Pruebas contra Vicentin: ocultamiento de empresas y una llamativa donación

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) del gobierno santafesino denunció la intención de esconder activos por parte de la cerealera. Además, el organismo investiga una donación de una accionista a sus hijos.

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) del gobierno santafesino sumó elementos que denuncian la intención de ocultamiento de activos por parte de la cerealera Vicentin SAIC en perjuicio de los acreedores y de la transparencia del concurso preventivo que lleva adelante el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini

En rigor, la ampliación de pruebas surge como respuesta al juez quien resolvió abrir un "incidente por separado" al pedido del gobierno santafesino de desplazar al directorio de Vicentin. Vale recordar que el magistrado, tras la intervención nacional, desplazó a los interventores y repuso a los dueños de la cerealera en el directorio.

Es por eso que para darle más fuerza al reclamo de apartamiento del directorio de Vicentin de la conducción de la empresa por una intervención tripartita, la IGPJ suma elementos que prueban que las empresas que conforman el grupo cerealero son muchas más que las que se encuentran en el concurso de acreedores.

Puntualmente contabilizan unas 15 empresas en el país y otras diez en el exterior que quedarán afuera del concurso. Todos tienen el control de Vicentin SAIC según la presentación judicial, pero con un ocultamiento evidente a través de firmas offshore en Uruguay, Panamá, y Brasil.

Completa la denuncia de presuntas irregularidades un informe acerca de las operaciones inmobiliarias realizadas por menos cuatro de los directores de Vicentin entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, es decir, ni bien se presentó el default y antes de comenzar el concurso. La IGPJ presume que las transacciones fueron a propósito para correrlo del patrimonio en caso de que debieran responder a los acreedores.

Una donación que levantó sospechas

Una de estas operaciones que despertó la sospecha del organismo de Santa Fe es una cesión bienes que se produjo días después de que el conglomerado industrial entre en concurso de acreedores. Una accionista de Vicentin, donó el 10 de enero último cinco inmuebles de sus propiedad a sus hijos, lo que para la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe constituye un posible intento de "enajenación de bienes" ante la caída de la compañía.

Las donaciones están reseñadas en el texto que la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, presentó ante el juzgado Civil y Comercial de la segunda nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, como ampliación del ofrecimiento de prueba para solicitar la intervención de Vicentin, dijeron los portavoces. Lorenzini es el magistrado que tiene en sus manos el concurso de la cerealera y aún debe resolver si acepta o rechaza un pedido de intervención de la administración realizado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe.

En el documento, Stratta adjunta una escritura pública pasada el 10 de enero de 2020 en la localidad santafesina de Avellaneda, sede de la empresa, por ante la escribana Mónica Lorena Ponticelli, mediante la cual la accionista de Vicentin, Bettina Eliana Padoán "dona con reserva de usufructo a sus hijos (algunos menores de edad) un inmueble" en esa ciudad del norte santafesino.

El escrito agregara que existe "otra escritura de igual fecha -número 6- y ante la misma escribana, mediante la cual se dona, también a los hijos y con reserva de usufructo, tres inmuebles más". Además, aporta como documentación una tercera escritura –número 7- "de igual fecha y ante la misma escribana, donde dona a sus hijos con la misma reserva otro bien inmueble" cuyos detalles no brinda. "Todos los certificados, que también constan en el anexo, habían sido ingresados el 18 de diciembre de 2019", señala Stratta al juez del concurso de Vicentin.

Tras analizar y aportar documentaciones sobre casos similares de otros tres accionistas de la empresa, su presidente Daniel Buyatti, Roberto Oscar Vicentin y Martín Colombo, la titular de la IGPJ de Santa Fe concluye que "esta información resulta relevante, teniendo en cuenta que -de conformidad con lo dispuesto en la ley general de sociedades- los directores deben garantizar a la sociedad su desempeño".

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