Tarifazo de gas. Puntos centrales del fallo de la Corte

Por: Claudio Lozano

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó finalmente el fallo sobre el tarifazo del gas natural, luego de más de un mes de la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el pasado 7 de julio había suspendido la vigencia del nuevo cuadro tarifario implementado por el Gobierno nacional el 1 de abril del corriente.

El primer aspecto que debe destacarse, más allá de las habituales y clásicas discusiones que han comenzado a divulgarse sobre eventuales ganadores y perdedores a partir de la decisión de la Corte, es que el fallo declara la nulidad de las resoluciones 28 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación a través de las que se determinaron los nuevos precios del gas natural en boca de pozo y el esquema del nuevo cuadro tarifario. Esa decisión de la Corte, se circunscribe al colectivo de usuarios residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose respecto de ellos, y en la medida que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social. Asimismo, lo que se determine finalmente en términos de ajustes de tarifas luego de la realización de audiencias públicas, regirá hacia delante, lo cual implica que no se pueden cobrar cargos retroactivos.

Es decir, respecto al alcance del fallo, es importante afirmar que los usuarios del servicio general, industriales, comerciales, organizaciones sociales, civiles y otro tipo de entidades, no han sido incorporados, lo cual, sin embargo, no obstaculiza la presentación que estas organizaciones puedan hacer a título individual o a través de cámaras o entidades que las agrupen, ya que los dos criterios centrales sobre los cuales trabaja el fallo unánime de la Corte -la falta de audiencia pública formalmente convocada y la irracionabilidad de los ajustes tarifarios- afectan de igual modo a estos usuarios del servicio público de gas natural.

Es importante resaltar que en la parte resolutiva del fallo, los miembros de la Corte le recuerdan al Congreso Nacional que debe poner en marcha los mecanismos institucionales previstos para dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que está vacante desde 2009. Ello es realmente significativo, ya que esa institución resulta fundamental a la hora de establecer todo tipo de acciones de carácter colectivo vinculadas a la vulneración de derechos humanos esenciales, como es el caso de los servicios públicos y, entre ellos, el acceso a la energía.

Dicho esto, es importante concentrarse en uno de los aspectos no muy divulgados de la problemática, que tiene que ver con la discusión sobre si la determinación del precio del gas en boca de pozo, debe o no ser alcanzada por la convocatoria de la audiencia pública. En relación a esta cuestión, el fallo sostiene que, si bien la extracción de gas natural no constituye un servicio público como sí lo son los segmentos de transporte y distribución, desde la declaración de la emergencia económica en 2002 y a partir del decreto 181 del 2004, el Estado nacional comenzó a fijar las condiciones para la determinación de los precios del gas, lo cual debe enmarcarse en el debate general que se generó hace más de una década sobre los procesos de renegociación de los contratos de servicios públicos prestados por las empresas privatizadas en los ’90. De hecho, tanto Maqueda como Rosatti, enfatizaron en sus considerandos el criterio según el cual “esta audiencia pública, en las actuales circunstancias, debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución del gas natural”.

Por su parte, la Corte reafirma que es potestad del Poder Ejecutivo la fijación de tarifas y precios, y también refiere a que es competencia de los tribunales determinar los criterios de legalidad y la realización de actos que implican un control de constitucionalidad de los actos de gobierno. Ahora, en relación a las audiencias, el fallo sostiene que las alegaciones realizadas por el Gobierno según las cuales  el carácter transitorio de los ajustes tarifarios encarados hacían innecesaria la convocatoria a las mismas, ya que esas decisiones se sostenían en actos administrativos pendientes que el Gobierno anterior había encarado, carecen de sustento real y no pueden tomarse como argumentos válidos. De esta manera, se produjo una lesión al ejercicio mismo de la ciudadanía y una violación a la Constitución Nacional en sus artículos 42 y 43 que regulan los derechos del consumidor y a los mismos marcos regulatorios del gas natural, que en los artículos 46 y 47 de la ley 24.076, establecen claramente la convocatoria previa a audiencia pública para determinar cambios en las tarifas.

Asimismo, el fallo trabaja muy especialmente la problemática del acceso universal al servicio de gas natural como parte fundamental del derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluye un conjunto de derechos esenciales que son tutelados no sólo por nuestra Constitución, sino por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos. A su vez, no se puede desvincular el “costo  global de la prestación” de la “capacidad de pago de los usuarios”, ya que cargos tarifarios muy altos generarán elevados niveles de incobrabilidad, y “…terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio.

Finalmente, es importante enfatizar que las mencionadas resoluciones que han sido impugnadas para los usuarios residenciales por el fallo de  la Corte  determinaron un aumento de más de 100% del gas en boca de pozo, cuyo valor pasó  de un promedio de 2,5 dólares por millón de BTu a 5 dólares por millón de BTu. Ello implicó la convalidación  de una transferencia de alrededor de 3.000 millones de dólares (45.000 millones de pesos), que serían solventados por el conjunto de los usuarios a través de sus facturas. Debe puntualizarse que en el caso del gas natural, el costo de su precio en boca de pozo, explica entre un 65% y un 70% de la facturación final, mientras que entre un 35% y un 30% corresponden a los costos de transporte, distribución e impuestos.  Por ende, es fundamental que estos aspectos sean debidamente debatidos en la audiencia que ha sido convocada para el 16 de septiembre próximo. En suma, la Corte certificó la defunción de un tarifazo que se hizo pensando más en el interés de las petroleras que en el conjunto de los argentinos.


* Dirigente nacional de Unidad Popular.


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