¿Qué dice el protocolo de la polémica que firmó Rubinstein?

La resolución renovó el de 2015. Plantea que la interrupción del embarazo no es delito cuando existen motivos de salud o cuando el embarazo es producto de una violación.

La resolución 3158/2019 de la Secretaría de Salud, publicada hoy en el Boletín Oficial, renueva el protocolo de "Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)" de 2015, y remarca que el aborto no es delito en la Argentina cuando existen motivos de salud o cuando el embarazo es producto de una violación. 

El protocolo establece los derechos de las personas y las obligaciones del sistema de Salud para garantizar el acceso a los abortos legales y seguros, según lo que señala el Código Penal desde 1921, y aquello que ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.

El anexo de 78 páginas remarca que "el aborto en Argentina no es considerado delito cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo sea producto de una violación, según establece el artículo 86° del Código Penal".

A su vez, subraya que "en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año", aunque es una cifra estimativa ya que por tratarse de una práctica mayormente clandestina no se dispone de datos precisos.


Derecho a la interrupción del embarazo

En la Argentina, toda mujer, niña, adolescente, y en general toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando:

  • El embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante.
  • El embarazo representa un peligro para la salud de la persona gestante.
  • El embarazo proviene de una violación (se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial).


Principios rectores que guían la atención de ILE

Los principios rectores que guían la Interrupción Legal del Embarazo son: principio de autonomía, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad/rapidez y transparencia.

Autonomía: "Todas las actitudes y prácticas de los profesionales de la salud deben estar destinadas a que, en base a la información veraz, adecuada y completa que se le brinde, la mujer pueda tomar la mejor decisión posible para ella. Por esto, es deber proveer la información necesaria para que pueda entender el proceso".

Accesibilidad: "No deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica".

No judicialización: "La interrupción debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas,administrativas o judiciales. Judicializar significa dar intervención de cualquier forma a organismos judiciales o policiales, dando estado público a una situación privada y confidencial de quien acude al servicio de salud".

"El mandato de no judicialización implica que con la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuadra en las circunstancias que legalizan la interrupción".

Confidencialidad: "Es derecho de las personas (con o sin discapacidad) que quienes participen en la elaboración o manipulación de la documentación clínica guarden la debida reserva".

Privacidad: "Los servicios donde se lleven a cabo procedimientos de ILE deben respetar la privacidad de las personas usuarias durante todo el proceso".

Celeridad/Rapidez: "Se debe garantizar una atención ágil e inmediata. Las instituciones en las cuales se practique deberán prestar toda la colaboración necesaria para que el proceso de atención integral pueda ser brindado lo más pronto posible".

Transparencia activa: "Los profesionales de la salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar toda la información disponible de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita. Dicha información debe ser actualizada, completa, comprensible y brindada en lenguaje y con formato accesibles".


Métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las interrupciones legales de embarazos

El protocolo detalla que "el procedimiento es sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas", por lo que especifica los métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para las interrupciones legales de embarazos de acuerdo a la cantidad de semanas de gestación.



Objeción de conciencia: "Es individual, nunca institucional"

Otro tema que generó una fuerte polémica durante el debate por la legalización del aborto fue la objeción de conciencia, por lo que el protocolo remarca: "La objeción de conciencia no puede traducirse en un incumplimiento de los deberes de los profesionales prestadores de salud, ni dañar a terceros en su salud, su autonomía y su dignidad, ni restringir el acceso a prestaciones de salud contempladas en la legislación vigente. El derecho a la salud está protegido por la Constitución Nacional, en consonancia con el marco internacional de derechos humanos".

"Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica", plantea, pero deberá notificar su voluntad previamente a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe.



¿Cómo se aplica el protocolo ILE hoy en el país?

En 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó lo señalado en el Código Penal a través de un fallo paradigmático conocido como "F.A.L" (por las iniciales de la madre de una adolescente víctima de violación que tuvo que llegar al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut para poder interrumpir su embarazo).

En ese caso, el máximo tribunal ratificó que en Argentina no es necesaria la denuncia ni autorización judicial para llevar adelante interrupciones legales del embarazo. Y exhortó a la Nación y las provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura mediante protocolos hospitalarios.

En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud del país.


¿Qué provincias adhieren al Protocolo de Aborto No Punible?

De las 24 jurisdicciones del país solo doce adhieren al protocolo, seis tienen protocolo propio y las restantes siete no tienen ni adhieren al protocolo.

  • 12 provincias que adhieren al protocolo: Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y San Luis.
  • 6 provincias tienen protocolo propio: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Neuquén, Río Negro.
  • 7 provincias no adhieren al protocolo: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.


El lápiz verde