Milei y el sistema previsional: la agenda de las AFJP con un disfraz histriónico

El pasado sábado 9 de enero el economista mediático y gritón Javier Milei publicó una nota en el diario La Nación titulada “Reforma previsional y hundimiento social”, en la que busca construir un argumento en contra del sistema vigente de jubilaciones y pensiones en el país.


El pasado sábado 9 de enero el economista mediático y gritón Javier Milei publicó una nota en el diario La Nación titulada “Reforma previsional y hundimiento social”, que los lectores pueden encontrar aquí. En ella, busca construir un argumento en contra del sistema vigente de jubilaciones y pensiones en el país, planteando, como si su planteo fuera novedoso, que un régimen de reparto y, más aun, con aristas no contributivas, es una de las causas del desastre económico argentino. En esta nota nos proponemos: a) resaltar los profundos errores groseros en los que incurre Milei en su artículo, mostrando su total desconocimiento de la historia argentina y de las especificidades del sistema previsional, b) identificar los elementos comunes entre el discurso de Milei y el que se erigiera como dominante en la década del noventa a fin de impulsar la privatización del sistema a cargo de administradoras privadas de fondos y c) dar cuenta, una vez más, de las enormes contradicciones lógicas de los planteos económicos de los mal llamados libertarios, quienes, cada vez con más espacio en los principales medios de comunicación, operan verdaderamente -ya sea a sueldo, ad honorem o incluso sin quererlo- como agentes del poder económico concentrado del país.

Al inicio de su nota, Milei afirma que el sistema previsional argentino nació inspirado en el modelo de Otto von Bismarck y que, como los pobres vivían menos que los ricos, el esquema funcionaba como un subsidio regresivo. Más allá de que en la jerga de la protección social se suele usar bismarckiano como sinónimo de contributivo y de reparto y se lo suele distinguir del beveridgeano, que tiene base no contributiva, la afirmación de Milei está decididamente mal. Los sistemas previsionales argentinos nacieron a principios del siglo XX como conquistas obreras en determinados sectores, bajo un esquema íntegramente contributivo, más parecido a la capitalización que al reparto, a cargo de cajas jubilatorias heterogéneas y sin control del Estado, más allá de que estas se constituyeran a través de leyes nacionales. En tanto cada caja era autónoma y dado que la enorme heterogeneidad social de aquella época se explicaba entre clases y sectores y no a su interior, cuando Milei afirma que los pobres se morían antes de jubilarse y entonces sus aportes cubrían las jubilaciones de los ricos decididamente está mintiendo: el reparto se hacía al interior de cada rubro y no de la economía nacional en su conjunto. Es más, solo en la década del cuarenta se conformaron cajas jubilatorias masivas y que incluían a trabajadores de bajos ingresos, como las de la industria y del comercio, y recién a finales del segundo gobierno de Perón se instituyó la caja de trabajadores rurales. Es decir, en el esquema original los trabajadores más pobres no eran perjudicados por pagar una jubilación a la que no accederían por morirse antes, sino que directamente no tenían ninguna cobertura.

Entre los cuarenta y fines de los sesenta rigió un mecanismo opaco según el cual las cajas siguieron siendo formalmente autónomas, pero en los hechos el Estado tomaba sus excedentes a cambio de bonos forzosos y regulaba el pago de las jubilaciones a partir de mecanismos que se asemejan al reparto. Además, en tanto las cajas más antiguas ya empezaban a mostrar déficits permanentes y las nuevas naturalmente eran superavitarias, desde el Instituto Nacional de Previsión Social, creado en 1944, se compensaban esos fondos para que el saldo neto de todo el sistema fuera positivo. El esquema operó como un reparto de hecho pero siguieron vigentes muchísimas heterogeneidades a su interior. En 1962 tuvo lugar el primer déficit general, que desde 1967 sería permanente. En aquel año el gobierno de facto de Onganía llevó a cabo una primera reforma que unificó a las cajas en tres mega-cajas y tan solo dos años después se sancionaron las leyes 18.037 y 18.038 que, ahora sí, establecieron un sistema previsional de reparto a cargo del Estado, que regiría hasta la creación del régimen mixto de capitalización y reparto en 1994. Dada su falta de expertiz en las temáticas previsionales, Milei comete el error de asumir que el reparto existió desde siempre y no solo desde 1969.

Asimismo, Milei reconoce que el sistema era superavitario en sus inicios y luego, debido a la intervención nociva del Estado, pasó a ser deficitario, pero en ningún momento señala cuándo se dio ese quiebre. Si bien es cierto que desde el primer gobierno de Perón los gobiernos empezaron a tomar los excedentes previsionales para darles otros usos, los déficits en las cajas más antiguas son anteriores. Es decir, más allá de la impericia o no de los gobiernos para administrar los fondos o para operar sobre ellos aunque no los administraran, las dificultades para constituir un sistema previsional autosustentable y que garantice a los adultos mayores un ingreso suficiente en su vida pasiva trascienden la posible intervención favorable o desfavorable del Estado.

Como afirma Milei, el sistema previsional vivió su momento más acuciante durante los años ochenta. Lo que Milei omite es que un sistema de reparto puro se financia desde la nómina salarial formal. Es decir, aumentos del desempleo o la informalidad, así como caídas de los salarios, disminuyen los fondos disponibles y, entonces, o se recurre a otras fuentes de financiamiento o se dispone la baja de las jubilaciones. En este sentido, omitir la destrucción del salario real que tuvo lugar durante la última dictadura -que se redujo casi a la mitad en poco menos de ocho años- y los más tenues crecimientos de la informalidad y el desempleo -que se dispararían en los noventa- es un acto de mala fe.

En síntesis, la primera sección de la nota consiste en intentar mostrar que las recurrentes crisis del sistema previsional tienen como causa la intervención del Estado, sin ninguna referencia a la historia económica que condiciona profundamente al mismo y con groseros errores históricos.

Si la primera sección incurre en errores historiográficos propios de la falta de conocimiento de Milei, la segunda es directamente un compendio de falsedades. Dice Milei que el sistema previsional se había equilibrado y que Néstor Kirchner quiso apropiarse de esos ahorros. Sin especificar de qué años está hablando, afirma que no pudo hacerlo y que lo consiguió por la fuerza al año siguiente, y que eso hizo que el sistema volviera a ser deficitario, situación que se agravó cuando Cristina Fernández decidió ampliar la cobertura previsional a quienes no habían aportado y, luego, cuando decidió impulsar una nueva ley de movilidad que hizo crecer las jubilaciones reales en un contexto de caída del PBI.

En este punto debemos ir lentamente, pues la cantidad de errores groseros -ni siquiera de interpretación, sino directamente falsedades históricas- es superlativa. En primer lugar, el sistema no se había equilibrado ni mucho menos. Al contrario: la experiencia de las AFJP agravó el déficit del sistema previsional público dado que la mayoría de los aportantes (el 80% en promedio) pasó a cotizar en el régimen de capitalización pero todos los jubilados se quedaron en el público. Más aun, el propio gobierno de Menem resolvió financiar con un 15% de la masa coparticipable al sistema previsional. Hacia la asunción de Kirchner, con el desempleo elevado luego de la crisis de 2001 y los salarios deteriorados por la devaluación de 2002, el sistema previsional se financiaba en un 40% por fondos propios y en un 60% por fondos tributarios. En este sentido, la afirmación de Milei de que las cuentas se habían equilibrado, necesaria para justificar que 1) la reforma de 1994 había sido exitosa y 2) Néstor Kirchner también se robó la plata de los jubilados, es una vil mentira.

Como Milei no menciona los años, sino que solo dice una cosa y después agrega un “al año siguiente”, es difícil seguir el argumento. Sin embargo, durante la presidencia de Néstor Kirchner no se revirtió la reforma previsional de 1994, así que las afirmaciones al respecto también son falsas. La reestatización tuvo lugar a fines de 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández, y no fue impuesta por la fuerza sino que fue votada en el parlamento con una mayoría abrumadora, a la que contribuyeron algunos bloques de la oposición.

Por último, la extensión de la cobertura a quienes no habían aportado no estuvo a cargo de Cristina Fernández sino de Néstor Kirchner en el año 2005. Es decir, esta tuvo lugar antes de la reestatización y no, como sugiere Milei, después. Milei argumenta que el kirchnerismo se apropió de los fondos previsionales para repartirlos políticamente, pero en los hechos la expansión de la cobertura se dio antes del cambio de régimen y, además, recién en el año 2007 el gobierno le dio a las moratorias el mérito simbólico que merecían: antes de eso, en los discursos oficiales no eran más que una regularización tributaria. Por último, la ley de movilidad fue sancionada en el año 2008 y, contrariamente a lo que sostiene Milei, se dio en un contexto de crecimiento del PBI. Es más: atar las jubilaciones a la evolución de los salarios y de la recaudación de ANSES le imprime a la movilidad un muy fuerte sesgo procíclico. Cuando Milei sostiene que gracias a esa ley crecieron las jubilaciones reales en un contexto de caída del PBI, está incurriendo en contradicciones lógicas. De acuerdo con esa ley, las jubilaciones solo pueden crecer si la economía crece (y por ende, los salarios, el empleo y la recaudación tributaria también lo hacen). Precisamente, el problema de esa ley fue que cuando el PBI empezó a estancarse y luego a caer los haberes también cayeron, como hemos mencionado en esta columna del mes de octubre.

Los errores groseros de esta sección no pueden imputarse, como en la sección previa, a la falta de conocimiento histórico de Milei. Se trata de eventos de los últimos veinte años, cuando Milei ya ejercía como economista profesional. Es decir, o bien Milei miente y lo sabe o bien su ignorancia alcanza niveles que no podríamos haber imaginado.

En el párrafo siguiente Milei afirma que el kirchnerismo promueve y promovió un saqueo a los adultos mayores. Recordemos que acababa de sostener que el kirchnerismo promovió un aumento de las jubilaciones reales en un contexto de recesión, y que eso es explosivo. Pongámonos de acuerdo: o el kirchnerismo promueve saquear a los jubilados o decide subir los haberes de manera populista y poniendo en riesgo la sustentabilidad macroeconómica. Las dos hipótesis podrían tener alguna lógica -más allá de la discutible veracidad histórica- pero de ninguna manera pueden darse las dos de manera simultánea. Milei no parece darse cuenta de esa brutal contradicción.

En el último párrafo de la segunda sección Milei vuelve a volcar, como nos tiene acostumbrados, una catarata de predicciones catastróficas sobre la economía argentina basada en que el déficit previsional va a llevarnos al desastre porque obligará a que suban los impuestos, a que se emita más generándose inflación o a que aumente el endeudamiento. No nos adentraremos en las inconsistencias de ese planteo aquí, puesto que trasciende a las jubilaciones, pero sí podemos afirmar que el déficit estructural del sistema previsional lleva ya cincuenta y cuatro años ininterrumpidos. Es decir, no es ninguna novedad, y los guarismos actuales no son necesariamente peores que en el promedio.

Sin embargo, vale detenernos en un ítem: Milei acusa al gobierno de incumplir su promesa del 82% móvil. Nada sería más perjudicial para las arcas públicas, pero al mismo tiempo más regresivo, que el 82% móvil, tal como se planteó en el proyecto de ley que fuera vetado por Cristina Fernández en 2010 y que rigiera en el país legalmente entre 1958 y 1969, pero que en los hechos no se aplicara nunca. Se trata de una alternativa que traslada a la clase pasiva las crecientes heterogeneidades salariales de la clase activa y, a la vez, obliga al Estado a pagar jubilaciones sin ninguna relación con la recaudación de ANSES o de sus determinantes directos. Es decir, incluso desde una perspectiva como la de Milei esta propuesta debería ser rechazada. Sin embargo, el mismo Milei la apoya porque no la comprende.

En el tercer acápite Milei recoge algunas definiciones de la demografía y propone el concepto de bono demográfico, característico de países con una pirámide poblacional achatada. Sin detenerse en que este concepto no es válido para la Argentina actual, afirma que es una ventaja para países que respetan la propiedad privada y tienen bajos impuestos. Para ello recurre a los argumentos teóricos centrales que sustentaron a las reformas previsionales de los años noventa: la hipótesis del ciclo vital. Este planteo, que fue originalmente propuesto por los economistas Ando y Modigliani en los años cincuenta y reforzado por Martin Feldstein en los setenta, propone una modelización de la evolución del ahorro individual a lo largo de la vida a partir de un principio fuerte de la economía neoclásica: que el ahorro es el que determina la inversión. Según estas teorías, los sistemas previsionales de reparto, al independizar el haber individual de la contribución individual, fomentan la disminución de la tasa de ahorro y con ello de la inversión. Por eso mismo proponen cambiar a regímenes de capitalización con cuentas individuales, que fomenten el ahorro y, por ende, incentiven la inversión. En este punto Milei sostiene que para que el ahorro se convierta en inversión debe haber bajos impuestos y respeto por la propiedad privada. Sin embargo, mezcla dos aspectos que son diferentes: en el corazón de la teoría del ciclo vital no hay referencia a los impuestos (es más, la propuesta de Modigliani en los años cincuenta se autodefinía como keynesiana; no así la de Feldstein ni tampoco la del propio Modigliani años más tarde). Si bien se trata de un paradigma económico que defiende y promueve la baja de impuestos, lo hace con argumentos diferentes a los del ciclo vital e, incluso, la lógica del ciclo vital en su versión más difundida puede funcionar incluso con impuestos altos.

Es decir, Milei está afirmando que los altos impuestos y el escaso respeto por la propiedad privada están haciendo que Argentina tire el bono demográfico a la basura. Curiosamente, los años en que podía hablarse de bono demográfico en el país, a mediados del siglo XX, fueron los de menor desempleo y mejores salarios de la historia. Si algo destruyó esa economía y su bono demográfico no fue la alta presión tributaria sino el conjunto de reformas neoliberales implementadas desde 1976. Precisamente las que Milei sugiere que vuelvan a ponerse en práctica.

En el cierre del acápite Milei recupera una metáfora de Schumpeter: la destrucción creadora, para intentar dar cuenta de que si el mercado laboral es flexible habrá cambios tecnológicos cuyos costos sociales serán acotados. Ese discurso es muy conocido y Argentina vivió su égida en los años noventa, cuando se intentaba explicar el creciente desempleo a partir de esta argumentación sobre la tecnología: en los hechos, el desempleo festejado por el cambio tecnológico no llevó a la rápida recuperación sino a la crisis de 2001 y a una pauperización social sin precedentes.

El cuarto acápite de la nota refiere al “regalo envenenado” que implica un bono demográfico con alta injerencia estatal. De nuevo, cabe resaltar que la categoría de bono demográfico no es pertinente para la pirámide poblacional argentina actual, que ya está envejecida. Luego sobreviene su habitual repertorio de argumentos contrarios a la intervención estatal en la economía, que no tienen nada de novedosos. No vale la pena, nuevamente, entrar en esas contradicciones, pero sí cabe mencionar que Milei sostiene que este proceso “comenzó con el kirchnerismo”: planteo interesante para cerrar una nota que tiene como punto fuerte al déficit previsional que, como ya dijimos, es ininterrumpido desde que Néstor Kirchner cursaba su anteúltimo año del secundario en el Colegio Nacional República de Guatemala, en Río Gallegos.

Más allá de los histrionismos de Milei y de su clara agenda política, sus argumentos esgrimidos respecto al sistema previsional no son muy distintos que los que se exponían desde los años ochenta, cuando los principales bancos del país empezaron a hacer cabildeo a favor de la privatización, de la cual terminaron aprovechándose al constituir ellos mismos a las principales AFJP. El déficit fiscal en que se incurre para sostener a un sistema previsional también deficitario era y sigue siendo un argumento central. Sin embargo, la experiencia argentina muestra que la privatización no solo no solucionó sino que empeoró ese registro. Es decir, incluso desde los términos teóricos que propone el propio Milei solo un milagro que lleve a la transformación estructural y tecnológica de la Argentina en un cortísimo plazo podría llevar a los resultados prometidos. Dada la experiencia reciente, más que una utopía se trata de una estafa.

Durante el año 2019 Javier Milei fue la persona más entrevistada en la televisión argentina. Cuando estén disponibles los datos de 2020 veremos si repitió ese galardón, pero, ya sabemos, es el año en el que lanzó abiertamente su proyección político-partidaria. Así, no tiene mucho sentido negar su peso político-mediático sino que se lo debe considerar un economista relevante en el claramente preocupante y perimido debate actual. En el caso de la nota que hemos analizado aquí, demuestra su absoluta falta de conocimiento sobre la temática, al punto que comete grotescos errores históricos en la descripción de los hechos e incurre en profundas contradicciones lógicas. Pero esto no parece importarle -llamativamente, tampoco a los editores del prestigioso diario que publica sus columnas-, puesto que lo único que importa es generar golpes de efecto, sumarse a una temática crítica como es el régimen de jubilaciones y aprovecharse de ella para sacar a relucir los mismos latiguillos anti-estatales de siempre. Es decir, Milei está jugando con las verdaderas necesidades de los adultos mayores del país, pero el resultado, si alguien lo toma en serio, es reforzar los argumentos que hace casi treinta años llevaron al mayor desastre de la historia previsional argentina.

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