Los de abajo en tiempos de coronavirus

Por: Ernesto Mate


El gobierno de Alberto Fernández dispuso rápidamente de una serie de medidas en respuesta al problema de salud pública provocado por el avance del Covid-19. Estas medidas de emergencia buscan reducir la circulación social para atenuar el incremento de contagios y la circulación del mismo en el ámbito local. 

En este marco, uno de los sectores más afectados por estas medidas de emergencia son aquellos estratos sociales más bajos cuyos ingresos provienen sobre todo de una economía basada en la calle. Se trata de aquellos “trabajadores por cuenta propia” que hoy en día viven de “changas”, de los cuales sólo una parte es beneficiario de un programa social que cubre parcialmente sus ingresos. Nos referimos a manteros, cartoneros, feriantes, es decir, aquellas personas que trabajan en la economía popular y a las que el aislamiento y la baja circulación social afecta directamente, siendo uno de los sectores más sensibles en este contexto.

El gobierno ha tomado una serie de medidas dirigidas específicamente a estos sectores. Desde Desarrollo Social se ha dispuesto un refuerzo de 3 mil pesos para los beneficiarios de los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, un refuerzo alimentario bajo el modelo de “viandas” entregadas por el Estado y la entrega por correo de tarjetas alimentarias. Desde la ANSES, se anunciaron tres medidas: un bono extraordinario por única vez de 3 mil pesos para las jubilaciones mínimas; la duplicación del pago por única vez para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE); y la extensión del no pago de los créditos de la ANSES durante abril y mayo.

No obstante, en las últimas horas se ha instalado en la agenda pública la hipótesis de una “cuarentena total” para hacer frente al riesgo de una eminente circulación del virus en el ámbito local. En este marco, es menester preguntarnos, ¿qué tan efectivos en términos de cobertura pueden ser estos mecanismos de transferencia de ingresos que utilizan Desarrollo Social y ANSES para contener a estos sectores sociales? ¿Cuánto tiempo podría sostenerse una hipotética “cuarentena total” desde la problemática de los mismos?

De acuerdo al último informe del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-UMET), en el tercer trimestre de 2019 el índice de “población no integrada” ascendió al 53,2%. Este dato resulta de la suma del porcentaje de la población en situación de pobreza e indigencia (33,1%) y del porcentaje de personas en situación de fragilidad social (20,1%). El índice de fragilidad social (IFS) abarca a las personas que tienen “altas probabilidades de caer en la pobreza en contextos socioeconómicos críticos” y son aquellos cuyos ingresos están apenas por encima de la línea de pobreza, y que además poseen “características estructurales, sociodemográficas y laborales altamente asociadas con la pobreza”. De acuerdo a esto, si la población argentina se encuentra cerca de los 44 millones de personas, hay al menos 23 millones de personas que pueden ser consideradas como parte de la “población no integrada”, es decir, que están en situación de pobreza o están al borde de serlo. 

Frente a esta dramática situación, dos de los mecanismos de transferencia de ingresos más importantes en número de beneficiarios con los que cuenta hoy el Ministerio de Desarrollo Social son el Programa Hacemos Futuro (HF) y el Salario Social Complementario (SSC). El HF surgió en 2018 a partir de la unificación de varios programas sociales creados en su mayoría durante los gobiernos kirchneristas. Si bien los beneficiarios del HF dependen directamente de ANSES, las organizaciones sociales cuentan entre sus bases con muchos beneficiarios del programa. El SSC en cambio, se creó a partir de una serie de movilizaciones de las organizaciones sociales entre agosto de 2016 y marzo de 2017, y es gestionado directamente por las mismas. Ambos programas cuentan hoy con aproximadamente 550 mil beneficiarios los cuales cobran la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, poco más de 8 mil pesos. 

Desarrollo cuenta además con la tarjeta alimentaria. Se trata de un nuevo mecanismo creado por el gobierno actual cuya circulación data de un poco más de un millón de tarjetas. Se trata de un programa de gran alcance en el que se busca una correlación directa entre el Estado y el beneficiario a partir de una tarjeta personal con un monto que oscila entre $4000 y $6000 para comprar alimentos.

Por último, el mecanismo de mayor alcance con el que cuenta hoy el Estado es la AUH, que funciona dentro de la ANSES. Los titulares de esta asignación reciben normalmente un monto mensual cercano a los $3000 al igual que la AUE, alcanzando a aproximadamente 4,3 millones de personas.

 

Problemas y desafíos ante una profundización del aislamiento

Si bien el escenario de una profundización del aislamiento es todavía hipotético y no existe aún información oficial, podemos pensar algunas líneas de acuerdo a los datos que tenemos.

En principio es importante remarcar la existencia en nuestro país de mecanismos de transferencia de ingresos como la AUH, la tarjeta alimentaria y los programas sociales, imprescindibles en momentos críticos como en el que nos encontramos. Sin embargo, de acuerdo a estos datos, un escenario de “cuarentena total” no sería sostenible aún en el corto plazo teniendo en cuenta la problemática de estos sectores. Los mecanismos de transferencia de ingresos, en términos de su monto y cobertura, no lograrían contener las graves consecuencias sociales. Si la población en situación de pobreza y de fragilidad social supera los 20 millones, las capacidades del Estado de sostener los efectos con los mecanismos actuales son cuanto menos limitadas.

A su vez, este hecho da por tierra con un discurso muy difundido según el cual “se vive con un plan”. Por el contrario, sin la economía de la calle estos sectores no lograrían resistir. Esto plantea un desafío al gobierno, ¿cómo combinar una profundización del aislamiento social con la necesidad de continuidad del trabajo informal, que es antagónica al encierro y el distanciamiento social?

En este contexto, la tarea de las organizaciones sociales será nuevamente imprescindible para garantizar el ordenamiento en los territorios. Deberán constituirse en el brazo territorial del Estado, amortiguando lo mayormente posible el impacto de las medidas, mediante la combinación de asistencia social por un lado, y aislamiento sanitario por el otro.

En última instancia, son múltiples e inciertos los escenarios que se perfilan si persiste la profundización de estas medidas en el tiempo. Quizá la única certeza sea que las consecuencias económicas y sociales serán aún peores y nuevas medidas de contención deberán ser diseñadas. Sin embargo, aunque el éxito de estas políticas sea incierto, hagamos que funcionen.

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