Trump, el juicio político y la seguridad nacional

Por: Valeria L. Carbone


No podemos negar que Donald J. Trump es un presidente increíblemente controvertido y “poco convencional". Sin embargo, eso no lo convierte exactamente en una anomalía en la historia de Estados Unidos. Los actos por los cuales está siendo sometido a juicio político por estos días no son diferentes de los realizados por otros que han ocupado el Poder Ejecutivo en el pasado. Algunos, incluso, han hecho cosas como apelar a flagrantes mentiras e ignorar al Congreso de Estados Unidos y a organismos internacionales para iniciar interminables conflictos bélicos a gran escala o cometer violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, por los que nunca siquiera temieron ser investigados. El caso más reciente es el expresidente republicano George W. Bush, quien, claro, lo hizo en aras de la “seguridad nacional”.

La intención de destituir a Trump va más allá de los actos por los cuales es juzgado en la cámara alta. Antes de que fuese investido como presidente de Estados Unidos de América, ya se hablaba de invocar la enmienda 25 para removerlo de un cargo que aún no había asumido. Esta enmienda, aprobada por el Congreso tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, no sólo define el procedimiento para una eventual sucesión presidencial, sino que además establece que el vicepresidente y la mayoría de los miembros del Gabinete pueden declarar que el presidente no es capaz de “desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo”, lo que puede llevar a su destitución por su número dos. 

Luego, vino el RussiaGate -la investigación del fiscal Robert Muller por la relación entre la campaña de Trump y la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2015- y la desazón de un informe que, si bien no lo exoneraba, tampoco lo inculpaba lo suficiente como para iniciar un proceso de juicio político. 

Hoy por hoy, Trump es sometido a juicio político en el Senado bajo dos acusaciones puntuales: 1. Incitar al gobierno ucraniano a investigar el rol de la familia Biden por presunta corrupción en ese país, una denuncia que ulteriormente lo “ayudara a ser reelecto”. Trump habría solicitado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciar publicamente que investigaría a Hunter Biden -el hijo del ex vicepresidente y actual precandidato presidencial opositor- por su rol no solo en Burisma Holdings (una multinacional de exploración y explotación de gas natural con sede en Kiev), sino también en la crisis política que terminó con la destitución del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, por "abandono de funciones" en febrero de 2014. El hecho obligó a la administración Obama a buscar fortalecer lazos con el nuevo gobierno ucraniano, por lo que envió a Joe Biden como emisario oficial. El papel de Biden Jr. en el asunto suscitó “preocupación” y sospechas de corrupción y tráfico de influencias, sobre todo cuando se dio a conocer que Burisma Holdings realizó una extracción de gas natural en Crimea, la península ucraniana anexada por Rusia un mes después de que Yanukovich fuese expulsado del poder. 

A pesar de que las autoridades en Kiev afirmaron que no había evidencia de ello, Trump pretendía reflotar ciertas teorías que durante casi dos años circularon en medios estadounidenses de derecha. Según estas  teorías, el por entonces vicepresidente Biden había “abusado de su poder” para proteger a su hijo de una investigación al alentar el despido del principal fiscal de Ucrania en 2015. Incluso había amenazado con retener un préstamo. Irónicamente, el actual presidente de Estados Unidos habría incurrido en el mismo tipo de “abuso de poder” al retener asistencia militar a Ucrania por $391 millones de dólares. Para la oposición demócrata, esto convirtió a Trump en “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos si permanece en el cargo”.

 2. Ante el proceso iniciado por la Cámara de Representantes para investigar el cargo de abuso de poder, la Casa Blanca prohibió expresamente que personal en actividad o ex funcionarios testificaran en las audiencias de la cámara baja, incurriendo en “obstrucción de la investigación del Congreso”.

Ahora bien, a pesar de lo que dicen las encuestas de opinión, lo cierto es que el proceso no es acompañado por la ciudadanía. En primer lugar, los índices de aprobación de gestión del presidente continúan en ascenso. En segundo lugar, no se ven manifestaciones en las calles, ya sean a favor o en contra o para reclamar un “juicio justo e imparcial”. Los estadounidenses parecen tener una curiosa confianza en el mismo sistema que determina las reglas del juego y luego es puesto en entredicho por el propio sistema. Esa excesiva fe en la “autocorrección” del sistema institucional considera que el mismo Congreso que viene haciéndole el juego a Trump podrá encauzar la crisis política que implica un juicio político, a pesar de que el mismo Mitch McConnell – líder y portavoz de la mayoría republicana en el Senado – dijo expresamente: “No soy un jurado imparcial. Este es un proceso político. No hay nada judicial al respecto”.

No hay dudas de que Trump merece ser sometido a un juicio político y destituido de su cargo. La pregunta que se plantea es si lo es por las razones esgrimidas en los artículos presentados por la Cámara de Representantes ante el Senado. La primera - de mayoría demócrata -acusa, y el segundo - de mayoría republicana - decide la destitución. En la revista Counterpounch, Joe Street ha planteado que “la determinación de los demócratas del Congreso de destituir a Trump solo o principalmente por los estrechos motivos de intentar usar la influencia imperial de la Casa Blanca para forzar a Ucrania a ayudarlo en su reelección equivale a exonerarlo de sus muchos otros crímenes más importantes”. En este sentido, Truthdig ha publicado numerosos artículos sobre los delitos cometidos por el presidente estadounidense durante su gestión, que representan motivos suficientes para un juicio político. Por ejemplo: violación de las cláusulas de emolumentos de la Constitución que expresamente prohíben “la recepción de pagos y regalos de fuentes no autorizadas”, violación de normas constitucionales sobre conflicto de intereses en Estados Unidos y en el extranjero, incitación a la violencia, interferencia con el ejercicio de derechos electorales, discriminación por motivos religiosos, amenaza ilegal de guerra nuclear, abuso de la prerrogativa del indulto presidencial, obstrucción de la justicia, desidia ejecutiva ante emergencias nacionales como las ocasionadas por los huracanes Harvey y María, separación de menores de sus familias, tergiversación de información pública, atentados contra la libertad de prensa, apoyar un golpe de estado en el extranjero (Venezuela), declaración de una crisis en la frontera sur que condujo al ilegal desvío de fondos públicos, instruir a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que actúen en violación de leyes y normativas relacionadas con inmigración y derechos humanos, negativa a cumplir citaciones del Congreso de Estados Unidos, proliferación ilegal de tecnología nuclear; violación y falta de cumplimiento de acuerdos internacionales, y retirar ilegalmente a Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio firmado con Rusia. 

Como plantea Street, descartar estos actos implica tanto una exoneración como la implícita aceptación de que son acciones aceptables para el Poder Ejecutivo. Asimismo, sugiere que el problema de fondo no es el “abuso de poder”, sino contra quien es ejercido. En este caso, otro miembro del establishment con chances de ganar las elecciones y abusar de esos mismos poderes en el futuro. 

Adicionalmente, el hecho de no adjudicar a los hechos mencionados la etiqueta de “causal de impeachment” abrió la puerta para que la defensa del presidente estadounidense apelara a la fórmula “en defensa del interés nacional” para justificar sus acciones. Alan Dershowitz, abogado especialista en derecho constitucional y miembro del equipo legal de Trump, afirmó en una de las sesiones del Senado que “si un presidente hace algo que cree lo ayudará a ser elegido como un acto en aras del interés público, ese no puede ser el tipo de quid pro quo que resulta en un juicio político”. Es decir, a esta altura del juicio político ya ni siquiera se niegan los hechos, sino su intencionalidad, y parece que, una vez más y bajo la fórmula de la “defensa del interés nacional”, todo pasa y todo queda. 

Seguramente, en algún lugar, Richard Nixon está pensando: “¿Cómo no se me ocurrió antes?”. 


El lápiz verde