¿Progresar? Del derecho universal al mérito individual

Por: Lucía Gutiérrez

Cuando en enero de 2014 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el lanzamiento del Programa de Respaldo a los Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), lo definió como parte de un Sistema Integral de Seguridad Social. Este sistema se encontraba conformado, por ese entonces, por la Asignación Universal por Hijo, el Programa Conectar Igualdad, el Seguro de Capacitación y Empleo, el Seguro por Desempleo, el Sistema Previsional de Reparto, el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, la Red de Servicios y Promoción de Empleo, Capacitación y Formación Continua, el Programa PROCREAR y los Planes Argentina Trabaja y Familia Argentina, entre otros programas. Es decir, un conjunto de políticas orientadas a la inclusión de sectores vulnerables, buena parte de las cuales tomó la forma de subsidios. Los subsidios pueden definirse, sintéticamente, como transferencias -monetarias, en general- efectuadas desde el Estado para alterar el valor de algún bien social y volverlo así más accesible para determinados sectores.

Dentro de este conjunto, el programa PROGRESAR se orientó específicamente a subsidiar a jóvenes de entre 18 y 24 años, en cuyos grupos familiares el ingreso total percibido fuera menor al salario mínimo vital y móvil de ese entonces ($3.600), para promover sus estudios tanto de nivel obligatorio como superior. Para ello, en sus inicios el programa otorgaba $600 mensuales mientras exigía la presentación de certificados de escolaridad en tres momentos de cada ciclo lectivo y de un control anual de salud. PROGRESAR recibió, en su primera semana en vigencia, 30.000 solicitudes. Por su condición de subsidio, todas aquellas solicitudes que cumplieran con los requisitos mencionados, obtenían acceso al programa. Un año después, en abril de 2015, pasó a otorgar $900 mensuales y elevó el techo para los ingresos familiares a tres salarios mínimos ($14.148 para ese entonces).

Cuando en diciembre de ese año Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales y el gobierno de Cambiemos se hizo cargo de la administración nacional, el programa fue congelado. Así, los $900 mensuales permanecieron inalterados hasta comienzos de 2018 y perdieron de manera abrupta su poder de compra frente a una inflación acumulada de 112% en tres años. Finalmente, en febrero de 2018, la administración del programa dejó de estar en manos de ANSES para pasar a depender de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Cambió, también, su naturaleza: dejó de ser un subsidio universal orientado a efectivizar el acceso a la educación a ser una beca económica entregada de acuerdo con el mérito académico individual de cada estudiante. Esta modificación excluyente se tradujo directamente en una drástica reducción en el número de estudiantes perceptores del programa: pasó de crecer desde 824.323 en julio de 2015 a 916.719 en julio de 2017, a caer a 539.007 en julio de 2019.  

Es importante aquí leer la diferencia entre un subsidio y una beca de manera más profunda: mientras que el primero tiene carácter universal porque el Estado asegura que quien necesita un subsidio, lo recibe; la segunda tiene carácter individual porque sólo la recibe quien cumple con ciertos méritos personales. Y, como bien han demostrado bibliotecas enteras de investigaciones sobre educación, alcanzar méritos académicos individuales está más ligado a las trayectorias y condiciones educativas del entorno inmediato del estudiante que a su voluntad personal.

Pero la diferencia es aún más honda: da cuenta del rol que se entiende debe jugar el Estado frente a la sociedad y, en particular, frente a los sectores más vulnerables. Así, mientras que el espíritu inicial del PROGRESAR entendía a este programa como parte de un Sistema Integral de Seguridad Social mediante el que el Estado aseguraba el acceso a derechos para determinados actores sociales históricamente desfavorecidos, a partir de la llegada de Cambiemos a la administración nacional, el Estado en general -y el programa en particular- pasó a concebir a la sociedad como un conjunto de individuos a quienes beneficiar aislada y desarticuladamente, de acuerdo con sus credenciales personales. Se pasó de un Estado responsable de asegurar el acceso a derechos y compensar desigualdades estructurales a un Estado encargado de destacar individualidades y desatender inequidades societales. La quita de subsidios para jubilados/as y situaciones de discapacidad que también ejecutó el gobierno de Cambiemos son, tal vez, las más claras -y crueles- muestras de lo expuesto.  

Combatir las inequidades a través de un Estado responsable y articulado es tarea del gobierno entrante. Especialmente, si se entiende que es la educación -junto con la inclusión laboral en un marco de desarrollo productivo nacional- de quienes han estado históricamente relegadas y relegados, la clave para alterar la posición desigual en la que se encuentran.    


*Maestranda en Políticas Públicas (UNSAM), Docente (UBA-UNSAM-UNM), Integrante de UEPLAS

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