Macri aceptó la renuncia del juez Soto Dávila, acusado de beneficiar a narcos

El magistrado correntino estaba procesado por cobrar coimas para beneficiarlos con sus libertades u otras resoluciones judiciales. Ahora quedó en condición de ser detenido.

El gobierno nacional aceptó la renuncia del juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, procesado como jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos con sus libertades u otras resoluciones judiciales. Por lo que ahora quedó en condiciones de ser detenido. 

La decisión fue oficializada hoy en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Justicia Germán Garavano, donde señala: "Que el señor doctor Carlos Vicente Gustavo Soto, ha presentado su renuncia al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE CORRIENTES, PROVINCIA DE CORRIENTES. Que es necesario proceder a su aceptación".

Desde la defensa conformaron que solicitaron la eximición de prisión ante el juez federal Sergio Torres, para evitar así su detención. A la vez que presentaron además estudios médicos por su condiciones de salud (tiene 71 años) con el objetivo de que se le dé el beneficio de prisión domiciliaria, en caso de que se dispone su arresto.

En la investigación de la megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis "arrepentidos", cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita.

Según el fallo, el juzgado federal N.°1 de Corrientes y un grupo de abogados intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.

El juez federal N.°1 de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer, a través de resoluciones judiciales, como excarcelaciones o exenciones de prisión­, a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín.

Dos de sus secretarios,Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos, según detallan las fuentes.

La banda comandada por Marín ingresaba desde Paraguay grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían a, por lo menos, siete provincias. Para que esta organización pudiera funcionar, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia Justicia federal.

Desde que se inició esta investigación, se fueron desmantelando distintas capas estas complicidades que le daban las garantías a la banda para poder seguir operando.

En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay, fueron detenidos en marzo de 2017 el intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán, y el vice, Fabio Aquino, como así también el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz.

La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo. Los tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes ubicado a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay, principal productor de cannabis de Sudamérica.

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