¿Por qué necesitamos repensar las tareas de cuidado?

Por: Florencia Lucione


En 2019, el hoy exlegislador Carlos Tomada presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que adhirió recientemente el bloque del Frente de Todos, para la creación de un Sistema Integral de Cuidados.

El SIC está destinado a garantizar el derecho al cuidado para las personas que así lo requieren, de modo que puedan desarrollar su vida en condiciones igualitarias. Estos son: niños y niñas entre 0 y 13 años, personas con discapacidad en situación de dependencia, mayores de edad en la misma condición.

Se busca crear un órgano interministerial, integrado por una Secretaria de Cuidados, una Junta Ejecutiva, un Comité Consultivo, un Observatorio, y servicios de cuidados a cargo de personas físicas, jurídicas, publicas y privadas; conformados por representantes de los ministerios intervinientes, de los distintos prestadores de servicios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y distintos profesionales.

Su principal objetivo se vincula con la coordinación, desarrollo y observación de acciones y políticas públicas que impacten en las tareas de cuidado.

La importancia de este proyecto recae sobre la visibilización de aspectos centrales que hacen a la dinámica de las relaciones interpersonales y laborales: la desigualdad de género y el trabajo no remunerado. Ambas, estrechamente vinculadas y sumamente naturalizadas en nuestra construcción cultural.

Estos dos factores se interrelacionan dando como resultado que no se reconozca la función social y económica que tienen las tareas de cuidado y, en este sentido, precarizan a las personas que las desarrollan. Asimismo, teniendo en cuenta la división del trabajo en función de los géneros (mediante la que se asignaron los roles públicos a los hombres y las tareas de la vida privas y domestica a las mujeres), podemos ver como la brecha de inequidad se amplió en desmedro de quienes fueron ubicadas como las responsables de garantizar el sostén del hogar y el cuidado de niños, mayores adultos y personas que, por alguna causa, requieren de otras para desarrollar su vida.

Es de destacar que estas tareas se reasignan principalmente entre mujeres, y que, en muchos casos, se trata de hermanas mayores u otras personas jóvenes que dedican muchas horas a estos cuidados mientras restringen tiempo para estudios, otros trabajos remunerados, ocio u otras cuestiones destinadas al desarrollo de su propia vida.

Según un informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las diversas formas de trabajo no remuneradas, las tareas de cuidado son realizadas por mujeres en un 71% de casos, mientras que los hombres lo hacen en un 29%. Del total de tareas no remuneradas, las mujeres llevan adelante el 70% de las mismas.

El último censo nacional, realizado en el año 2010, arrojó un resultado similar y agregó otros datos: 4 millones de mujeres son jefas de hogar y, en el 70% de estos casos, se trata de hogares monoparentales y  pobres.

En un informe emitido meses atrás por la Organización Internacional del Trabajo, se conoció que actualmente en la Argentina el 75% del total de las tareas de cuidado no remuneradas recaen sobre las mujeres.

Por otra parte, la creación de un Sistema Integral de Cuidados no solo sentaría las bases para lograr un panorama más equitativo en materia de desigualdad de género, sino que también brindaría la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo, eliminando el alto porcentaje de informalidad existente en la materia, a la vez que garantiza derechos laborales reconociendo como trabajadores a aquellas personas que se inscriban en el Registro Público.

Ante este escenario, el rol del Estado tiene un papel fundamental, ya que es función del mismo garantizar los derechos de la población destinataria, como asimismo los derechos de quienes llevan a cabo esta función.

Reconocer las tareas, redistribuirlas y remunerarlas son responsabilidades de un Estado que promueva la equidad y que persiga garantizar justicia social para toda la ciudadanía.

Además, el proyecto establece la creación de un sistema de subsidios para la población que no cuente con los ingresos suficientes a fin de afrontar el pago de las tareas. Se propone establecer un baremo de dependencia en el que existan distintos niveles, y los beneficiarios de los subsidios deberán cumplir con determinados requisitos.

Finalmente, se requiere a los postulantes que cuenten con la aprobación de un curso de capacitación reconocido por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.

Es urgente promover un cambio estructural: para entender la importancia de contar con un sistema integral de cuidados es preciso notar la dificultad existente en aplicar dinámicas que rigieron antiguamente a una sociedad que modificó las formas de interrelacionarse. Por lo tanto, hace falta adecuar las instituciones a las demandas actuales, que no son únicamente demandas del conjunto de mujeres pero que sí las convierte en el grupo más desfavorecido.


*Integrante del Colectivo Feminista por la Igualdad de Género

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