Pierde fuerza la acusación contra el juez Arias y hay dudas sobre el Jury en su contra

La situación del magistrado suspendido dio un giro por la falta de contundencia en la declaración de los testigos presentados por la parte acusadora y por los elogios que recibió de parte de los vecinos a los que favoreció al dejar sin efecto procesos de desalojo.

El Jury de enjuiciamiento que se lleva adelante en la Legislatura bonaerense en contra del juez Luis Federico Arias parece haber dado un giro en las últimas horas por la falta de contundencia en la declaración de los testigos presentados por la parte acusadora y, sobre todo, por los múltiples elogios que recibió el magistrado suspendido de parte de los vecinos a los que favoreció al suspender procesos de desalojo.

Además, algunos yerros del procurador general Julio Conte Grand, que evidenciaron algún grado de desconocimiento sobre algunos de los procedimientos que se le cuestionan a Arias, también fortalecieron la posición del acusado y, según testigos presenciales del proceso, "hasta se nota un cambio de actitud de los integrantes del tribunal hacia el juez".

Lo que pareció evidenciarse tras las primeras jornadas del Jury es que la acusación contra el juez está más centrada el contenido de sus fallos y en el mejor de los casos algunas cuestiones procedimentales menores que podrían ser subsanadas o sancionadas por la vía administrativa correspondiente, sin necesidad de llegar a un juicio político.  Así lo indican fuentes cercanas al magistrado, que insisten en que los fallos contra el tarifazo y a favor de los docentes son el verdadero motivo que llevó al Gobierno a impulsar el Jury.

El primer traspié de la acusación llegó cuando el procurador indirectamente admitió desconocer cómo funcionaba el sistema de envío y recepción de expedientes que se utiliza en los tribunales bonaerenses, lo que podría explicar algunas de las denuncias contra el juez, que tienen que ver exclusivamente con una supuesta dilación en el envío de causas hacia la mesa de entradas.  

Las dos acusaciones más duras tienen que ver con la actuación de Arias en la investigación para determinar el número de muertos por la inundación de La Plata en el año 2013, por un lado, y el freno a varios procesos de desalojo en predios de la periferia de la capital provincial, por el otro.  Y en ambos casos también hubo resultados desfavorables para el Gobierno.

Sobre su actuación posterior a la inundación, Arias se vio beneficiado por la declaración del fiscal Jorge Paolini, a quien le tocó estar al frente de la investigación derivada de las denuncias derivadas de la inundación del 2 de abril.  Las críticas del funcionario hacia el juez estuvieron más centradas en la mala relación personal que los unió que en irregularidades cometidas por el magistrado.  Por ejemplo, afirmó que se sentía completamente auditado por el doctor Arias y agregó que el modo en que se dirigía a él no contribuía con el avance de la causa.

También fue Paolini quien mencionó la presencia de Soledad Escobar, colaboradora de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, en algunos procedimientos y abrió la puerta para un nuevo cuestionamiento hacia el titular del Juzgado en los Contencioso Administrativo N.°1 por su participación en la investigación.  Pero el obstáculo fue salvado con la declaración de la propia Escobar, que aclaró que actuó bajo la figura de Amicus Curiae y que nunca realizó tareas judiciales, y cerró ese elemento, ya que no se agregó documentación probatoria en contrario.

Pero, sin dudas, que los testimonios que más favorecieron la posición del juez fueron los de los vecinos, que relataron con detalle cómo en mayo de 2010 las fuerzas de seguridad irrumpieron en el predio que estaban ocupando en la localidad de Joaquín Gorina y los desalojaron violentamente, en un episodio que enfrentó a Arias con el destituido juez César Melazo.

Los terrenos ocupados pertenecían a la empresa provincial Ferrobaires y los vecinos afirmaban que tenían permiso de la provincia para permanecer en el lugar hasta el mes de septiembre, a pesar de lo cual fueron desalojados. Arias libró un oficio para impedir el desalojo, pero su orden fue desestimada por las fuerzas de seguridad.

El procedimiento que intentó frenar el acusado no contó además con ninguna de la previsiones exigibles, como la presencia de ambulancias y personal médico, del Ministerio de Desarrollo Social, de personal de minoridad y de otros organismos del Estado que deben garantizar la contención de las familias que van a ser desalojadas. En esta parte del proceso, Conte Grand cometió otro gran error al preguntarle al acusado si había tomado esas previsiones, cuando en realidad era Melazo, el juez que ordenó el desalojo, el que debía tomarlas.

Todo esto terminó flexibilizando la posición de algunos de los miembros del jurado, aunque en el entorno del juez admiten que “esto es un juicio político y es esperable que, por lo menos a nivel legislativo, primen los acuerdos”. Algunos trascendidos indican que incluso el procurador le habría comunicado a Arias, casi a modo de disculpa, la incomodidad que le generaba sostener el proceso en estos términos.

Aún no hay definiciones, pero lo que está claro es que lo que hace apenas una semana parecía un trámite para el Gobierno de María Eugenia Vidal hoy podría naufragar por la falta de contundencia en la acusación.


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