Murió el paciente con covid-19 al que le suministraron dióxido de cloro

Un juez federal había ordenado que se lo tratara con esa sustancia que está prohibida en la Argentina. Estaba internado en el Sanatorio Otamendi, en Capital Federal.

Fue confirmada este lunes la muerte del paciente con coronavirus que estaba internado en grave estado en el Sanatorio Otamendi en la Ciudad de Buenos Aires, y que fue tratado con dióxido de cloro.

Un juez federal había ordenado que se le administre esa sustancia prohibida en el país, que no posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ya que su uso podría ocasionar graves consecuencias en la salud.

El caso

La familia del paciente, por recomendación de un médico externo al sanatorio, solicitó al Otamendi que le suministren dióxido de cloro, pero el centro asistencial se negó al remarcar que es algo que está prohibido.

Esa determinación obligó a que se presentara un recurso de amparo que fue aceptado por el juez federal Javier Pico Terrero, quien admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli S.A., en un fallo sin precedentes en el país.

En la misma se determinó que se "administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa" a un paciente en grave estado de salud que "no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno".

El fallo judicial generó rechazo del cuerpo médico de la clínica y de profesionales de la salud porque la sustancia no está avalada como tratamiento o prevención contra esta enfermedad, o ninguna otra.

El dióxido de cloro

El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios. La situación alertó a la comunidad médica, ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes. Varias sociedades científicas evalúan denunciar al profesional de la salud que solicitó la medida y al juez que la dictó.

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