Mañana se presentará por séptima vez el proyecto de aborto legal

Mañana se presentará por séptima vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Impulsado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y encabezado por Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Romina del Pla (Frente de Izquierda) y Mónica Macha (FPV), el proyecto cuenta con la adhesión de alrededor de 70 diputados de distintas bancadas.

El escrito cuenta con 12 artículos y fue elaborado por mujeres profesionales de distintas disciplinas, como médicas, bioeticistas, comunicadoras, abogadas y antropólogas. Una de las integrantes de la Campaña, Miranda González Martin, dijo a La Nación: “El espíritu es el mismo desde hace 11 años, cuando presentamos el primer proyecto". "Que hoy este tema esté en el tapete tiene que ver con el movimiento de mujeres y el feminismo en la calle desde hace años", aseguró la antropóloga, que milita en el proyecto desde 2008.

El primer artículo establece que "toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas". "El primer trimestre, para muchos profesionales de la medicina, no se ubica tajantemente en las doce semanas, sino hasta las catorce. Además, tiene que ver con que los marcos regulatorios de Estados Unidos y Europa manejan esa cifra y la Organización Mundial de la Salud lo avala", explicó González Martin, que también es docente de antropología y educación sexual integral.

El plazo máximo propuesto desde que la mujer requiere la interrupción del embarazo hasta que se concreta la práctica será de cinco días. A su vez, el artículo 3 señala que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo sin restricción de tiempo en caso de que este sea producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida de la mujer y si existieran malformaciones graves que implicarían la inviabilidad extrauterina del feto.

El punto 4 y el 8 proponen que tiene que haber un consentimiento por escrito de la mujer. Si se trata de una menor de 13 años, se requerirá del acompañamiento de uno de sus progenitores. Sin embargo, el consentimiento debe partir de la niña.

El 9, por su parte, plantea mecanismos de asistencia para personas incapaces o con capacidad judicial restringida y el artículo 10 dispone que cualquier persona con capacidad de gestar –incorporación que se relaciona con la Ley n° 26.743 de Identidad de Género— podrá exigir la interrupción voluntaria del embarazo. "Hay varones trans que se embarazan y tienen el mismo derecho a acceder al aborto", afirmó la antropóloga.

En los artículos 5, 6 y 7 se plantea que el sector público de salud y las obras sociales estarán obligados a brindar a sus afiliadas o beneficiarias la cobertura integral, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sin necesidad de una autorización judicial previa.

Por último, el 11 y el 12 derogan los artículos 85, inciso 2; 86, y 88 del Código Penal, que condenan de 1 a 4 años de prisión a las mujeres que optan por un aborto y a los profesionales que los practican.  

Este proyecto es uno de los que mayor adhesión ha generado en todo el arco político, pero no es el único. Los proyectos, que difieren en algunos puntos ─como, por ejemplo, la no obligatoriedad en la cobertura por parte de las obras sociales y prepagas, que presentó el diputado del PRO por Río Negro, Sergio Wisky─ se tratarán en las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Penal.

“En las últimas semanas la sociedad argentina demostró que no solamente está preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma posición a favor de su despenalización y legalización”, afirmaron las integrantes de la Campaña en un comunicado.

El diputado del PRO que preside la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, recalcó: “Es un  tema tan trascendente para la sociedad que hay que sacarle el costado de política partidaria y hacer una discusión seria y realmente importante, que se va a dar por primera vez en forma profunda en el Congreso".