Si vuelve la cuarentena, que vuelva la política social. Y si no, también

En vísperas de nuevas restricciones a la movilidad, dado que, según los especialistas, ya estamos transitando una segunda ola de la pandemia y con perspectivas de que sea más dura que la primera, en estas breves líneas intentamos dar cuenta de la importancia de la política social, no solo como instrumento económico sino, principalmente, dadas las absolutas prioridades, como instrumento sanitario.

En vísperas de nuevas restricciones a la movilidad, dado que, según los especialistas, ya estamos transitando una segunda ola de la pandemia y con perspectivas de que sea más dura que la primera, en estas breves líneas intentamos dar cuenta de la importancia de la política social, no solo como instrumento económico sino, principalmente, dadas las absolutas prioridades, como instrumento sanitario.

Cuando la pandemia irrumpió en marzo de 2020 la economía argentina ya venía deprimida luego de dos años de caída del producto. En todo el mundo se deprimió la actividad, se redujo el comercio internacional y se readaptaron muchas tareas, principalmente de servicios, hacia la virtualidad. El impacto fue tan brusco, que el derrumbe económico fue enorme durante el primer trimestre de la pandemia -el segundo del año-, incluso cuando en términos de contagios, internaciones y fallecimientos no fue el más duro. Desde ya, parte del impacto económico fue potenciado por las restricciones implementadas, que en un principio afectaron a prácticamente toda la economía, salvo actividades esenciales. Sin embargo, se demostró falsa la dicotomía entre la salud y la economía, en tanto las caídas de la actividad no mostraron ninguna correlación con los grados de las restricciones o las cuarentenas.

En este contexto, la política de ingresos en general y la política social en particular cumplieron un papel clave. En los países que tienen sistemas institucionalizados de seguridad social con seguros de desempleo, la respuesta fue más o menos automática, más allá de la necesidad de relajar algunas condiciones. En América del Sur, el único país con un seguro de desempleo más o menos abarcativo es Uruguay. En el resto de los países fue necesario implementar políticas nuevas. En el caso argentino, por un lado se obligó a los empresarios a seguir pagando los sueldos, para lo cual pudieron acceder a programas de subsidios y de créditos. De esa manera, el Estado se hizo cargo de los salarios sin que los trabajadores pierdan su vinculación laboral previa. Sin embargo, la percepción de la protección estuvo mediada por la intermediación patronal.

Sin embargo, en toda América Latina uno de los problemas más graves es la informalidad laboral. Para los trabajadores precarizados, las medidas de confinamiento suponen automáticamente una merma en los ingresos. Más acuciante aun es la situación de los cuentapropistas, que al verse impedidos de trabajar ven automáticamente reducidos sus ingresos. Aquí todos los países lanzaron programas de asistencia social más o menos extensos e intensos. En el caso argentino el principal componente fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La economía se desplomó y la pobreza subió. Naturalmente cayó mucho el empleo. Pero la política social permitió que los resultados sociales no fueran tan catastróficos. A su vez, y sobre todo, la política social permitió que durante los primeros meses el cumplimiento de las restricciones a la circulación fuera efectivo. Así y todo, el último dato del índice de pobreza cerró en un preocupante 42 por ciento en el segundo semestre de 2020. ¿Cuál habría sido el dato de la pobreza sin políticas sociales y de ingresos? Del mismo modo, ¿cuál habría sido el dato de pobreza si el IFE no se hubiera otorgado a cuentagotas sino como suma fija mes a mes?

En el último trimestre de 2020 todas las economías del mundo empezaron a crecer, incluso cuando en algunas regiones la pandemia alcanzaba sus resultados más preocupantes en materia sanitaria, al compás, también, del surgimiento de nuevas cepas, más agresivas que la original. Muchos rubros se adaptaron al teletrabajo, otros empezaron a abrir sus puertas en base a protocolos sanitarios bien o mal implementados.

En Argentina, la enorme inyección de pesos del segundo trimestre del año pasado, principalmente aquella destinada a los créditos subsidiados, en conjunto con la contracción del consumo en sectores de ingresos medios y altos que mantuvieron su nivel de ingreso, llevó a un aumento de la demanda de dólares, que se conjugó con las posiciones compradoras de grandes fondos de inversión que ingresaron durante el final del macrismo y que habían quedado con tenencias en pesos. En el caso del IFE, este efecto se presenta más en segundas o terceras circulaciones de la moneda que en la primera, la de los propios beneficiarios.

El resultado fue una fuerte presión sobre los tipos de cambio financieros, que empujaron al dólar ilegal, y llevaron a una brecha gigantesca hacia fines de octubre del año pasado. En un país con una macroeconomía frágil e inestable como Argentina, caracterizado por una recurrente tendencia a la dolarización de carteras y de ahorros, la política de gasto necesaria para cubrir los ingresos en tiempos de retracción económica conlleva como riesgo la intensificación de la restricción externa. Si bien los controles cambiarios disminuyen la inestabilidad del mercado oficial y la caída de reservas en caso de una corrida, la presión sobre los otros tipos de cambio puede operar sobre las expectativas y, por ejemplo, estimular a los exportadores a no liquidar la cosecha o a los importadores a adelantar compras. El relativo control del pánico cambiario desde fin de año hasta ahora podría explicarse, en parte, por la decisión del gobierno de discontinuar las políticas de ingresos.

En vísperas de nuevas restricciones, ante una segunda ola que promete ser más dañina que la primera en materia sanitaria pero, si seguimos la experiencia de otros países, menos dañina en términos económicos debido a la efectiva posibilidad de adaptación de sectores y un contexto global más favorable, es importante reconocer la importancia no solo económica sino también sanitaria que tuvo la política de ingresos, y sobre todo la política social destinada a la población más vulnerable, durante la primera ola. Necesariamente algunos sectores cerrarán, así como hay actividades que nunca volvieron. Si se mantiene en pie la decisión de sostener en 2021 clases presenciales en educación inicial, primaria y secundaria, va a ser imperioso que otras actividades se suspendan. En ellas caerán los ingresos y, si son muchas, se resentirá la demanda agregada en toda la economía.

Es casi seguro que la economía argentina volverá a crecer en 2021, luego de tres años de recesión, y la magnitud de este crecimiento dependerá en parte de la evolución de una pandemia que no cesa, pero, por un lado, es prácticamente imposible que ese crecimiento lleve al país a recuperar el nivel de actividad siquiera del último año, ni hablar de 2017, último dato de crecimiento hasta el momento; por el otro, nada garantiza que el crecimiento se combine con algún tipo de redistribución progresiva que compense la regresividad que imperó en 2020.

La política social, con el IFE a la cabeza, pero sumando también la AUH, el Progresar, distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social, pero también, si queremos, la protección no contributiva del sistema previsional, cumple un rol fundamental en la economía actual, con y sin pandemia, pero las condiciones sanitarias potencian su necesidad y se retroalimentan de ella: más política social implica más gente que tiene la posibilidad de protegerse del virus y de proteger a los demás.

Si las autoridades políticas y sanitarias resuelven retrotraer las restricciones a la circulación y el cierre de actividades a alguna de las fases de 2020, va a ser absolutamente necesario que se relancen programas sociales destinados a proteger a la población más vulnerable. Si el riesgo de ese mayor dinero en circulación es una fuga hacia las divisas, amenazando las reservas o el tipo de cambio y con ello los precios de toda la economía, las alternativas son mayores restricciones o un aumento de la presión tributaria sobre los sectores más pudientes, para compensar así el exceso de pesos en circulación. Es decir, la política fiscal tiene límites, distintos de los que suelen vociferar los economistas mediáticos, pero límites al fin, y la restricción externa es el más acuciante. Pero no son límites que estén por fuera de las posibilidades estatales de intervención y negociación: dependen de las relaciones de fuerza y de la capacidad gubernamental de generar consensos. Si la política social es también una medida de protección sanitaria, no debería haber dudas acerca de su estatus prioritario.

Pero en el caso de que no se retrotraigan las restricciones o, mejor aun, de que la segunda ola nunca llegue a concretarse, la política social va a seguir siendo necesaria. Si vuelve la cuarentena, necesitamos más política social. Pero si no vuelve, también.

Diarios Argentinos