Política 2.0: una cuestión económica y de seguridad

OPINIÓN. En un mundo crecientemente interconectado, una comunicación eficaz, información fiable y la seguridad de la misma son activos críticos. La seguridad, legitimidad y rol político de la esfera política tiene, a su vez, su contracara económica en términos de quién es dueño de internet y en qué grado se puede regular la competencia en este ámbito.


La pandemia del coronavirus volvió imprescindible la conectividad a internet. El uso de plataformas que permitieron el pasaje del trabajo, educación y comunicación a través de internet aumentó significativamente con la imposición de medidas de aislamiento social y cuarentenas a nivel global. De una semana para la otra, miles de empresas e instituciones educativas -de todo tipo y tamaño- tuvieron que migrar sus procesos a un espacio virtual, estando o no preparados para trabajar con información en la nube. La esfera política y diplomática, tampoco es ajena a esta tendencia y tuvo que acomodarse de manera fugaz a esta nueva lógica de interacción.

Sin embargo, no es el coronavirus el catalizador del cambio, sino más bien éste se ha prestado como acelerador de tendencias en procesos de digitalización.. En un mundo crecientemente interconectado, una comunicación eficaz, información fiable y la seguridad de la misma son activos críticos. La seguridad, legitimidad y rol político de la esfera política tiene, a su vez, su contracara económica en términos de quién es dueño de internet y en qué grado se puede regular la competencia en este ámbito.


Fuente: Unsplash


Esfera política y digitalización

La manera en la que la esfera política nacional e internacional se reacomodó a esta nueva normalidad y logró comunicar e interrelacionarse es un capítulo aparte digno de ser analizado. Podemos sistematizarlo, sin embargo, como una relación tripartita entre actores: (1) relaciones de la sociedad civil; (2) la relación de los Estados/organismos internacionales con los ciudadanos; (3) y las relaciones entre actores estatales/internacionales. En cada uno de estos niveles de interacción se sufrieron cambios paradigmáticos y que marcarán la manera en la que se lleva adelante la labor política nacional e internacional de ahora en más.  

En ese sentido, las nuevas comunicaciones y relaciones a través de plataformas online se constituyen como un espacio de intercambio dinámico, entrecruzado y difícil de rastrear. Permitió a actores de la sociedad civil, academia y ciudadanos interesados expresarse, instalar agendas, convocar a protestas, generar espacios de intercambio de ideas entre ellos y con los policymakers.

Por otro lado, se ve la responsabilidad de los Estados y organismos competentes a dar una respuesta certera en un contexto de incertidumbre tal como lo es una pandemia. En ese sentido, las vías virtuales han servido a Embajadas, Consulados y Organismos Internacionales a ubicar, repatriar, informar y, sobretodo, calmar a los ciudadanos de sus respectivos países. Se debió repensar la forma en la que llegaban a su público. Si bien ya había repercusiones con respecto al rol de los community managers y la creación de contenido digital planificado por parte de figuras políticas, embajadores y organismos estatales e internacionales, la pandemia instaló nuevos códigos, frecuencia de comunicación e importancia con respecto a la imagen y comunicación virtual. Hoy en día, la presencia virtual curada y correctamente organizada marca la diferencia en la detección de problemáticas, derecho a réplica y un diálogo más dinámico entre quienes toman las decisiones y los ciudadanos afectados por éstas.

Finalmente, podemos encontrar un cambio de paradigma en las esferas más alta de toma de decisiones. Con el correr de los meses y el agravamiento de la pandemia, aquellos eventos y reuniones que estaban suspendidas transitoriamente debieron pasar a una modalidad virtual. Algunas agencias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones lograron adaptarse rápidamente dado que ya contaban con dicha infraestructura. Sin embargo, otras organizaciones como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o la Organización Internacional del Trabajo debieron invertir en sistemas de telecomunicaciones que uniera a los líderes a lo ancho del mundo. Las reuniones ministeriales, de embajadas y parlamentarias merecen un capítulo aparte en tanto a legitimidad, importancia en una comunicación ágil y cómo se puede medir el impacto de la migración en las respuestas certeras a la crisis y sus corolarios.


Reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 19 de mayo Fuente:Naciones Unidas.


Internet como espacio en disputa política y económica

Teniendo en cuenta el aumento en la frecuencia de intercomunicaciones de alto nivel, la importancia del espacio virtual en la fijación de agendas y el mayor volumen de datos que fue procesado a raíz de la necesidad de digitalización, resurgen las incógnitas relacionadas a la ciberdefensa, la neutralidad de la red y la seguridad de esta.

El internet es de todos y no es de nadie. Al menos esa ha sido la concepción histórica desde la democratización de su uso en la década del 2000. En ese sentido, se podría decir que los alcances que tiene el Estado en su regulación, sin vulnerar la libertad de expresión, son bastante acotados. La conectividad se constituiría como un espacio de anomia en el cual es prácticamente imposible ubicar a los generadores de contenido y llegar a un consenso.

Los Estados y empresas y organismos internacionales tampoco han estado exentos de polémicas con respecto a la utilización de información recabada en coparticipación con quienes brindan servicios cibernéticos. Se podría decir que, a grandes rasgos, en la red contamos con dos tipos de información: la libre y la exclusiva. La información exclusiva no está al alcance de todos, sino que de unos pocos actores que pueden pagar y negociar por la misma. Es justamente en este ámbito donde se disputa la seguridad, la ética y los asuntos estratégicos. Los Estados y tomadores de decisiones deben negociar en todo momento para acceder a la información de los prestadores de servicio online que pueden proporcionar información sobre preferencias de usuarios, localización, actividad en línea, etc.

En un mercado donde la información es tanta y tan vasta, no es la información absoluta la que cuenta, sino la información relativa: quien puede proporcionar mejores plataformas, más información y mejores modelos de datos. Esto le asigna una mayor preponderancia a la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías, especialmente en términos de tracking, machine learning e inteligencia artifical.

La necesidad de una inversión mayor genera barreras para la competitividad en línea, generando un ambiente óptimo para el oligopolio y la lucha por el control del espacio cibernético de un puñado de empresas y Estados. De esta forma, se dan tanto adquisiciones verticales como horizontales en términos de empresas, conformando grandes imperios encargados de la venta de software, conectividad, servicios de internet, páginas web y buscadores -que a su vez recopilan información sensible sobre los perfiles de sus usuarios-. En un medio en el contenido es prácticamente anónimo, de todos y difícil de regular, los verdaderos dueños son quienes diseñan hardware, software y disponen de plataformas clave como lo son los motores de búsqueda.

Empresas como Facebook, Google, Microsoft y Amazon controlan hoy en día gran parte de nuestros consumos en la red. Este conglomerado de actores nuclea entre sí una competitividad cada vez mayor, aumentando los umbrales de inversión en investigación y desarrollo, construyendo bases de datos masivas, adquiriendo empresas competidoras, promocionándose unas con otras y acumulando un sinfín de patentes y copyright.

Ahora bien, dada esta condición oligopólica, los Estados y organismos internacionales dependen cada vez en mayor medida de la relación comercial y política con cada una de estas empresas que poseen datos, infraestructura y la posibilidad de brindar seguridad -paga-. De esta forma, el Estado termina, no solamente fallando en la regulación, sino preso de los únicos “dueños ubicables” de la red.


Sobre la autora
Catalina Mas es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se está diplomando en Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional. Fue becaria de la Comisión Fulbright y del Rectorado de la UBA. Es investigadora y coordinadora del Observatorio de Economía Política Internacional del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires (CEPI UBA). .

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