Reformemos algo

Por: Tomás Aguerre

Ni el sistema jubilatorio ni las leyes laborales han provocado en el oficialismo tantos esfuerzos para su reforma como el sistema electoral. ¿A qué se debe tanta insistencia?

El gobierno de Mauricio Macri tiene un diagnóstico sobre el sistema electoral argentino: funciona mal. Lo han expresado, de diversas maneras, diferentes funcionarios: “consideramos una vergüenza nacional que en Argentina se siga votando con una boleta de papel”, sostuvo por ejemplo el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, en 2017. El presidente de la Nación, al presentar el primer proyecto de reforma política, aseguró en 2016 que el objetivo era consagrar “un sistema electoral, transparente, equitativo, del siglo XXI, que ayude a unir a los argentinos”. Valores que, intuyen en el oficialismo, el sistema electoral actual no tiene.

Montado sobre ese diagnóstico, el oficialismo ha propuesto una serie de reformas, entre las que destacamos tres por razones distintas:

- Cambiar el instrumento de votación.

- Modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos.

- Digitalizar el escrutinio provisorio.

La reforma que el gobierno pretendía para el sistema electoral era más integral pero fue enviada como proyecto al Congreso por partes. La primera de ellas contenía la reforma del instrumento de votación: de la boleta partidaria de papel a la implementación de un sistema de voto electrónico. El proyecto tuvo media sanción en Diputados y finalmente no consiguió consenso en Senadores, donde ni siquiera llegó a tratarse en el pleno. Aún cuando contenía avances en otros aspectos como paridad de género (luego aprobada en un proyecto aparte) u ordenamiento de la oferta electoral (eliminando colectoras y espejos) la negativa de la oposición por el alto grado de rechazo que manifestaron especialistas informáticos le puso un freno al deseo reformista del presidente Macri. Las otras partes de la reforma podrían haber seguido su camino aparte; incluso algunos sectores opositores mostraron disposición y flexibilidad para cambiar el sistema de votación. Pero el apego del oficialismo hacia un instrumento de votación en específico hundió sus chances.

Sobrevino luego el debate por la ley de financiamiento de los partidos políticos. El oficialismo envió un proyecto de reforma que busca habilitar el aporte de empresas privadas a las campañas electorales, prohibidos desde la reforma política de 2009. El propio gobierno lo incluyó en las extraordinarias de diciembre pero, por falta de acuerdos, no fue tratado. El debate entre aportes privados o públicos para el financiamiento de las campañas pone en tensión dos principios: la transparencia, por un lado, y la equidad, por el otro. Ganar en transparencia sería permitir aportes de cualquiera “a la vista de todos”; lo que por allí se gana se pierde en equidad, toda vez que hay partidos más permeables a recibir aportes privados que otros.

Una tercer reforma, menos pretenciosa, es la que el Gobierno sí logró impulsar ya que sólo debió convencer a la Cámara Nacional Electoral: la modificación del escrutinio provisorio, a través de la digitalización de los telegramas que se utilizan para este fin. En ese sentido, el oficialismo logró imponer su criterio de avanzar hacia “la modernización” del sistema electoral.

Algunas reformas similares se están intentando en la provincia de Buenos Aires, atadas a las decisiones electorales de la gobernadora María Eugenia Vidal. Quien, además, impone una discusión nueva que va a contramano de los lineamientos presidenciales sobre el calendario electoral: si este pretendía ir hacia la máxima unificación posible, la posible estrategia de desdoblar las elecciones provinciales apuntarían en sentido contrario.

El diagnóstico sobre el sistema electoral del oficialismo puede ser acertado o equivocado. Pero incluso así, el interés espasmódico, a veces contradictorio, y por temas en ocasiones exageradamente específicos no permitieron la mirada integral que necesita cualquier proyecto que busque introducir mejoras al sistema electoral. El diagnóstico es, en esto, también parte de los problemas que tienen este tipo de soluciones. El sistema electoral argentino tiene, seguramente, aspectos que merecen ser debatidos y, una vez consensuados, reformados. Pero es importante abordarlos desde una perspectiva que no permita incluirlo en el decadentismo de los 70 años de fiesta: el sistema electoral argentino cumple, hoy, con los objetivos básicos que se le exigen. Da ganadores y perdedores con un altísimo grado de legitimidad y, fundamentalmente, convence a los perdedores de que lo son. Permite su escrutinio por cualquier ciudadano o ciudadana sin conocimientos técnicos específicos. Ha permitido que oficialismos reelijan y sean reemplazados; ha reemplazado a gobiernos peronistas por radicales y viceversa; ha hecho ganar, como en el 2015, incluso a terceros partidos.

El sistema puede - tiene - errores que deben ser corregidos. Pero hay que distinguir entre aquello que es una falla y aquello que es una decisión. El sistema electoral debe elegir, en determinadas circunstancias, qué problemas quiere tener. Hay principios que le exigimos al sistema electoral que son excluyentes entre sí: le exigimos, por ejemplo, al instrumento de votación que sea íntegro y que sea secreto. Cumplir los dos principios a la vez es complejo y hacerlo de manera perfecta es directamente imposible. Elegimos “cumplir un poco más” con el carácter secreto del voto a cambio de “renunciar un poco” a la integridad. Por ejemplo, podríamos votar a mano alzada y públicamente y asegurarnos que los votos se cuentan íntegramente sin margen de error alguno. A cambio, habríamos perdido el secreto del voto. Pasa algo similar con el financiamiento partidario: hoy “elegimos” el financiamiento público, renunciando a ciertos grados de transparencia a cambio de hacer la competencia más equitativa. Se puede cambiar hacia el sistema contrario: no significa que hoy el sistema “falle”. Significa que cambiamos de principio a proteger.

Como dato alentador del sistema político argentino: así como provocó los máximos esfuerzos oficiales, nada logró como esto que la oposición presentara tanta resistencia conjunta y coordinada como estos intentos de reforma. No se trata de “atarse a un sistema feudal” y ni siquiera es una excepcionalidad argentina. Los cambios a las reglas de juego son el último dique de contención que debe intentar sostener cualquier oposición en todo momento y lugar. El politólogo italiano Gianfranco Pasquino sostiene en el libro “La oposición” que estas “han de contender con el gobierno en materia de reglas”. Y, así como aconseja no ser antagónica por completa, por otro lado enfatiza que “serán absolutamente intransigentes cuando el gobierno se proponga establecer reglas que destruyan la posibilidad misma de la alternancia”.


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