Oficializaron el mecanismo para resolver nuevos conflictos de intereses

El Gobierno publicó hoy los dos decretos en el Boletín Oficial. Disponen que la Procuración del Tesoro sea el organismo que regule ante posibles vínculos entre empresas y autoridades del Ejecutivo.

Tal como había anunciado, el gobierno de Mauricio Macri oficializó este miércoles, mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, un mecanismo para resolver conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado, cuando exista relación o vínculo con las autoridades del Poder Ejecutivo que genere dudas, luego de las polémicas en los casos del Correo Argentino y Avianca.

Según el Gobierno, mediante los dos decretos se busca "dar cumplimiento a las reglas sobre ética republicana" en casos donde pudiera existir un conflicto tanto en la defensa de los intereses del Estado como en contrataciones debido a la vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, tal como sucedió con el polémico acuerdo que se había firmado con el Correo Argentino, vinculado a la familia Macri, o con la suspendida adjudicación de rutas aéreas a la empresa Avianca.

El primero, el número 201/2017, dispone que sea la Procuración del Tesoro el organismo encargado de asegurarse "los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público".

Para ello, se constatará que no exista entre los funcionarios y las empresas, así como tampoco con sus directivos o accionistas, "parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia; y amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".

El otro decreto -202/2017- establece la presentación de una "declaración Jurada de Intereses" para "toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado", con el objeto de descartar vinculación con integrantes del Poder Ejecutivo y abogar por la "transparencia" de las decisiones y la ética de los funcionarios.

En esa presentación "deberá declarar si se encuentra o no alcanzada" por vinculación respecto del Presidente y vicepresidente, jefe de Gabinete y demás ministros y autoridades de igual rango en el Ejecutivo, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata, con los mismo parámetros en cuando a grado de afinidad y consanguinidad, pleitos o deudas pendientes y amistad pública que "se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".

La norma dicta que para ser proveedor o contratista del Estado Nacional los interesados deberán presentar esta declaración jurada, y los que ya se encuentran inscriptos deberán presentarla dentro de los próximos 90 días hábiles. Los datos de la declaración jurada de intereses deberán actualizarse anualmente, y en el plazo de 90 días hábiles ante un supuesto caso de vinculación.

En este caso, será la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso, la que reciba y examine esos documentos. Si se diera el caso de una vinculación, se deberá comunicar a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación dentro de los tres días hábiles, y dar luego publicidad total a las actuaciones en la página web y en la de la OA.

El funcionario que se viera implicado en un conflicto de intereses deberá abstenerse de continuar interviniendo en el procedimiento, que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación.

Ambos decretos llevan las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Diarios Argentinos