Macri y los Derechos Humanos: una sucesión de medidas y declaraciones polémicas

El regreso de los desfiles militares, las afirmaciones negacionistas de sus funcionarios y el retroceso en las causas por delitos de lesa humanidad marcaron la gestión del nuevo gobierno en la materia y forjaron un cambio de paradigma con respecto a las fuerzas armadas.

Antes de asumir la presidencia, Mauricio Macri sabía que tendría que lidiar con un tema incómodo, un poco por ignorancia y otro poco -en realidad, bastante más- por una pesada mochila familiar: la política de derechos humanos. Su posición ambigua y esquiva con respecto a los avances del kirchnerismo en la materia, reconocidos internacionalmente, se sumaba a las acusaciones contra su padre por los negocios con el último gobierno de facto. Los organismos de derechos humanos, que en su mayoría habían apoyado enfáticamente al kirchnerismo, le hicieron saber siempre -en campaña y gobernando- que lo enfrentarían.

El 24 de marzo 2016, el primero de la gestión Macri, estaba todavía muy cercano a la asunción y reinaba la desconfianza mutua entre los organismos y el Ejecutivo, pero todavía no había líneas claras respecto a la política de derechos humanos que implementaría Cambiemos. Durante el resto del año, el Ejecutivo se encargó de despejar cualquier duda.

Primeros indicios: desfiles militares en el Bicentenario

Los actos por el Bicentenario de la Independencia, en julio, tuvieron como condimento polémico el regreso de los desfiles militares, ausentes desde el año 2000, de los que participaron varios personajes reñidos con la democracia.

"Van a desfilar las tres Fuerzas Armadas con una dotación como hace mucho que no ocurre. La idea es tener un simbolismo”, había intentado explicar el ministro de Defensa, Julio Martínez. El “simbolismo” fue más allá y por las filas militares asomó la presencia de Aldo Rico, carapintada que se levantó contra la incipiente democracia en 1987, y el teniente coronel Emilio Nani, recurrente justificador del genocidio, entre otros.

Desde el Gobierno intentaron minimizar el incidente cuando el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adujo la condición de ex combatiente de Malvinas de Rico. Sin embargo el incidente llegó a sacudir la interna de Cambiemos cuando los radicales - visiblemente molestos - objetaron la presencia del carapintada en los actos.

En línea con lo sucedido, ya en agosto de 2016 el presidente del bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot, dejó entrever la posición del oficialismo respecto de la cuestión de las Fuerzas Armadas, el Estado y los juicios a represores.

Juicios a represores y prisión domiciliaria

En una medida sugestiva - ¿una señal? - en los primeros meses de presidencia y a través del decreto 721/16, Mauricio Macri les devolvió atribuciones a las Fuerzas Armadas para decidir sobre ascensos y cuestiones administrativas que habían sido delegadas a control político por Raúl Alfonsín en 1984. A la vez, derogó la normativa que le prohibía a procesados y condenados por delitos de lesa humanidad atenderse en hospitales militares.

A los pocos días, Avruj, en una entrevista con Página/12, se pronunció a favor de otorgar a los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad el beneficio de la prisión domiciliaria. El titular de Derechos Humanos aseguró en la misma línea, que baja del Gobierno al Poder Judicial ,que “es una decisión plenamente de la Justicia donde el Estado no va a ejercer una presión sobre eso”, aunque aclaró: “Nosotros estamos para que se cumplan los juicios”.

Durante el 2016, el abogado y periodista Pablo Llonto advirtió el atraso de las causas de lesa humanidad. “Hay 16 juicios orales en lista de espera. De todos los atrasos que hay a nivel nacional, el de la megacausa Campo de Mayo es el más importante”, aseguró Llonto. Dadas las declaraciones oficiales de los funcionarios, era de esperar que la administración Macri no buscara acelerar los tiempos de las causas.

Sin embargo, un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad corroboró la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos por la lenta acción de la Justicia:

Declaraciones que marcaron el rumbo del Gobierno

Corría el año 2014 y el por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, vislumbraba lo que iba a ser su primera campaña presidencial en una entrevista con el diario La Nación. Consultado por los ejes básicos de una potencial presidencia Macri delineó escuetamente su posición respecto a los Derechos Humanos reduciendo la discusión únicamente al caso de Sueños Compartidos.

“Ahora los derechos humanos no son Sueños Compartidos y los ‘curros’ que han inventado. Con nosotros, todos esos curros se acabaron”, aseguraba Macri.



Ya en la presidencia, una de las frases más polémicas y resonantes del flamante presidente se produjo en una entrevista para el portal estadounidense BuzzFeed en agosto de 2016. En una brutal relativización, Macri retomó una de las banderas del negacionismo y aseguró “no saber” si los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar “eran 9 mil o 30 mil”.  Tras décadas volvió a aparecer en un discurso oficial el término “guerra sucia”.

El ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, había sido punta de lanza del negacionismo en Cambiemos y había asegurado, en enero de 2016, que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que la cifra se había arreglado “para conseguir subsidios”. Las declaraciones lo eyectaron del cargo en julio, tras seis meses de escraches y repudios de la comunidad de Derechos Humanos. Lopérfido sigue trabajando para la cultura del país: no dejó su cargo en el Teatro Colón.

Como corolario, Macri dejó en claro que no iba a intervenir: "Yo no puedo interferir, no creo en la forma en la que se condujo el gobierno anterior, donde se presionó. Esa no es la forma de disfrutar de una vida en democracia. El Poder Judicial tiene una tarea y el Poder Ejecutivo tiene otra”.

Dicha entrevista le valió al presidente una nota en el diario británico The Guardian (en inglés) en donde daban cuenta de un rebrote del negacionismo de la dictadura que estaba sucediendo en Argentina bajo el gobierno de Macri.

En una línea sistemática que deja fuera de consideración las coincidencias respecto de la orientación negacionista del gobierno de Cambiemos el titular de la Aduana y ex carapintada Juan José Gómez Centurión aseguró en enero de 2017 que “no existió un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición” a la vez que volvió a cuestionar el numero oficial del 30 mil desaparecidos.

El ex militar fue imputado por la justicia bajo el cargo de apología del crimen y fue “renunciado” de su cargo por el mismísimo presidente Macri en el último intento por limpiar la imagen de un Gobierno con una curiosa cantidad de negacionistas entre sus filas.


Diarios Argentinos