Macri contra la educación pública: ajuste y represión

Los tres años de política educativa de Cambiemos están marcados por promesas incumplidas, denuncias de administración fraudulenta, fuertes ajustes presupuestarios y represión a la movilización docente

A casi tres años de su asunción, el Gobierno de Mauricio Macri parece haber elegido a la educación pública como una de las variables de ajuste favorita y a los docentes como uno de los “enemigos” políticos con los cuales polarizar constantemente.

Cabe recordar que la campaña presidencial del 2015 discurrió con una serie de promesas de mejoras en el ámbito educativo, que nunca se llevaron a cabo.




Una de las más significativas y recordadas del por entonces candidato presidencial de Cambiemos planteaba la construcción de tres mil jardines de infantes a lo largo del país para mitigar el grave déficit estructural de la educación pública inicial.

Sin embargo, dicha promesa quedó muy lejos de su concreción: a junio de 2018, los jardines construidos eran solamente 19. Esto significa una ejecución del 0,6% del total estipulado en la campaña y en los discursos de Mauricio Macri al inicio de su gobierno.

A la brutal subejecución se sumó en las últimas semanas una denuncia de Margarita Stolbizer por administración fraudulenta en la construcción de los 3000 jardines. La líder del partido GEN pidió a la Justicia que el Gobierno explique qué se hizo con los $3100 millones que el Ministerio de Educación adjudicó a las empresas para la construcción y cuyo destino nunca se supo.

Otra de las promesas de campaña de Mauricio Macri consistió en una mejora sustancial de la situación de los docentes públicos. Así lo expresaba su spot de campaña, el cual rezaba que “todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados”.

Sin embargo, ante la creciente conflictividad con los gremios docentes por los recortes en el presupuesto educativo y la negativa oficial de abrir la paritaria nacional, el Gobierno eligió confrontar abiertamente con los gremios y ensayar episodios de represión contra movilizaciones docentes.

Este fue el caso de abril de 2017: cuando los docentes nucleados en CTERA decidieron instalar una “escuela pública itinerante” frente al Congreso de la Nación, la respuesta oficial fue un brutal represión liderada por la Policía de la Ciudad que finalizó con detenidos y decenas de heridos.

Esta escalada culminó en enero pasado, cuando el Gobierno nacional decretó unilateralmente la eliminación de la paritaria nacional docente. A pesar de que el reajuste de los recursos educativos son prerrogativas provinciales, la paritaria nacional funcionaba como la principal referencia salarial, que después era utilizada por los distintos distritos para discutir con los docentes.



A nivel presupuestario, la educación publica sufrió fuertes ajustes en las últimas tres leyes de presupuesto. Según datos de CTERA, entre 2015 y 2019 los recursos destinados a Educación sufrieron un recorte constante: en 2015 los recursos para el área representaban el 1,66% del Producto Bruto Interno; en 2016 se redujo al 1,58%; en 2017, al 1,56%; en 2018, al 1,37%, y por último en 2019 alcanza el 1,25%.

Este ajuste presupuestario fue acompañado por un cambio en la prioridad del gasto público. Se registra una fuerte suba en el peso del pago de los servicios de la deuda y un desplome en la inversión en áreas clave del Estado. Para el 2019 los recursos destinados al pago de la deuda son 2,6 veces más grandes que para la inversión en educación pública

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