Situación de la Cuestión Malvinas y la pesca en el Atlántico Sur post acuerdo del Brexit

OPINIÓN. En los últimos días de 2020, la Unión Europea y el Reino Unido llegaron finalmente a un Acuerdo de Salida de este último con respecto al bloque europeo, luego de años de negociaciones y fuertes tensiones a raíz de la definición estratégica británica del Brexit.


Julián Bilmes y Federico Ortega[1]


En los últimos días de 2020, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU) llegaron finalmente a un Acuerdo de Salida de este último con respecto al bloque europeo, luego de años de negociaciones y fuertes tensiones a raíz de la definición estratégica británica del Brexit. La gran -y grata- novedad para la posición argentina y suramericana fue que los denominados Territorios Británicos de Ultramar (BOT por sus siglas en inglés) no fueron incluidos en el acuerdo, lo cual daría lugar a fuertes impactos sobre sus economías. Nos centraremos aquí en lo que concierne a Malvinas, las islas y espacios marítimos del Atlántico Sur, la más antigua controversia de soberanía del sistema internacional y sentida causa nacional argentina y suramericana, con particular hincapié en el análisis de los aspectos pesqueros.

No se debe olvidar que las islas Malvinas revisten una importancia histórica y geoestratégica clave para la Argentina -y América Latina- debido a su ubicación cercana a la Patagonia terrestre, los motivos económicos que implica un territorio marítimo con un enorme potencial en materia de recursos estratégicos (pesqueros, hidrocarburíferos, mineros, metalíferos, etc.), así como su interconexión sistémica con la Antártida, reservorio de un 80% del agua dulce del mundo y una gran biodiversidad, el otro territorio que el país mantiene como disputa de soberanía. A todo ello se suma la gran carga simbólica e histórica que posee la Cuestión Malvinas en el pensamiento y el sentir popular argentino, luego de la ocupación británica en 1833 y la guerra de 1982.


Impactos del Brexit en Malvinas[2]

 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, otrora potencia hegemónica mundial, ha logrado sostener toda una compleja urdimbre de sus vestigios imperial-coloniales, aún en pleno siglo XXI[3]. En la imagen a continuación[4] se puede apreciar la distribución geográfica de los 14 BOT, así como también el “collar de perlas” con que cuenta RU en el Atlántico Sur: islas Ascensión (compartida con EEUU), Santa Helena y Tristán da Cunha; Malvinas; Georgias del Sur y Sandwich del Sur; y Sector Antártico Británico. 




Según documentos oficiales del Parlamento, a pesar de no ser parte oficial del Reino Unido, las autoridades de los BOT afirman su sentido de pertenencia a una “familia británica”. En un plano geoestratégico, estos territorios le permiten a Gran Bretaña un acceso y visión a distintos lugares del mundo, bienes como bases militares estratégicamente localizadas, la cobertura de regiones de valor estratégico -como el mismo Atlántico Sur y la cercanía al Cabo de Hornos y el pasaje bioceánico con el Pacífico, en el caso de las Malvinas-, sin desdeñar oportunidades económicas, financieras, de recursos naturales y ambientales.

A pesar del lobby y las presiones ejercidas por las autoridades de los BOT a lo largo de los años de negociaciones entre europeos y británicos, su expresa exclusión del Acuerdo de Salida representó un fuerte golpe, despertando una reacción de “decepción y frustración” en el gobierno de ocupación de Malvinas. Las razones de tal malestar tienen un claro trasfondo económico. Las principales actividades económicas isleñas son fuertemente dependientes del mercado común europeo: en el caso de la pesca, que representa el 60% del PIB isleño, más del 90% de sus exportaciones tiene como destino ese mercado, mientras que cerca del 50% de la carne ovina, su segunda mayor actividad, se destina a la UE.

La exclusión del Acuerdo implicaría que estas exportaciones pierdan la exención de cuotas y aranceles, pasando a quedar sujetas desde inicios de 2021 a las tarifas de la Organización Mundial del Comercio (OMC): entre 6% y 18% para los productos pesqueros (un 6% en el caso del calamar) y 42% para la carne. Según ciertas estimaciones, esto podría implicar una caída de más de 10 millones de libras anuales en ingresos para las islas, dado que casi el 75% del PIB isleño depende del acceso al mercado europeo.

A su vez, el comercio entre Malvinas y el mercado europeo sufriría mayores costos de comercialización, crecerían las trabas y demoras en los puertos de acceso, se perdería competitividad, y, por ende, también empleos en las islas y en Europa. Otra pérdida importante para las islas es el acceso al financiamiento para el desarrollo que la UE destina a sus territorios de ultramar, como el Fondo de Desarrollo Económico Europeo (por el cual recibieron casi 6 millones de euros como apoyo presupuestario en 2014-2018), el programa BEST, de protección de ecosistemas (por el cual Malvinas recibió unos 600.000 euros en años recientes), u otros como los programas de financiamiento en ciencia, tecnología e innovación (Horizon 2020) y de movilidad estudiantil (Erasmus+).

Previendo tales situaciones, las autoridades gubernamentales del Reino Unido y de Malvinas venían diseñando políticas para contrarrestar tales consecuencias. Sobresale entre ellas el anuncio del gobierno británico, en 2019, de que sostendría y se haría cargo del financiamiento para sus territorios de ultramar de los proyectos de desarrollo mencionados. Una carga no menor para una economía que se cuenta entre las más afectadas del mundo a raíz de la pandemia de COVID-19, con un derrumbe histórico de 10% de su PIB en 2020, y que venía muy golpeada ya de la crisis financiera global de 2008.

Por otro lado, en materia política y diplomática la posición británica sobre Malvinas, y sus BOT en general, se ha visto debilitada en ciertos puntos. Para dar una idea general sobre ello, basta mencionar someramente los siguientes elementos: la falta de apoyo de los países europeos al Reino Unido en su conflicto con Mauricio respecto del archipiélago de Chagos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Asamblea General de la ONU, la pérdida del juez británico en la CIJ (primera vez en la historia que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no cuenta con un magistrado de su nacionalidad en la Corte de la Haya) y la facultad de veto que otorgó la UE a España en toda decisión relativa a Gibraltar mientras se negociaba el Acuerdo de Salida, a la par que otorgó voz y voto al peñón en esas negociaciones, al cual había calificado en 2019 como una colonia británica. Otro hecho a destacar en este sentido constituye la presentación por parte de un grupo de 30 parlamentarios ingleses de distintos bloques de una carta al primer ministro, en junio de 2020, exhortándolo a respetar lo establecido por las instancias de la ONU sobre la devolución del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio.


Reacciones en el ámbito pesquero de las islas

La pesca, como se mencionó previamente, es la actividad primordial de la economía malvinense. A causa de esto, el Gobierno de ocupación desarrolló medidas para conservar las capturas y las inversiones en el área en el contexto del Brexit, previo al arranque de la temporada de los calamares Illex y Loligo, entre enero y febrero.

En 2005, desde la Dirección de Recursos Naturales, se decidió otorgar Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) por un plazo de 25 años, sobre todo para la pesca del calamar Loligo gahi y otras especies, concentradas casi exclusivamente en un puñado de empresas de capitales malvinenses y españolas. En cambio, se mantiene un sistema diferente para la captura del calamar Illex argentinus, cuyas licencias están al acceso de barcos de flotas taiwanesas y surcoreanas, entre otros países. Con este sistema, en el pasado año 2020, se pescaron 62.700 toneladas de calamar Illex y cerca de 60.000 toneladas de Loligo.

A finales de enero del 2021 se otorgó la posibilidad a los pesqueros con licencias ITQ de prorrogar su extensión por otros 25 años, de forma de garantizar la inversión de las principales empresas, además de obligar a las joint ventures entre malvinenses y españoles a aumentar la participación de los habitantes de las islas a un 51% del paquete accionario.  

Esto llevó, junto a la situación del Brexit y el inminente aumento de aranceles a la importación de productos marítimos que este acuerdo impuso a la producción de las islas, a la fusión de dos empresas del rubro en una joint venture con participación accionaria clave de capitales españoles. Las empresas pesqueras Seaview y Seafish formarán la empresa Nova Seafish, en teoría para aprovechar el nuevo escenario de las ITQs para el calamar Loligo, pero puede funcionar como una forma de seguir colocando las capturas en el mercado europeo, al estar encabezada por capitales españoles.

De hecho, y como ciertos analistas han sugerido, se podrían sortear las medidas descritas que se desprenden de la exclusión de Malvinas y los BOT del Acuerdo de Salida mediante la utilización de ciertos vacíos legales en el Gobierno de ocupación isleño, como el cambio de bandera de los buques pertenecientes a las joint ventures anglo-españolas pasando a usar la bandera española para ingresar a la UE, sobre todo a través del puerto de Vigo, punto de ingreso del 95% de los productos pesqueros de la zona de Malvinas (muchos de los cuales son derivados desde el puerto de Montevideo a través de buques mercantes).

Los capitales españoles son fundamentales para la pesca en Malvinas, y no solo por su participación accionaria. Se estima que cerca de 175 barcos de la flota con sede en Vigo, puerto donde también se construyen buques arrastreros congeladores, faenan en aguas bajo control del Gobierno de ocupación británico con licencias expedidas por esta autoridad, lo cual los coloca en una situación de infracción con respecto a las autoridades argentinas, al no cumplir con los requisitos estipulados en su legislación.

No obstante, existen múltiples empresas españolas con fuerte posición en el mercado pesquero argentino, muchas de las cuales se han unido con otras compañías para formar una Organización No Gubernamental que proteja los caladeros de la región, denominada Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur (OPRAS). Ésta, si bien proclama que brega por una pesca sustentable y con criterios científicos, posee un peso fuerte de los capitales españoles que pescan en Argentina, y una activa política de acuerdos firmados con organizaciones similares en Brasil, Ecuador, Perú, con armadores de barcos de merluza (ANAMER) y la cámara de pesqueras de España (CEPESCA).

El objetivo de OPRAS sería conformar, ante la inexistencia de un Organismo Regional de Ordenación Pesquera como ocurre en otras regiones, una instancia similar que regule las capturas en el Atlántico Sur, pero, como se mencionó previamente, con un rol protagónico del capital español. Tanto esta organización, como el Gobierno de ocupación de las Malvinas e incluso el mismo Gobierno argentino, toman como amenaza la presencia de flotas, sobre todo de capitales chinos. Estas flotas, con números que oscilan entre los 200 y 500 buques, operan más allá de las 200 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva argentina, con la extracción sin regulaciones ni pago de cánones de toneladas, en especial del calamar Illex, el cual migra hacia las aguas bajo control de facto de los británicos como parte de su ciclo anual de crecimiento y reproducción natural.


Desafíos para la Argentina

 A pesar de toda esta compleja situación descrita, no hay que soslayar que Gran Bretaña continúa siendo, por supuesto, una de las principales potencias mundiales, con posiciones asentadas tanto en las Naciones Unidas como en la OTAN. En cuanto a su proyecto estratégico pos Brexit, o brexiter, se puede apreciar un giro nacionalista, territorialista y expansionista británico, cuyo lema es Global Britain (Gran Bretaña Global), en pos de sostener su rol de “jugador global” ante la transición geopolítica de este siglo XXI, centrado en reforzar sus históricas esferas de influencia. He ahí el rol esencial de los 14 Territorios Británicos de Ultramar, las dependencias de la Corona Británica y la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth)[5], compleja urdimbre institucional que se puede apreciar en la imagen a continuación[6]





En ese sentido, el sistema Malvinas, Atlántico Sur y Antártida representa una zona de carácter estratégico para la proyección de poder -actual y futura- del Reino Unido y de otros actores de peso internacional. Por estos días también se pudo apreciar un indicio de la importancia del Atlántico Sur como región de disputa geoestratégica con el lanzamiento, de parte de los Estados Unidos, de la operación Southern Cross. Esta misión, desarrollada tanto por la Guardia Costera como por el Comando Sur, consta del envío del barco Cutter Stone, el más moderno de su flota de vigilancia, y su envío a la milla 201 para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en la que atribuyen a China un rol de instigador de estas actividades. Se sumó luego la operación conjunta de un submarino nuclear de EEUU, el USS Greenville, junto a aviones británicos cerca de Malvinas, dando cuenta de la estrecha asociación estratégica entre ambas potencias anglosajonas y su poderío bélico.

A pesar de estas importantes amenazas para la posición argentina y suramericana, como en toda crisis, están presentes las oportunidades descritas en cuanto a los impactos económicos y políticos del Brexit sobre Malvinas y los BOT. Representa un gran desafío poder aprovechar las fracturas en los bloques de poder del Norte global que se producen en este marco de caos sistémico y transición geopolítica mundial (entre británicos y europeos, a lo interno del Reino Unido, y también entre EEUU con los otros dos). Aunque, claro está, ello puede ser capitalizado solo si se logra desplegar desde el lado argentino toda una política integral en la materia para construir escenarios favorables.

En este sentido, el gobierno argentino ha emprendido acciones importantes de revitalización del reclamo soberano sobre Malvinas e islas y espacios marítimos del Atlántico Sur, junto con una política de presión no sólo diplomática sino también económica para obstaculizar los negocios británicos en el Atlántico Sur. Representa éste un punto clave: el encarecimiento de la ocupación británica, respecto al cual se han iniciado acciones, pero resta aún mucho camino por recorrer. En la actualidad, se consideran como limitaciones la pervivencia de acuerdos desmalvinizadores como el Foradori-Duncan, de 2016, y los Acuerdos de Madrid de 1990-91, concebidos bajo la fórmula del “paraguas de soberanía” y que implican una verdadera entrega a los intereses colonialistas británicos.

Si bien se ha dado un paso clave en la suspensión de los intercambios científicos con Gran Bretaña, que implicaban la provisión de información para favorecer la actividad pesquera de las flotas hispano-malvinenses y otras con licencias de las islas, se deben consensuar medidas con el resto de los países de América Latina para evitar que la pesca ilegal se siga perpetuando, con todos los daños que esto implica para el ecosistema marítimo internacional.

Para un mejor análisis del fenómeno de la pesca en el Atlántico Sur, cabe considerar la función clave del puerto de Montevideo en estas actividades, al servir como punto para carga de combustible, insumos varios y para trasbordo de marineros de la zona, tanto para barcos españoles como surcoreanos, taiwaneses y de banderas de conveniencia como Liberia o Panamá, muchos de los cuales fueron denunciados por actividades ilegales como los transbordos en alta mar y por las condiciones semi esclavizantes a las que era sometida la tripulación de los buques. Es necesario avanzar en un Acuerdo en el cual se puedan fortalecer las capacidades de control y de regulación del Uruguay para impedir que estos barcos sigan recalando en sus aguas, con los perjuicios que ocasiona a toda la región en su conjunto. Los costos de la actividad pesquera en altamar son altos, y dependen enormemente de los subsidios de los Estados de bandera, por lo cual las acciones tomadas en cuanto a encarecer la actividad fortalecerán la posición argentina.

Se enfrenta también el accionar de intereses transnacionales que pujan tanto afuera como dentro del gobierno, como se puede advertir en la actual polémica por el decreto 949/20 en torno a la mal llamada "Hidrovía" del río Paraná y que afecta a toda la Cuenca del Plata: vía de navegación por donde circula el 50% de la proteína vegetal mundial y el 75% de las exportaciones argentinas, a la par que presenta un potencial de conexión marítima y fluvial nacional y proyección hacia el Atlántico Sur y la Patagonia. Con la construcción del Canal de Magdalena, para el transporte de la producción argentina en el sur del Río de la Plata, los problemas de sobrecarga y demoras en el canal actual, compartido con Uruguay, se verían morigerados.

Existen, para finalizar, enormes desafíos para hacer frente a las oportunidades y las amenazas que se han mencionado, en favor de ampliar los grados de autonomía nacional. La Cuestión Malvinas debe volver a ser una bandera latinoamericana, una causa regional y global apoyada en la creciente multipolaridad mundial, en la que el conjunto de los países de la región vea como beneficiosa la recuperación de las islas para la Argentina, no solo desde lo político, sino también desde lo económico. A su vez, se hace imperiosa una concepción integral de la soberanía, de carácter multidimensional, con acciones políticas, comerciales, jurídicas, diplomáticas, tecnocientíficas y culturales para asumir la condición de país marítimo y bicontinental, y que a pesar de su carácter dependiente y en disputa, cuenta con gran potencial para insubordinarse en favor de su independencia, dignidad y justicia social.



REFERENCIAS

[1] Los autores agradecen comentarios e intercambios sobre estos temas en debates dentro del Equipo de Investigación sobre la Cuestión Malvinas (EdICMa) y el Proyecto de investigación sobre geopolítica del Atlántico Sur, ambos en la UNLP.

[2] Una versión más extensa y desarrollada sobre este tema se encuentra en prensa para ser publicado: Bilmes, J. (2021). La Cuestión Malvinas ante la crisis y transición del sistema mundial: perspectivas frente al Brexit. Geograficando – Revista de Estudios Geográficos, Vol. 17, N° 1, FaHCE-UNLP.

[3] Reino Unido es la potencia con mayor cantidad de colonias en la actualidad, sosteniendo 10 de los 17 territorios “no autónomos” que reconoce la Organización de las Naciones Unidas a través de su Comité de Descolonización (esos 10 están incluidos en los BOT). No obstante, ciertas estimaciones identifican  un total aproximado de 70 territorios coloniales, con diversas particularidades institucionales y relaciones con sus respectivas metrópolis (algunos de ellos contabilizados separadamente y otros agrupados por estructuras institucionales metropolitanas).

[4] El mapa se tomó de este sitio. Valga la aclaración de que los autores no comparten la denominación dada allí a los territorios en cuestión.

[5] Cabe señalar que se trata de un grupo heterogéneo el de las 53 naciones pertenecientes al Commonwealth. Si bien muchas de ellas fueron descolonizadas post Bretton Woods, siguen sosteniendo a la Reina Isabel II del RU como cabeza de la organización. Algunas de estas naciones son miembros históricos en la proyección geopolítica unipolar de la “angloesfera”, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, mientras que otras tienen un juego geopolítico particular, como el caso de India: pivoteando entre su pertenencia al BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái, y su pertenencia al Diálogo de Cooperación Cuadrilateral junto a EEUU, Japón y Australia, cooperando con la estrategia occidental de contención de China en el sudeste asiático. Es por ello que se proyecta a futuro una disputa por el control sobre esos territorios, en cuanto a cooperación internacional, comercio e inversiones, representando una prioridad fundamental para el nacionalismo imperial británico pos Brexit.

[6] Tomada de aquí. Nota: en color violeta figuran los Estados soberanos; en dorado, los países (no soberanos) pertenecientes al Estado Reino Unido; en color salmón, las dependencias de la Corona (“jurisdicciones independientes”) y en celeste los BOT (“territorios dependientes”), según las denominaciones británicas.

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