San Luis demandó a la Nación por el aumento del gas

El gobierno de Rodríguez Saá considera que la última suba es "inconstitucional e inaplicable". "Garantizar las ganancias en dólares a las empresas constituye un cargo que no tiene respaldo legal", denunciaron.

El Gobierno de la Provincia de San Luis demandó al Estado nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) ante la Justicia Federal por el alto incremento a las tarifas del gas que busca aplicar el Gobierno nacional.



El recurso de amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, informó la Agencia de Noticias del Estado provincial.

Mediante el mismo los funcionarios provinciales calificaron como "inconstitucional e inaplicable" el aumento en la tarifa del gas y la demanda pretende proteger de las subas a clientes, usuarios, beneficiarios, instituciones públicas provinciales y consumidores más vulnerables.

Los fundamentos de la presentación tienen raíz en la inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas por parte de las empresas, y que ellas trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario. Para el Estado sanluiseño, esa determinación viola los derechos de los consumidores y la Constitución Nacional.

El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, remarcó que "el aumento del gas se produce por una decisión del Estado nacional de devaluar la moneda nacional y las consecuencias no pueden ser soportadas, sin más, por los usuarios del servicio público en forma exclusiva". 

"Se afecta la razonabilidad, gradualidad y racionalidad, que fueron criterios de validez y legalidad de las tarifas de servicios públicos impuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes fallos", evaluó.

El fiscal de Estado, Eduardo Allende, por su parte, sostuvo que "el aumento de servicios públicos derivado de garantizar ganancias en dólares a las empresas del sector constituye un cargo que no tiene respaldo legal alguno". 

"Estas alteraciones son ajenas al funcionamiento del mercado, no se vinculan con los costos de producción y obtención del gas, son absolutamente imprevisibles por los concesionarios y usuarios y sus consecuencias no pueden ser exclusiva y absolutamente absorbidas por los consumidores", concluyó.

Diarios Argentinos