Toda crisis es oportunidad

OPINIÓN. El desafío de construir una agenda para la democratización de las fuerzas de seguridad.


En los últimos días, una serie de protestas policiales generó preocupación no sólo en el amplio arco político y de gobierno, sino también en diversos sectores de la sociedad civil que, una vez más vieron asomar el fantasma de la desestabilización en las formas elegidas por las fuerzas de seguridad para canalizar sus reclamos. Este conflicto no es nuevo, cíclicamente se repite y explota en algún punto del país. Las respuestas, por su parte, suelen estar orientadas a lo urgente, pero no terminan de resolver lo importante para evitar episodios similares a futuro.  En esta nota nos proponemos abordar el conflicto desde lo que falta, desde lo importante, eso que no se termina de poner en el centro de la discusión: la necesidad de construir una agenda pública para la democratización de las fuerzas seguridad.

En el año 2012, con Sergio Berni como Secretario de Seguridad de la Nación, el personal de Gendarmería y Prefectura realizó protestas en las distintas sedes de las fuerzas federales por la implementación de importantes reducciones salariales, producto de un nuevo régimen de liquidación de sueldos. A este hecho se le sumaron las condiciones de trabajo en las que se debía desempeñar el personal. El conflicto finalizó con cambios en las cúpulas de mando y el pase a disponibilidad de varios gendarmes.

En igual sentido, a fines de 2013 se desataron varios conflictos policiales motivados por reclamos salariales y de condiciones de trabajo, que si bien comenzaron en la provincia de Córdoba, luego se extendieron a casi todo el país. En este caso, las protestas iniciadas por familiares de policías, se extendieron al personal y se agravaron con la toma de comisarías, abandono del servicio, liberación de zonas e incentivo al accionar de bandas delictivas que produjeron múltiples saqueos y la muerte de varias personas. En estos casos si bien se accedió a la mejora salarial, en varias de las provincias se condenó al personal que tuvo participación en los hechos.

La semana pasada el reclamo fue protagonizado por efectivos de la provincia de Buenos Aires. Tuvo algunas características parecidas en cuanto al contenido de los reclamos anteriores, pero en cuanto a su forma se le agregó un peligroso componente cercano a la sedición: la presencia de efectivos armados, en sus patrulleros, rodeando la residencia del Gobernador de la Provincia y al día siguiente, apostándose en la Quinta presidencial de Olivos. En tal sentido, es claro el carácter intimidatorio y desestabilizante de la medida adoptada por la Bonaerense.

El conflicto fue solucionado con el otorgamiento de un aumento salarial y mejora en las condiciones laborales, a través de una medida conjunta entre los gobiernos nacional y provincial. Así, una vez más se puso foco en lo urgente (y necesario, pues nadie desconoce la precarización laboral del personal policial), dejando de lado lo importante. De los 14 puntos establecidos en el petitorio elaborado por la Policía, los primeros 6 giraron entorno a las condiciones salariales, de trabajo y a la abstención de sanciones hacia les participantes de la protesta. Éstos fueron puestos a consideración en el marco de la negociación.  Sin embargo, entre los puntos siguientes figuran varios reclamos que no tuvieron eco mediático en el proceso de negociación. Entre ellos, se encuentran la exigencia por la democratización de las fuerzas, el derecho a la sindicalización, capacitación y reentrenamiento permanente, asistencia psicológica y el alto a las medidas de disciplinamiento.

Hasta aquí, queda claro el repudio generalizado hacia las formas de reclamo. Desde el presidente Alberto Férnández, el gobernador Axel Kicillof, las organizaciones que integran el frente oficialista, los gremios y sindicatos, funcionarios de diversos estamentos estatales, hasta la alianza Juntos por el Cambio, condenaron el carácter desestabilizante de las protestas. Pero ¿qué es lo que falta en el debate? Quizás, en lo no dicho, nos estamos perdiendo la oportunidad de construir una verdadera agenda pública para la democratización de las fuerzas de seguridad.

En principio, pareciera que tanto las fuerzas policiales como las diversas organizaciones sociales y políticas (al menos las del campo popular) recorren caminos muy diferentes y antagónicos entre sí. Pero esta vez son las fuerzas de seguridad quienes formulan una hoja de ruta para la democratización de sus políticas. Esto no es menor. Tampoco lo es el hecho de que quienes hayan protagonizado los reclamos sean agentes sin representación jerárquica, formades en su totalidad, en contexto de democracia y, muchas veces, en sus prácticas, también son quienes padecen los resabios de las prácticas dictatoriales que atraviesan aún en la actualidad las estructuras policiales.

Del otro lado, la llamada clase política construye su discurso sólo en relación con el repudio, sin aportar una alternativa superadora y en esa tensión antagónica, anula cualquier debate posible sobre un proceso de democratización. Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de democratización, tomamos el planteo formulado por el CELS (2015) al señalar tres consecuencias de la falta de democratización en las fuerzas de seguridad.

La primera consecuencia está relacionada con sus prácticas. En este punto, podemos mencionar la persistencia de violencia institucional, el sostenimiento de redes de ilegalidad y la corrupción estructural. En segundo lugar, la amenaza cíclica a la estabilidad política, sostenida por la autogobernabilidad de las Fuerzas. La extorsión al sistema político y la desestabilización son dos ejemplos claros de este accionar. Una tercera consecuencia señalada por el CELS es el impacto de las políticas represivas en la erosión de los esfuerzos para la inclusión social realizados por los otros sectores del Estado. La saturación de presencia policial, el hostigamiento y criminalización de la pobreza constituyen un límite fáctico para la profundización de políticas de inclusión.

En este sentido - y para asombro de muches- esta vez el reclamo de la Policía se asemeja más a lo arriba descrito que a las demandas de los sectores políticos, carentes de mirada propositiva. Por eso, entendemos que esta crisis es la oportunidad para construir una agenda política abierta al diálogo, capaz de construir una respuesta civil a las demandas de democratización y profesionalización de las fuerzas de seguridad.



Sobre los Autores


Sergio Machado es abogado.

María Fernanda Oviedo es maestranda en Ciencias Sociales, integrante del centro de formación y pensamiento Génera.

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