Procuro olvidarte: el debate sobre las cárceles en Argentina

En los primeros meses de la pandemia, la situación en las cárceles ocupó un lugar central en el debate público. Unos meses después, la temática se tiñe de indiferencia y lo que se evidenciaba como insostenible volvió a ser naturalizado. ¿Cómo podemos explicar este oportuno olvido?

Los argentinos cumplimos alrededor de seis meses desde que por primera vez sentimos que los sucesos iniciados en la región de Wuhan, en la República Popular China, podían tener algún impacto en nuestra nación austral. En esos primeros meses, uno de los principales temas que ocupó la agenda mediática fue el de la supuesta liberación masiva de presos. Sin embargo, en la actualidad, el tema pareció esfumarse de nuestra realidad. ¿Es que en las cárceles, mágicamente, se resolvieron los problemas de hace unos meses? ¿Es que los detenidos se inmunizaron del peligro de contraer coronavirus? Evidentemente, la negativa a estas preguntas nos invita a debatir y reflexionar sobre una problemática que sin dudas no merece ser olvidada.

En múltiples sentidos, la pandemia profundizó las deficiencias existentes en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Así es como las carencias históricas registradas en las cárceles de todo el país, tales como el hacinamiento, las condiciones degradantes e indignas de encierro, las torturas y el maltrato, las deficiencias en derechos básicos como salud y alimentación, las restricciones a los derechos de educación, cultura y trabajo, se vieron agravados exponiendo con claridad las desigualdades estructurales en la Justicia Penal y en el Sistema Penitenciario, de acuerdo a lo expresado en el acta de cierre del VII Encuentro de la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro.

Frente a esta situación, rápidamente la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y, por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtieron la necesidad de descomprimir la cantidad de personas en los presidios, dado que la superpoblación existente se constituía como un peligro inminente en caso que ingresara el virus del COVID-19 a los penales. En términos generales, las recomendaciones señaladas por los organismos afirmaban que la mejor manera de enfrentar la emergencia sanitaria era mediante alternativas diferentes a la encarcelación, instando urgentemente a evitar el aumento de prisiones preventivas. Asimismo, organismos de derechos humanos sostenían la necesidad de conceder prisiones domiciliarias para aquellos detenidos que cumplieran con los requisitos necesarios, muchos de ellos a su vez, población de riesgo.

Sin embargo, según Nicolás Bessone, las medidas que predominaron impactaron principalmente en la suspensión de las visitas de familiares, la suspensión de las actividades académicas, laborales y culturales que requerían de la presencialidad de personas extramuros así como las restricciones en el acompañamiento de psicólogos, terapistas ocupacionales, talleristas, etc. Conjuntamente, otra restricción establecida fue la interrupción de las salidas transitorias. Por último, es interesante agregar que los detenidos sufrieron una alteración profunda en su día a día como consecuencia de la dificultad para contactarse con el Poder Judicial.

De estas líneas, la primer pregunta que emerge radica en por qué si las recomendaciones de los organismos internacionales apuntaban a la necesidad de descomprimir la población carcelaria, las medidas tomadas se concentraron en el mayor hermetismo de las prisiones. Una aproximación muy interesante sobre esta cuestión fue propuesta en un artículo del periódico El Ciudadano, por el Dr. Mauricio Manchado junto con la Lic. Maria Chiponi. Los académicos señalaban una serie de desplazamientos de sentido que operaron sobre la temática en su tratamiento mediático. Así, luego de los sucesos de la cárcel de Devoto y del temor infundado por la liberación masiva de presos, la pregunta por la manera en que la cárcel argentina castiga y el daño que su defectuosa estructura (material y simbólica) infringe a quienes habitan allí, mutó hacia la discusión sobre los delitos cometidos por los prisioneros.

Siguiendo el análisis de los investigadores, este desplazamiento de sentido caló fuertemente en la gran parte de la sociedad civil, la cual respondió afirmativamente a las interpelaciones mediáticas, como dejaron en evidencia los cacerolazos en contra de las medidas de excarcelación. Pero además, fomentó un debate al interior de los espacios que se representaban social y políticamente como progresistas. Así, los organismos de derechos humanos debieron discutir la excarcelación de presos por delitos de lesa humanidad y, por otra parte, los conservadores comenzaron a debatir sobre un tema que inicialmente se mostró prometedor pero que finalmente potenció la lógica punitivista: las deficiencias de los sistemas o programas “pospenitenicarios” tanto en lo referido al control –que era lo que más le importaba a las “cacerolas del atardecer”– como a la asistencia.

Asimismo, otro punto muy interesante de subrayar, fue el impacto que el desplazamiento de sentido hacia los delitos tuvo en el movimiento feminista. Las discusiones que fomentaron algunas figuras políticas buscaba argumentar que muchas de las personas beneficiadas por la excarcelación estaban detenidas a causa de haber cometidos delitos graves, tal es el caso de una violación. Si bien esta afirmación es inexacta en muchos sentidos, el ánimo de este artículo no es, justamente, discutir sobre los delitos que cumplen las personas presas, sino aportar una visión enriquecedora como la que propone Moira Peréz en un entrevista realizada por Agustina Paz Frontera.

En la entrevista, la Doctora en Filosofía, invita a reflexionar sobre las consideraciones de una parte del feminismo que piensa a la justicia como castigo y el castigo como cárcel. Así, partiendo de un diagnóstico de una sociedad desigual, este feminismo impulsa una búsqueda de equidad que incluye la justicia para las mujeres, donde incluso entendiendo la justicia como castigo, se limita a la penitenciaría como horizonte último deseable. De esta manera, para la investigadora, el hecho de que este sector pida que “no salgan nunca más” demuestra de forma evidente que no se cree en la capacidad transformadora del sistema penal, sino que el mismo queda circunscripto a un contenedor de personas que por el imaginario que ha se construido sobre ellas –“el macho violento”–, no merecen, bajo ningún concepto, su liberación.

Este punto, que como señala la autora es contraproducente para las mujeres porque las vuelve a ubicar en un lugar tutelado, forma parte de la cultura punitivista en términos más amplios. Así, ya desde los textos de Sykes, la monstruosidad del reo es un condición sine qua non para generar en la sociedad la distancia necesaria para olvidar que las personas encarceladas se encuentran bajo la protección del Estado, que su bienestar descansa a merced de este y permite, asimismo, continuar sosteniendo, en sus condiciones actuales, a una institución que a todas luces genera daño en la personas que la transitan.

Es por esto, que la autora nos estimula a cuestionarnos la manera en que como sociedad queremos responder a la violencia, escapando del recurso cómodo de estigmatizar a quienes apuestan por perspectivas punitivistas. Peréz parte del reconocimiento de que en algunos casos el pedido nace del daño que se le ha causado a las víctimas y sobrevivientes cuyos derechos han sido, también, sistemáticamente vulnerados. En este círculo pernicioso, el sistema penal es la única vía que se les ha ofrecido institucionalmente y, desde el imaginario social, la única manifestación que puede presentar la justica y la manera de obtenerla.

En definitiva, es urgente que retomemos el sentido original del debate que la pandemia había habilitado. Tenemos una oportunidad para repensar en conjunto, como comunidad, cómo queremos establecer los sistemas de penas. Que revisitemos la noción de Tolerancia Cero dado que, como señala Manchado, suele efectivamente materializarse en Intolerancia Selectiva. Además, es momento también para que consideremos cómo es la vida de las personas que habitan las cárceles argentinas. En este sentido, de acuerdo a la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), de los pedidos de intervención que han recibido en los últimos meses, el 50% de los habeas corpus solicitados y el 94% de los pedidos de prisión domiciliaria se sustentan en problemas de salud de los detenidos.

Esta situación merece nuestra atención de manera urgente. Aunque nos signifique un debate incómodo, olvidar y seguir de largo ya no es una opción.


Sobre la autora 

Victoria Musto Barello es Licenciada en Relaciones Internacionales, adscripta a la asignatura Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas y Argentinas (FCPOLIT - UNR), conductora del programa Café Internacional y periodista para Conclusión.

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