Se duplicaron las detenciones por "resistencia a la autoridad" en la Ciudad

Según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, se duplicaron: pasaron de un 4 por ciento en diciembre de 2016 a un 8 por ciento en abril de este año. Repudio de organismos de derechos humanos.

Según un reciente informe de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los casos de "resistencia a la autoridad" (a las fuerzas de seguridad) en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron: pasaron de un 4 por ciento en diciembre de 2016 a un 8 por ciento en abril de este año. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) informó que recibió entre 5 y 7 consultas semanales por este tipo de situaciones en los últimos meses, mientras que en los últimos 15 años las consultas eran entre 5 y 6 por mes.

“Estamos retrocediendo 30 años en derechos humanos, sobre todo en prácticas policiales que tienen que ser controladas por el Poder Judicial y por el Gobierno. Es lo que se ve en la calle, un aumento de la violencia institucional en los últimos seis meses; en todos los casos se trató de detenciones arbitrarias que buscan el control social de personas estigmatizadas como peligrosas o desviadas”, remarcó el responsable del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Ciudad, Christian Gruenberg, a Página 12.

María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI, aseguró, al mismo diario, que la figura de resistencia a la autoridad es utilizada “históricamente por la policía para justificar una detención y que un juez después diga que se usó la fuerza mínima para reducir a alguien. Es una figura clásica empleada para blanquear tormentos".

Gruenberg destacó que "los casos son cada vez más violentos e ilegítimos. Se ven situaciones donde cinco policías rodean a un vendedor ambulante y lo acusan de resistirse. Y eso es ilegal porque un vendedor no puede resistirse a cinco policías. O el caso de la carpa de Constitución, donde seis vendedores ambulantes fueron rodeados por 70 policías y los imputaron también por resistencia, algo imposible de sustentar”.

Las últimas estadísticas oficiales de la Procuración General de la Nación revelan que, del total de causas penales iniciadas por resistencia a la autoridad en la Ciudad de Buenos Aires, solo el 0,2% de los casos son elevadas a juicio. En diciembre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a la Policía para que pueda pedir documentos a transeúntes en lugares públicos como forma de "prevenir delitos".

A nivel nacional, en las últimas semanas se dieron dos ejemplos resonantes del abuso de las fuerzas de seguridad que, si bien no se encuadran dentro de "resistencia a la autoridad", exponen cuál es el estado de situación. 

En abril la policía jujeña ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy y detuvo al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Hace apenas dos semanas sucedió algo similar en la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuando la prefectura ingresó sin contar con ninguna de las excepciones que fija la Ley de Educación Superior (24.521), que establece en su artículo 31 que "la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".

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