Los delitos de violencia y esclavitud sexual en el terrorismo de Estado en Latinoamérica

OPINIÓN. Por décadas, la violencia sexual quedó subsumida dentro del delito de tortura y muy pocas veces se identificó el sometimiento sexual sistemático y continuado con el crimen de esclavitud.

Por décadas, la violencia sexual quedó subsumida dentro del delito de tortura y muy pocas veces se identificó el sometimiento sexual sistemático y continuado con el crimen de esclavitud. En Argentina recién a partir del año 2010, los tribunales integraron la opción de que las víctimas de la última dictadura cívico-militar pudieran incluir específicamente en su acusación los delitos de violencia sexual y de esclavitud sexual, considerados crímenes de lesa humanidad en sí mismos y no solamente como parte de las demás torturas. Al año 2019 del total de 892 condenados por delitos de lesa humanidad, solamente 98 fueron acusados por delitos sexuales.

En Argentina se ha avanzado poco en el debate sobre la tipificación de determinadas formas de violencia y sometimiento sexual como expresiones análogas al crimen de esclavitud. La literatura acerca del tema es muy reducida. Es por ello que discutir acerca de si existió el crimen de esclavitud sexual en el marco de la última dictadura, con todos sus agravantes, permitiría sumar una variable importante para el estudio del delito de violencia sexual contra las mujeres. Dicha variable hace referencia al hecho de que las mujeres no solo fueron torturadas y abusadas sexualmente con el objetivo de arrancarles información, sino también obligadas al sometimiento sexual por los represores y a realizar todo tipo de tareas de carácter doméstico y de manera servil.

El abordaje de la violencia sexual como un delito autónomo, no subsumido a otras torturas, contribuye a terminar con la invisibilidad jurídica y social que ha prevalecido durante décadas con respecto al tema. La experiencia demuestra que ha existido lo que se denomina “ceguera de género”, por la cual durante mucho tiempo los delitos contra la integridad sexual no fueron incluidos entre los crímenes de lesa humanidad.

Durante la dictadura cívico militar argentina la violencia sexual en los centros clandestinos de detención sobre los cuerpos de las catalogadas “mujeres subversivas” formó parte de un plan sistemático y generalizado de represión ilegal. En este contexto de doctrina contrainsurgente, los cuerpos femeninos se transformaron en campos de batalla y en trofeos de guerra. Para los represores la mujer insurgente o simplemente comprometida con las luchas sociales encarnaba una doble transgresión. Por una parte, cuestionaba los valores sociales y políticos dominantes y por la otra rompía con las normas que determinan el papel de las mujeres, según los cánones culturales y religiosos establecidos.

En Guatemala, para poner un ejemplo relativamente reciente, el caso conocido como “Sepur Zarco” fue el primero en el que un tribunal nacional procesó a miembros del ejército de dicho país por delitos de violencia y esclavitud sexual, relacionados con el conflicto armado que se prolongó entre 1960 y 1996. El Tribunal dictó una sentencia contra los comandantes que autorizaron y consintieron que oficiales y soldados bajo su mando, ejercieran violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica en contra de 14 mujeres de la etnia maya Q'eqchi. Las mujeres estaban obligadas a presentarse al Destacamento Militar donde eran sometidas a esclavitud sexual y otras formas de violencia, además de ser forzadas a cocinar y lavar ropa de los soldados y oficiales, sin recibir ningún pago.

El delito de esclavitud sexual en el marco de los conflictos armados y del terrorismo de estado que fue perpetrado en varios países de la región latinoamericana tales como Colombia, El Salvador, Guatemala y Argentina, entre otros. La violencia y la esclavitud sexual se convirtieron en métodos represivos ejecutados contra las mujeres en pequeños poblados rurales y en las cárceles, legales o clandestinas, donde se sometía a interrogatorio a las prisioneras.

Las áreas rurales, pobladas en su mayoría por mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, fueron territorios propicios para imponer el terror mediante la violencia sexual, junto a otros métodos represivos. Asimismo, en los ámbitos urbanos donde las víctimas provenían principalmente de barrios periféricos, medios estudiantiles y sindicales, los cuarteles militares, las comisarías policiales y sobre todo los centros clandestinos de detención fueron utilizados para la ejecución de este delito.

En todos ellos, mujeres, jóvenes y niñas fueron sometidas a una serie de vejaciones, incluida la esclavitud –con pretendidos derechos de propiedad-  y sufrieron la violencia en sus cuerpos al ser estos considerados por los represores como territorios a conquistar y botín de guerra.

Actualmente, frente a la presencia de un Estado de derecho, tenemos la obligación de volver la mirada a ese pasado político social y reconstruir los imaginarios que permitieron -y aun hoy siguen permitiendo- la impunidad y la normalización de la violencia sexual contra las mujeres.


Sobre la autora:

Victoria Frutos es estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.

Diarios Argentinos