¿Cómo es la privatización de la obra pública que promueve el Gobierno?

Mediante los contratos de Participación Público Privada (PPP), el Ejecutivo prevé captar inversiones por US$ 26.000 millones y sostener la obra pública en medio del ajuste fiscal. Cuáles son los riesgos para el Estado.

Los contratos de Participación Público Privada (PPP) representan una carta fuerte que el Gobierno nacional se juega en su intento de atraer inversiones e impulsar obras de infraestructura de gran escala en un contexto de creciente ajuste fiscal. El jefe de gabinete Marcos Peña señaló, a fines del año pasado, que esta herramienta “implica más trabajo, más oportunidades y, sobre todo, la posibilidad de acelerar, en esta nueva etapa de la Argentina, la construcción de la confianza”.

El Poder Ejecutivo apoya esta iniciativa como un recurso único para dinamizar la inversión privada: estima recibir fondos equivalentes al 1% del PBI a lo largo de los próximos 5 años. Las PPP, sin embargo, han fracasado en muchos países, pueden abrir una ventana para juicios millonarios contra el Estado e implican privatizaciones encubiertas en áreas estratégicas.

¿Qué son los contratos de PPP?

Es un nuevo esquema de financiación de obras. Si en la modalidad tradicional el Estado contrata a una empresa privada y le paga a medida que realiza un proyecto, con esta herramienta los términos de la relación se invierten. La compañía privada financia la mayor parte de la obra y el Estado, a cambio, garantiza las condiciones para el recupero de la inversión.

De acuerdo al Banco Mundial, este tipo de asociación supone “un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos”.

El régimen fue aprobado por el Congreso de la Nación en noviembre del 2016, por iniciativa de Cambiemos y con el acompañamiento de parte del peronismo. La ley 27.328 especifica las obligaciones, las sanciones y las formas de ejecución de las obras enmarcadas en esta norma.

¿Cuál es el beneficio del sistema de PPP, según el Gobierno?

El oficialismo sostiene que este instrumento permite conciliar los objetivos de desarrollo de obras públicas y ahorro fiscal. Es el privado, y no el sector público, el que financia la infraestructura. El formato de PPP, estiman los funcionarios del ministerio de Finanzas, facilitará la realización de obras en áreas variadas como transporte vial, transporte ferroviario, transmisión eléctrica, eficiencia eléctrica, hospitales, cárceles. Además, está previsto que se realice dentro de este marco la Red de Expresos Regionales, una obra faraónica que conectará las principales líneas de trenes del área metropolitana.

El Gobierno lanzará a lo largo del 2018 15 programas licitatorios, con 60 proyectos individuales, mediante los cuales prevén captar inversiones por US$ 26.000 millones de dólares. Este “fondeo alternativo” habilitaría al Estado a facilitar bienes y servicios públicos que la situación fiscal, a priori, no le permite costear.

Lanzamiento PPP 2017-11-01 Completa by El País Digital on Scribd


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Proyectos de inversión vía PPP

  • Recambio a luminarias LED de todo el alumbrado público.
  • Más de 3.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctricas.
  • Más de 2.800 kilómetros de autopistas y 4.000 kilómetros de rutas.
  • 685 kilómetros de vías de ferrocarriles.
  • 2 puentes para mejora de la logística de transporte.
  • Construcción de complejos penitenciarios en la Provincia de Buenos Aires.
  • 170.000 metros cuadrados de hospitales.

¿Qué pasó en la primera licitación?

Después de algunas demoras, el 24 de abril se abrieron los sobres correspondientes a las ofertas de la primera etapa de licitación de obras del módulo “Red de Autopistas y Rutas Seguras”. En total se recibieron 32 ofertas por parte de 7 empresas internacionales y 19 locales, entre ellas Techint y Roggio.

El tramo licitado consta de seis corredores en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Mendoza. Se estima una inversión de US$ 6.000 millones para un total de 3.353 kilómetros de rutas, en un período de cuatro años para la realización de las obras. Los ganadores de los contratos viales se anunciarán entre el 16 de mayo y el 1º de junio próximo.

PPP: Privilegio Para los Privados

El sistema de PPP implica que las empresas pongan dinero que el Estado no está en condiciones de poner. Para que los privados tengan fuertes incentivos para invertir, el presidente Mauricio Macri estableció por decreto dos beneficios extra para las compañías:

  • Exención del Impuesto a las Ganancias e IVA. El decreto 300/2018 fijó la condonación de estos tributos para "el componente de interés de los certificados, valores negociables de los certificados, títulos valores, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del contratista PPP, que emita el Fideicomiso Individual PPP". Al parecer, este beneficio fue planteado como requisito por las grandes compañías para ingresar en el negocio.
  • Tribunales internacionales. El decreto 299 dispone “el arbitraje con prórroga de jurisdicción como mecanismo de solución de controversias". Así, las compañías con capital extranjero pueden acudir a tribunales internacionales para dirimir una controversia con el Estado, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los fondos buitre y la reestructuración de la deuda externa.

Aunque las empresas financian las obras, el riesgo corre a cuenta del Estado. Bajo el contrato de PPP, las compañías tienen garantía de que recuperarán la inversión. No solo eso, en determinados proyectos, lo harán a costa de una privatización encubierta. El artículo 19 señala: “Podrán constituirse garantías sobre los derechos de explotación de los bienes del dominio público o privado que hubieran sido concedidos al contratista para garantizar el repago del financiamiento necesario para llevar a cabo los proyectos que se efectúen en el marco de la presente ley”. Así, el Estado pierde soberanía de forma imperceptible. Las empresas se quedan, de este modo, con los “derechos de explotación” de autopistas y rutas vía peajes, o a través del control de las redes ferroviarias.

Los contratos de PPP son también una invitación para los sobrecostos en los proyectos. Como las empresas se financian a tasas más onerosas que los Estados soberanos, las obras terminan siendo más caras que si las hiciera el sector público. El incremento de los costos de las obras impacta en el cálculo de la rentabilidad posterior de las empresas. Cuando las compañías no recuperan la inversión prevista, el Estado suele hacerse cargo de la diferencia, o la controversia termina en un tribunal internacional, donde los privados juegan “de local”.

Riesgos y problemas a la luz de la experiencia internacional

Los contratos de PPP son una modalidad utilizada en muchos países del mundo. La experiencia, sin embargo, es mayormente negativa. En un informe de marzo de este año, la Corte Europea de Auditores advirtió que esta herramienta “no puede ser vista como una opción económicamente viable para desarrollar infraestructura pública”. Y concluye que “muestra extensos problemas y beneficios limitados”.

El documento señala tres grandes falencias de las PPP: debilidad del Estado frente a sus contrapartes privados, atraso en las obras y sobrecostos en los proyectos. Sobre 12 PPPs auditados en la Unión Europea por un total de  €11.800 millones, la institución estima que hubo un gasto ineficiente de  €1.500 millones. Además, los gobiernos de Grecia y España tuvieron que aportar €1.500 millones extra porque no cerraban las cuentas con las empresas que debían construir cinco autopistas.

En América Latina, el régimen de PPP está en crecimiento. De acuerdo al Banco Mundial, este sistema pasó de generar inversiones por US$ 8.000 millones en 2005, a US$ 39.000 millones en 2015. Sin embargo, el 70% de las obras tuvieron que renegociarse por recálculo de costos.

Más dudas que certezas

El esquema de PPP está pensado para economías estables y con baja inflación, algo ausente en la actualidad argentina. En un contexto de volatilidad del dólar y de aumento de las tasas de interés, crecen las dudas de los empresarios por las dificultades para financiarse en los mercados internacionales. Para el Gobierno, el sistema es una de las claves para mantener la obra pública, en un año en el que ya anunció un recorte de 30 mil millones de pesos en el área, y en el que se esperan mayores restricciones por el acuerdo con el FMI.

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