Quieren parar los aumentos de agua y luz, pero Lifschitz ya dio el no

Un diputado del PJ propuso detener las subas y retrotraer tarifas a noviembre, pero el gobernador dijo que es “inviable”. Aguas Santafesinas quiere aumentar un 50% el valor del servicio, y la EPE ya incrementó un 35,5%.

Un nuevo proyecto para congelar las tarifas de agua potable y energía eléctrica ingresó esta semana en la Legislatura provincial, aunque el gobernador Miguel Lifschitz ya anticipó su negativa al argumentar que la medida es “inviable” para el Estado. La propuesta provino del diputado peronista Leandro Busatto, quien pretende que se declare la Emergencia Tarifaria en toda la provincia por el término de un año, durante el cual no puedan subir el precio de ambos servicios esenciales, y que además se retrotraigan las tarifas a los valores que tenían antes del último incremento. También suspende los cortes por falta de pago para poblaciones económicamente vulnerables y dispone facilidades para aquellos que ya hayan sufrido la interrupción del suministro por no cancelar su deuda.

La iniciativa se suma a otras similares, como la del bloque del Frente Social y Popular, integrado por Carlos Del Frade y Mercedes Meier, quienes también pidieron la suspensión del aumento que solicitó Assa. El Defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, presentó por su parte otro proyecto que propone establecer una tarifa social que garantice el acceso de todos los santafesinos al servicio de agua.

El diputado detalló, consultado por El País Digital, que “de acuerdo a lo que dicen los organismos internacionales y el artículo 42 de la Constitución nacional, el agua y la luz se constituyen como servicios esenciales para el ser humano y el acceso a ellos debe estar garantizado por el Estado”. En ese sentido, el legislador diagnosticó que “al ritmo de los incrementos que han tenido en los últimos tiempos y los que están planteados para este 2018 estimamos que para muchos habitantes no va a ser fácil el acceso a ambos servicios en Santa Fe si no hay una actitud distinta por parte del Estado”.

Suspensión

Para Busatto, durante los dos últimos años, cuando comenzó el proceso de quita de subsidios por parte de Nación, “ha habido un esfuerzo muy importante de todos los contribuyentes para cumplir con el pago de las tarifas, y me parece que esta vez, de modo excepcional, el Gobierno provincial debe trasladar ese esfuerzo a otro lado”. En virtud de este axioma es que presentó el proyecto que “declara la emergencia tarifaria para el acceso al agua potable y la energía eléctrica, que dependen de la provincia de Santa Fe” a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas S.A. (Assa).

La iniciativa significa, según explicó el dirigente peronista, “que por 12 meses se suspendan los aumentos ya dispuestos, se prohíban próximas subas posibles y se retrotraigan las tarifas a los valores de noviembre de 2017 cuando se dio el último incremento”. Assa, al igual que la EPE, es una compañía del Estado provincial y pidió un incremento del 50 por ciento en dos partes: 25 por ciento a aplicarse en mayo y el resto en julio. La firma eléctrica, en tanto, ya puso en vigencia un aumento propio de 12,9 por ciento a partir del 1° de febrero, al que se le sumó una suba desdoblada de los costos de la energía mayorista de otro 22,6 por ciento, lo que totaliza 35,5 puntos.

El texto establece, además, que se impidan los cortes de servicios para desempleados, jubilados que cobren la mínima, asociaciones civiles sin fines de lucro y pymes, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, empleados de servicio doméstico e inscriptos en el monotributo social. Ante situaciones de cortes ya concretados, fija que se establezcan planes de pago en cuotas que no superen el 20 por ciento de la factura adeudada y se disponga la inmediata reconexión sin cargo para el usuario.

Encarecimiento

En cuanto a los fundamentos, Busatto afirma que el encarecimiento de la tarifa eléctrica en Santa Fe fue sideral desde que Juan José Aranguren llegó al Ministerio de Energía. “En 2015 ─reveló─ el megavatio mayorista subsidiado por Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, quien le vende energía a la EPE) estaba 31 pesos, y en marzo de 2017 saltó a 641. Ahora, también es cierto que durante 8 años la provincia compró energía a tarifa plana, sin ningún incremento, y, sin embargo, hubo subas en la tarifa para los usuarios santafesinos.

“Si uno mira ─aseguró─ que el agua ha aumentado en promedio el 2600 por ciento en los últimos 9 años y la luz 380 por ciento en los últimos dos, y lo compara con lo que fue la inflación y el aumento de los salarios, ya estaría todo compensado, no haría falta aumentar más”. Además, insistió en que “tampoco pueden argumentar que hicieron obras, si, por ejemplo, colocaron la mitad de los micromedidores de consumo de agua que prometieron. E incluso se podrían utilizar otras herramientas: Rosario acaba de recibir a fines de diciembre un aporte no reintegrable de 150 millones de pesos para reponer alumbrado público. ¿No puede usarse ese dinero para subsidiar el consumo de energía de los usuarios que lo necesitan?”, se preguntó.

Voluntad política

El referente justicialista fustigó al Gobierno provincial al decir que “está claro que hoy no tiene ninguna respuesta para aquellas personas que están fijándose si comen o pagan la luz, o los que no pueden ahorrar por pagar estas tarifas altísimas. Uno no puede estar diciendo que le importa que los santafesinos tengan buena luz, buena agua o que quiere servicios accesibles, porque lo que estamos viviendo impacta de lleno en los sectores vulnerables y nosotros interpretamos que el Estado no puede ausentarse. Ahora, si esa es la decisión política, deberá pagar los costos ante la sociedad. El primer paso es tener voluntad política”, disparó.

En un plano general, también resaltó que “los subsidios, como se plantean en la era de Macri, parecieran que fueran regalos del Estado, y en realidad son aportes que hace para que el acceso a los servicios sean importantes y universales. Me parece que se busca denigrar la palabra "subsidio", tratando de que todo lo que tiene que ver con derechos humanos básicos se termine convirtiendo en mercancía”, advirtió.

Freno

En tanto, el gobernador Miguel Lifschitz ya adelantó la negativa de la provincia y descartó los proyectos presentados en la Cámara de Diputados para dejar sin efecto los aumentos en las tarifas de agua y energía. “No es viable congelar las tarifas", dijo el mandatario, y atribuyó las presentaciones a “que los legisladores tienen la libertad para opinar”.

"Nosotros, que tenemos la obligación de gobernar y de garantizar el servicio, sabemos que necesitamos los recursos que aporten las tarifas y el Estado, porque Aguas Santafesinas es una empresa en la que el Estado aporta no solamente para cubrir el déficit operativo, sino también para hacer inversiones que de otra manera no tendrían lugar", expresó el gobernador.


El lápiz verde