Notas sobre el golpe a Evo

Por: Javier Cachés

Tras la destitución ilegal de Evo Morales, hay tres grandes desenlaces posibles en Bolivia: la convocatoria inmediata a elecciones libres, la consolidación de un gobierno autoritario que reimplante el orden político en un país en estado de ebullición o el estallido de un conflicto violento entre las dos facciones para definir el acceso al poder. El primer escenario es el más deseable, pero no necesariamente el más probable. Mientras el futuro inmediato es pura incertidumbre, hay por lo menos tres fenómenos en torno al reciente derrocamiento de Evo sobre los que conviene prestar mayor atención.

El regreso de los golpes clásicos

En los últimos años, se extendió en el debate público de la región la referencia a los golpes “con adjetivos”. Distintos observadores vieron detrás de las destituciones de Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay y de Dilma Rousseff en Brasil la realización de un “golpe blando”, un “golpe parlamentario” o un “golpe institucional”. Aunque algo impreciso, el neologismo alude a la salida irregular de los presidentes por medios institucionales aunque de dudosa legitimidad, sin la participación activa de los militares ni la utilización de métodos violentos propios de los golpes clásicos.

Leído en esta clave, el desplazamiento de Evo Morales es un punto de inflexión en la historia reciente de Latinoamérica. Es un regreso al patrón de quiebre constitucional típico del siglo XX: un presidente electo democráticamente -con mandato hasta el 22 de enero del 2020- es removido de su cargo con la intervención directa de las fuerzas de seguridad, por medios abiertamente ilegales y en el marco de persecuciones y detenciones violentes a dirigentes del MAS. No hace falta que Evo muera en el palacio de gobierno como Salvador Allende para advertir en los sucesos de Bolivia un golpe de Estado clásico.

La militarización de la política

En el último tiempo, los militares salieron de los cuarteles y desempeñaron un rol clave en distintos países de América Latina. En Bolivia, las Fuerzas Armadas rompieron el equilibrio de poder entre gobierno y oposición y determinaron el alejamiento de Evo Morales. Sebastián Piñera en Chile y Lenin Moreno en Ecuador se mostraron con militares para hacer frente a las protestas sociales. Algo similar hizo Martín Vizcarra en Perú en su conflicto con el Congreso. En Brasil los militares cumplen un papel clave dentro de la coalición de gobierno de Jair Bolsonaro y en Venezuela son, acaso, el único sostén de Nicolás Maduro.

El renovado protagonismo de las Fuerzas Armadas es el síntoma, antes que la causa, del creciente descontento social que acorrala a los gobiernos de la región. Hay por lo menos dos procesos que explican la actual etapa de inestabilidad en Latinoamérica. El adverso contexto internacional producto del fin del boom de las commodities se traduce en una caída de la popularidad presidencial y en una marcada dificultad de los oficialismos para permanecer en el poder. En paralelo, la crisis del modelo de democracia liberal que se extiende por todo Occidente se manifiesta también en Latinoamérica: según la encuesta de Lapop, el apoyo a la democracia en la región está en su registro más bajo de los últimos 15 años. Esta insatisfacción con las instituciones de gobierno representativo eleva la tolerancia social para la emergencia de desvíos autoritarios.

Con poca legitimidad política, ante las sucesivas crisis sociales y políticas los presidentes han recurrido a la legitimidad militar para reforzar su autoridad. El nuevo activismo de las Fuerzas Armadas alimenta, así, la peligrosa idea propia de los tiempos de la Guerra Fría de que los militares son los últimos guardianes del orden democrático.

El problema de la reelección indefinida

El eje del conflicto que gatilló el golpe de Estado fue la legitimidad de la candidatura presidencial de Evo Morales. Aunque la Constitución reconoce solo dos períodos consecutivos y el líder aymara perdió un referéndum en 2016 que buscaba su habilitación, un fallo del Tribunal Supremo Electoral terminó convalidando su postulación. La decisión fue percibida por la oposición como la manipulación institucional de un proyecto político que buscaba eternizarse en el poder.

En el último tiempo hubo tres países de América del Sur que contemplaron la reelección indefinida del presidente: Venezuela, Ecuador y Bolivia. El destino de los mandatarios que impulsaron este arreglo institucional obliga a repensar la eficacia de la reelección sin límites: Nicolás Maduro terminó clausurando el Congreso para evitar su destitución, Rafael Correa fue traicionado por su delfín y hoy está exiliado en Bruselas y Evo Morales acaba de aterrizar en México para preservar su vida.

Aún reconociendo que los procesos que más distribuyeron derechos en América Latina necesitaron de cierta dosis de personalismo, la reelección indefinida parece conspirar en el mediano plazo contra la estabilidad institucional. Al diluir la posibilidad de alternancia, esta cláusula favorece una dinámica de polarización extrema entre gobierno y oposición.

Sin reelección indefinida, los opositores perciben que la competencia política está más equilibrada y por lo tanto tienen más incentivos para moderar sus estrategias y participar en el sistema. Para los oficialistas, la limitación de los mandatos presidenciales debería servir para desincentivar los personalismos y favorecer las construcciones colectivas- algo más fácil de enunciar que de hacer- que sostengan las reformas en el tiempo. A fin de cuentas, una de las grandes incógnitas que deja el golpe en Bolivia es saber cuánto de las transformaciones que encabezó Evo se mantendrán ahora que fue destituido del poder.

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