Sobre libertades y pulseras, discusión sobre un eje incorrecto

Por: Víctor Hortel

Desde el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires se informó la semana pasada que se daba inicio a una medida por la cual se buscaría que aproximadamente 1500 personas privadas de libertad, en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, se pudieran ir a sus casas, con el beneficio del arresto domiciliario bajo la modalidad de la vulgarmente conocida pulsera electrónica.

Si bien para un abogado litigante que todos los días choca contra la pared insensible de la justicia, la noticia —que abarcaría a mujeres con hijos, personas mayores, enfermos crónicos, entre otros— se presenta como positiva y alentadora, no podemos permitir que se corra el eje correcto de la discusión, que resulta ser la superpoblación carcelaria y la utilización indebida del instituto de la “prisión preventiva”.

1.- El contexto normativo y doctrinal

Desde siempre hemos sostenido que el principio de la LIBERTAD es un pilar fundamental en todo sistema de enjuiciamiento criminal que se corresponda con un modelo de gobierno democrático.

Resulta apropiado recordar que la normativa ritual actualmente vigente nutre sus principios fundamentales en el umbral de los procesos acusatorios, donde la libertad de las personas sometidas a proceso resulta ser un precepto esencial, en el marco del respeto integral de su dignidad humana.

Así, el principio general del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires postula, en su artículo 144, la libertad del imputado como la regla general de todo el sistema de enjuiciamiento criminal.

Tal principio se traduce en el concepto doctrinal técnicamente correcto de que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos en toda persona por la Constitución Nacional solo podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.

Debe tenerse presente que las providencias que restringen la libertad de los ciudadanos deben considerarse excepcionales iure conditio, siendo las normas que las regulan de interpretación restrictivas, por estar encaminadas, más que a defender derechos subjetivos, a garantizar la eficacia y la seriedad de la función jurisdiccional.

2.- La medida anunciada

En primer término, debemos entender que la medida se toma en función del alto porcentaje de superpoblación carcelaria existente en los penales bonaerenses y el consecuente hacinamiento de personas, que desde el inicio condena al fracaso cualquier política penitenciaria que se intente instrumentar.

Si consideramos que aproximadamente 45.000 personas se encuentran privadas de su libertad, podremos imaginar el grado de colapso del sistema, donde la superpoblación —como problema endémico— borra de cuajo el marco conceptual de la dignidad de la persona.

En este punto, debemos preguntarnos: ¿por qué tanta gente se encuentra privada de libertad? Y la respuesta nos lleva rápidamente a cuestionar a jueces/zas y fiscales que, en una irracional, descabellada e insensible práctica tribunalicia, desnaturalizan jurídicamente el instituto de la “prisión preventiva”, negando su rol trascendental en resguardo de la vigencia irrestricta de la Constitución Nacional, para transformarse así en simples instrumentos de un fenomenal dispositivo de encierro masivo.

La siguiente pregunta nos lleva al punto de necesitar saber: ¿quiénes son las personas privadas de libertad? Veremos entonces que el grueso de la población penal está principalmente constituida por personas que han sufrido procesos de exclusión y que vulgarmente se la denomina como pobres.

Pobres, categorizados como “disfuncionales”, que terminan en manos de policías, jueces/zas y fiscales, muy distanciados del derecho penal humano, que encierran a destajo y muestran el hacinamiento en los lugares de detención como una victoria de la Justicia.

Debemos observar que, tratándose de personas condenadas, la prisión domiciliaria bajo la modalidad de vigilancia electrónica (pulseras, tobilleras) no implica en absoluto impunidad, pues tal medida no modifica la pena impuesta sino la modalidad de cumplimiento de dicha pena.

Enunciado que el problema estructural y fundamental es la superpoblación, el hacinamiento y el uso indiscriminado del instituto de la prisión preventiva, la medida anunciada por el gobierno provincial bien puede calificarse de ínfima, dado que alcanzaría a 1500 personas sobre un total de 45.000.

Luego, debe entenderse que la decisión no se adopta en función de fuertes convicciones en materia de derechos humanos ni en el respeto de la dignidad de las personas, sino como única salida frente al rotundo fracaso de las políticas llevadas a cabo por el gobierno provincial.

Con esta medida de reconocimiento del derecho al principio general de la libertad a escasísimas 1500 personas alojadas en el contexto de encierro, la gobernadora María Eugenia Vidal pretende esconder la feroz e inhumana cara de un gobierno que expulsa y excluye a millones de bonaerenses.

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