Medio Oriente le da la espalda a Qatar por temor al terrorismo

Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto y Yemen rompieron relaciones con ese país, con el que Argentina había firmado un polémico memorándum el año pasado.

Arabia Saudita, Egipto, Bahrein, Yemen y Emiratos Árabes decidieron romper relaciones diplomáticas con Qatar, al que acusan de apoyar al terrorismo y desestabilizar a Medio Oriente. En respuesta, Qatar dijo que la medida es "injustificada" y defendió que desempeña sus funciones en la lucha contra el terrorismo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahrein emitió un comunicado hoy en el que se confirma que cortaba las relaciones diplomáticas "con el fin de preservar su seguridad nacional". "Los diplomáticos de Qatar tenían 48 horas para abandonar el reino. El espacio aéreo y los puertos entre los países estarían cerrados en las 24 horas después del anuncio", señalaron.

Bahrein dijo que su decisión se basa en lo que calificó como las "acciones desestabilizadoras" de Qatar, como la "interferencia en sus asuntos", "el apoyo a actividades terroristas armadas" y la "financiación de grupos asociados con Irán".

La agencia de noticias oficial de Arabia Saudita citó a una fuente oficial e informó sobre la suspensión de las relaciones y el cierre de los puertos terrestres, marítimos y aéreos con Qatar para proteger "la seguridad nacional de los peligros del terrorismo y el extremismo".

A su vez, se informó que el Gobierno de Arabia Saudita contactó a sus aliados para que pusieran "en práctica el mismo procedimiento tan pronto como sea posible para todos los medios de transporte hacia y desde el Estado de Qatar, por razones relacionadas con la seguridad nacional".

Por su parte, las autoridades de Egipto dijeron que Qatar había tomado un "curso antiegipcio" y que El Cairo había sido incapaz de disuadirlo de apoyar el terrorismo.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán y Qatar forman una alianza regional conocida como Consejo de Cooperación del Golfo, una de las más influyentes en el Medio Oriente. Omán es el único miembro del Consejo que mantiene lazos con Qatar.

Argentina, en cambio, firmó un memorándum

En noviembre del año pasado, Argentina y Qatar firmaron un memorándum con el objetivo de que el Gobierno qatarí realice importantes inversiones en nuestro país. Sin embargo, el pacto despertó polémica porque incluye  la creación de una estructura "offshore" y la participación de un "gerente extranjero" que tendría todo el poder sobre el dinero.

El 28 de julio de 2016 se reunieron el Emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y a partir de ahí las negociaciones nunca se frenaron. Finalmente, el 6 de noviembre la vicepresidenta Gabriela Michetti anunció la realización del Memorandum Of Understanding (MOU), que llevó la firma del director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Luis María Blaquier.

El acuerdo confidencial que firmaron Blaquier y Abdulla Bin Mohammed Bin Sayd Al Thani, por parte de QIA, se aboca a inversiones en infraestructura en la Argentina y tiene puntos que encendieron las alarmas. Según detalló el diario Perfil en ese entonces, lo más llamativo es el apartado 3, que habla de la estructura que tendrá el fondo de mil millones de dólares. En el punto 3.3, se explicita que la estructura se discutirá entre las partes y el gerente externo del fondo con "una estructura offshore". El objetivo sería la "eficiencia" en el pago de impuestos.

Luego de casi dos meses, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que se investigue la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios del Gobierno por el acuerdo con Qatar, que contempla la utilización de fondos de la Anses.

Según la denuncia presentada por Fernando Miguez, integrante de la Fundación por La Paz y el Cambio Climático, el convenio entre el FGS y la Qatar Investment Authority (QIA) crea una estructura offshore “para la eficiencia en el pago de impuestos” y habilita la participación de “un administrador extranjero” que tendría todo el poder sobre el dinero. El pacto tendría cláusulas de confidencialidad y la estructura, con un fondo de mil millones de dólares, se discutiría entre las partes.

Finalmente, el juez en lo Criminal y Correccional Daniel Rafecas dispuso la desestimación de una denuncia realizada contra los funcionarios del Gobierno nacional al considerar que el memorándum "no implica obligación legal, económica o financiera alguna para nuestro país, y por ende, se debe descartar de plano que la celebración del mencionado acuerdo en sí pueda implicar algún menoscabo patrimonial para el Estado Argentino, que pudiera ser reprochable desde el punto de vista jurídico penal y, por lo tanto, habilitar una investigación penal".

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