Perú, por el cambio del bicentenario

El 28 de julio de 1821 el general San Martín al mando de la Expedición Libertadora entró en Lima proclamando la independencia de Perú; 200 años después, el mismo día en que se festejará el bicentenario de ese acontecimiento, asumirá el primer presidente representante del pueblo profundo del país. José Pedro Castillo Terrones, un maestro de primaria de 51 años, rondero y sindicalista que promete oponerse al establishment que gobierna hace más de 30 años.

Castillo fue dirigente nacional de la Organización de Rondas Campesinas, las cuales se constituían como mecanismos comunales de autodefensa contra el robo de ganado y las incursiones de Sendero Luminoso y el MRTA; luego como dirigente sindical llegó a ser presidente del comité de lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), el sindicato más grande del país, con el cual se hizo conocido a nivel nacional tras la huelga magisterial de 2017. Su carrera política empezó dentro del partido Perú Posible creado por el ex presidente Alejandro Toledo, manteniéndose ahí hasta 2017 cuando el partido se disolvió. En 2020 fue convocado por Perú Libre para ser candidato a la presidencia, siendo éste un partido de carácter marxista-leninista.

El “profe” Castillo viene a romper con una serie de gobiernos de derecha que se establecieron en los ´90 cuando Fujimori se instaló en el poder e impuso un modelo neoliberal sellado en la Constitución de 1993. Desde esa época, los pocos mandatarios que osaron alguna reforma en el sistema institucional y económico fueron empujados a mantener el statu quo. Éste es el principal escollo que deberá sortear Castillo para llevar a cabo su programa transformador.

Las promesas de Castillo están centradas en cambios dentro del sistema, partiendo de la necesidad de una reforma que termine con la Constitución fujimorista, punto fundamental para desplegar sus otras promesas como las de nacionalizar los yacimientos mineros, gasíferos y petroleros; crear una economía popular con mercados, donde el Estado sea regulador y redistribuidor de la riqueza sin llegar a ser interventor; regular las importaciones para proteger la producción nacional; destinar un 10% del PBI a educación y otro 10% a salud (actualmente los presupuestos son de 3,8% y 3% respectivamente); en el plano internacional, la apuesta principal es salir del Grupo de Lima, lo cual quebraría al principal organismo internacional de gobiernos de derecha.

La tarea no es sencilla. Para cumplir sus promesas Castillo deberá enfrentarse a un arco político y económico que no quiere perder sus privilegios y está dispuesto a todo para mantenerse. En primer lugar, deberá afrontar el “voto de investidura”, la presentación ante el Congreso de su equipo de trabajo. El sistema político peruano establece que el Jefe de gabinete debe presentar ante el Congreso a los ministros y definir las políticas que llevará a cabo el gobierno, sometiéndose a la aceptación de parte de los legisladores (el Congreso peruano es unicameral), de ser rechazado, el presidente Castillo deberá nombrar nuevos ministros y repetir el proceso (en caso de un segundo “voto de censura” puede convocar a elecciones para conformar un nuevo parlamento).

Superada esta instancia, los problemas surgirán al querer desarrollar sus políticas. Para reformar la Constitución el gobierno debe reunir los votos de una mayoría calificada con dos tercios de la cámara en dos asambleas legislativas consecutivas; como segunda opción la reforma deberá ser aprobada por mayoría absoluta y una ratificación posterior en referéndum popular. Ante este panorama la única opción de Castillo para gobernar es la de formar alianzas. Con un Congreso que permitió el ingreso de 10 partidos diferentes luego de los resultados de la primera vuelta electoral, Perú Libre cuenta con 37 congresistas propios sobre un total de 130 y solo parte de ellos responden al presidente Castillo, el resto son impuestos por el partido y su líder Vladimir Cerrón, por lo cual mantener la unidad del bloque será primordial. A estos se les podrían sumar otros congresistas de izquierda pero sin alcanzar una mayoría absoluta, obligando a la negociación permanente con otras fuerzas. Esta situación, sumada al estrecho margen con que Castillo ganó las elecciones, marca el riesgo de un futuro pedido de “vacancia por incapacidad moral” que lleve a su destitución, como le ha pasado a sus predecesores. La negociación será entonces el eje central del gobierno de Castillo para poder cumplir su mandato y deberá mostrar su muñeca política en el ámbito del Congreso.

Perú cuenta con una pobreza estructural que asciende al 21,5%, un empleo informal del 77,3%, un salario en dólares a la baja y crecientes números en cuanto a falta de escolarización, deficiencias en viviendas dignas, y un sistema de salud que mostró su deterioro ante la pandemia de Covid19 que azotó al mundo. Estos datos hablan de la necesidad por parte del pueblo de un cambio en el rumbo político, y el surgimiento de un representante llegado desde un ámbito diferente al de la política tradicional, trae ese aire fresco necesario. Luego de haber sorteado los intentos del fujimorismo por impedir su asunción, de soportar las campañas sucias que lo tildaban de dictador comunista que llevaría la decadencia moral a Perú, pasados los llamados de algunos militares por un golpe de Estado antes de que asuma, habiendo también morigerado su discurso para calmar a los mercados y a los empresarios que finalmente aceptaron su victoria; todo está por hacerse. La situación es compleja pero la oportunidad de empezar a reformar Perú y dar un giro inesperado en Latinoamérica, está presente.


Sobre el autor: es licenciado en Ciencia Política, coautor de Liderazgos en su laberinto.

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