranjera en un país de América Latina. Casi ciento veinte años después, Venezuela se encuentra asediada, sancionada y presionada económicamente por los Estados Unidos desde el año 2015, con una oposición violenta, cipaya y ultraderechista que hasta llegó a designar un gobierno paralelo (“provisional”) al servicio del Departamento de Estado, con un feroz bloqueo financiero, amenazada militarmente por los Estados Unidos, país que puso en marcha un criminal modelo de guerra no convencional, que, sumado a fallas y errores en la planificación y manejo de recursos, llevó a Venezuela a tener una economía con parámetros de desastre.

En esta ocasión, la respuesta argentina fue diferente. Si bien el bloqueo es condenado en el comunicado de la cancillería argentina: “deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra”, no termina siendo repudiado y condenado votando a favor de la resolución impulsada por el Grupo de Lima, que, siguiendo a Atilio Borón “aporta la cobertura diplomática para el intervencionismo norteamericano y el violento “cambio de régimen” que ha diseñado Washington”. Bien pudo la Argentina haberse abstenido en Ginebra, siguiendo la línea de México, el único gobierno de la región con el cual Alberto Fernández pudo sostener un diálogo constructivo desde el punto de vista geopolítico. Pero desgraciadamente no lo hizo. Así, se une con su voto a países como Brasil, Colombia, Chile y Perú, todos pertenecientes al Grupo de Lima, grupo eminentemente destituyente. Grupo que, en palabras de la excanciller argentina en Venezuela, Alicia Castro, fue “creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos con dos objetivos explícitos: Promover un “Cambio de Régimen” en Venezuela -con idéntica matriz de los operados por EE. UU. en Oriente Medio- y desarticular el bloque regional.”

Algunas visiones que avalan la posición del gobierno argentino respecto a la posición tomada alegan que este claro acercamiento a los Estados Unidos es favorable en el marco de una futura renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional -en cuyo directorio los Estados Unidos juegan un papel decisivo-, y también en un contexto interno de crisis de gobernanza y de crisis económica (agravada por la pandemia).

Cabe destacar que la Argentina se abstuvo de votar en otra de las resoluciones presentadas, la impulsada por Irán, Siria, Turquía y la propia Venezuela, que también fue aprobada este martes por 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones. Esta resolución establece la “importancia del diálogo constructivo y la cooperación con el Estado que se trate, a fin de reforzar su capacidad de cumplir las obligaciones que le incumben en materia de derechos humanos”, así como también expresa la preocupación por “el efecto perjudicial de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela”, las cuales “han agravado aún más los efectos de la crisis económica y, por ende, la situación humanitaria del pueblo venezolano”. La resolución pone énfasis en lo que denomina "su profunda convicción de que el logro de una solución pacífica, democrática y constitucional a la situación actual de Venezuela incumbe al pueblo venezolano, sin ninguna injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros". Algo que la resolución impulsada por el Grupo de Lima no tiene en cuenta, y que, si bien la Argentina condena en comunicados y declaraciones, no acompaña en los hechos absteniéndose en el voto de dicha resolución.

De igual forma, en esta resolución que busca fortalecer la cooperación y la asistencia técnica en materia de derechos humanos en Venezuela, se reafirma que la solución requiere de "un marco de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y procesos electorales libres, limpios y transparentes". También celebra el establecimiento de una presencia permanente de la Oficina del Alto Comisionado en Caracas, incluido “el acceso ilimitado concedido por el Gobierno a todas las regiones y centros de detención, y el fortalecimiento del sistema judicial y los mecanismos institucionales para la protección de los derechos humanos", a la vez que insta a la preservación "del espacio democrático y cívico del país, respetando, protegiendo y haciendo efectivos los derechos civiles y políticos, incluidas las libertades de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación".

Siguiendo la línea de algunos sectores que conforman el Frente del gobierno argentino, se considera repudiable la decisión de votar junto al Grupo de Lima con países como Brasil, Chile y Colombia, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. La Argentina no puede alinearse con gobiernos que reprimen a sus pueblos y que violen en su interior los derechos humanos. Como se menciona anteriormente, podría haber optado por abstenerse en caso de que no quisiera comprometerse con la resolución, como fue el caso del gobierno mexicano de López Obrador, y haber votado a favor de la otra de las resoluciones propuestas, en la cual también se condena la violación a los derechos humanos y se insta al gobierno venezolano a cooperar y dialogar con el organismo, dándole presencia permanente a la Oficina del Alto Comisionado en Caracas. En cambio, siguiendo a la excanciller Alicia Castro, que acaba de renunciar como embajadora argentina en Rusia producto de este acontecimiento, la Argentina “votó con los países europeos que reconocen al autoproclamado Guaidó como presidente sin un voto, modalidad que pone en riesgo a las democracias de América Latina. Votó junto al Reino Unido, cuando Venezuela ha sido aliada constante y ejemplar de la República Argentina en nuestra lucha por la soberanía en Malvinas. Votó junto al grupo de países latinoamericanos que han seguido a pie juntillas las instrucciones de los Estados Unidos de demoler a Venezuela. Argentina votó con Bolsonaro, con Piñera, con la golpista Añez, con Lenin Moreno y los habilitó como voceros de los Derechos Humanos”.


Sobre el autor: Estudiante avanzado en la Lic. en Relaciones Internacionales.

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