Transición: ¿Cómo deja al Estado Mauricio Macri?

Desde su asunción en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos manifestó tener como uno de sus ejes de gestión un supuesto plan de modernización del Estado.

Promulgado oficialmente a través del Decreto 434/2016, el Plan de Modernización apuntó a dos ejes principales: bajar el costo de la Administración Pública Nacional sobre el producto y “transparentar y jerarquizar” el ingreso y la permanencia en el empleo público.

Sin embargo, ¿Logró Cambiemos modernizar la estructura de la Administración Pública Nacional? ¿Cuál es el estado real de la estructura administrativa nacional que reciben Alberto Fernández y sus ministros?

En noviembre pasado, a través de un informe, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) dio cuenta de la evolución fiscal y el desarrollo de los recursos humanos de la estructura estatal durante los años de Cambiemos.

El costado fiscal

El informe “GPS del Estado. Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015-2019” revela que a pesar de bajar el peso relativo del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) sobre el PBI del 24% (2015) al 21% (2019), el déficit fiscal se profundizó y pasó de -3,7% en 2015 a -5,6% en 2018, y posiblemente el 2019 cierre en torno a -4%.

En cuanto a la performance fiscal del Estado bajo la gestión de Macri se distinguen dos períodos bien diferenciados:

Desde diciembre de 2015 a marzo de 2018 el plan de modernización se caracterizó por un reordenamiento gradual de las erogaciones, la caída de los ingresos y un crecimiento sostenido y acelerado de la deuda pública para financiar el déficit fiscal.

Mientras que en la segunda etapa, tras el préstamo stand-by del FMI, Cambiemos aceleró fuertemente el recorte del gasto público en la APN como condición para acceder a ese financiamiento.

La evolución de la estructura administrativa

En el primer año de gobierno, Cambiemos aumentó fuertemente la estructura en los diversos niveles de la APN: llevó los ministerios de 18 a 23, las secretarías de 69 a 85, las subsecretarías de 165 a 204, las direcciones nacionales de 290 a 398 y las direcciones generales de 127 a 144.

Como especifica el CIPPEC, durante el 2017 se mantuvo la tendencia incremental y el Gabinete nacional alcanzó el tamaño máximo desde la vuelta de la democracia.

Ya en 2018, tras el acuerdo con el FMI, la tendencia se revirtió y Mauricio Macri eliminó 10 ministerios nacionales en una medida motivada por las condiciones de austeridad que exigió el organismo de crédito internacional para con Argentina.

Por lo tanto la evolución de los ministerios fue la siguiente: de 18 a fines de 2015, a su pico máximo de 23 a fines de 2016 y finalmente a 13 en el año 2019. Entre 2015 y 2017 la estructura organizacional de la APN central creció un 32%, para luego volver a reducirse un 22% entre 2017 y 2019.

Pese a los vaivenes, entre 2015 y 2019, la estructura total de la APN aumentó un 3%. De los 669 ministerios, secretarías de gobierno, secretarías, subsecretarías, y direcciones nacionales en 2015 se pasó a 854 en 2016; 880 en 2017; 694, en 2018 y 691, en 2019.

Respecto de la calidad y la estabilidad de los ingresos la gestión de Cambiemos no cambió la dinámica que ya mostraba el Estado en 2015. Según los especialistas de CIPPEC el segmento directivo del Estado “no mostró criterios de ingreso meritocráticos, a la vez que tuvo altos niveles de rotación y baja permanencia en el cargo".

En este sentido, más del 40% de los funcionarios técnicos duraron solo dos años en sus puestos; y por el lado de la estabilidad laboral de los cargos directivos, en diciembre de 2015 el 87% de los directores nacionales y generales estaban designados transitoriamente, mientras que en septiembre de 2019 la proporción aumentó a 91%.

Los directores exceptuados de requisitos profesionales o presupuestarios pasaron de representar un 84% en diciembre de 2015 a 77% en septiembre de 2019.

“De esta manera el ingreso a la gran mayoría de cargos con incidencia crítica en el desarrollo de las políticas públicas en la APN central continúa basándose en decisiones de carácter discrecional y de competencias políticas que prioriza la confianza partidaria”, señalaron desde la organización.