Los cuadernos de Centeno. El manual del lawfare

Por: Federico Aranda

La guerra es la continuación de la política por otros medios. Con esta idea se resume parte de los argumentos que el militar prusiano Carl von Clausewitz volcó en una serie de manuscritos a finales de su vida.

Clausewitz murió en 1831, mientras se encontraba en proceso de revisión de sus textos. Un año después, su esposa logró la publicación póstuma de su obra bajo el título De la guerra.

La vorágine periodística y judicial de esta semana está relacionada con otra serie de manuscritos, también escritos por un ex militar, Oscar Centeno. A diferencia de Clausewitz, en servicio activo hasta su muerte, Centeno terminó desempeñándose como chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación.

En una versión trascendida en los primeros días, era nuevamente una (ex) esposa la responsable de que las anotaciones cobraran estado público, al igual que Marie von Clausewitz hizo con la obra de su difunto marido.

Posteriormente, la versión un tanto machista de la “mujer despechada” fue reemplazada por una nueva: los cuadernos fueron entregados al diario La Nación por Jorge Bacigalupo, un amigo del chofer. Bacigalupo es sargento retirado de la Policía Federal. Entregó los cuadernos a La Nación, donde se limitaron a fotocopiarlos y devolverlos. Bacigalupo restituyó los cuadernos originales a Centeno quien declaró que los quemó en la parrilla del fondo de su casa, sin testigos.

De la entrevista concedida por Bacigalupo a la prensa, el único dato certero que podemos extraer es que los códigos de amistad del sargento son inversamente proporcionales a su antikirchnerismo. Consultado por el motivo que lo llevó a entregar los supuestos cuadernos su respuesta es contundente: “Es más que obvio. Por la situación que estamos viviendo en el país. Esta gente se llevó puesto todo. El problema no son los que están, sino que estos van a volver si no se los para de alguna manera”.

La historia habilita múltiples relaciones, y los cuadernos de Centeno tienen otro punto de contacto con los escritos de Clausewitz. No tanto por el contenido de estos sino por las consecuencias derivadas de su publicación, que se vinculan con la frase que inicia esta nota. Y, por qué no, con el “van a volver si no se los para de alguna manera” del sargento Bacigalupo.

Aquel aforismo de Clausewitz encuentra una nueva formulación en la actualidad de America Latína. El accionar conjunto de los poderes económicos, los grandes medios de comunicación, los tribunales de justicia y los grupos políticos que encarnan esos intereses, nos permite observar una nueva máxima: la guerra judicial es la continuación de la política por otros medios.

El concepto de guerra jurídica o lawfare, acuñado a principios de este siglo por el militar estadounidense Charles J. Dunlap Jr., ha cobrado particular relevancia para intentar explicar los procesos de desprestigio, persecución, juzgamiento y condena que han atravesado los principales líderes políticos populares de la región, en distinta medida, durante las últimas dos décadas.

En nuestro país, el término adquirió notoriedad a fines del año pasado luego de la entrevista entre la ex presidenta Cristina Fernández y su par brasileña Dilma Rousseff, destituida en agosto de 2016.

En aquella oportunidad, analizando principalmente el proceso judicial que atravesaba Lula Da Silva, ambas dirigentes dialogaron sobre este nuevo mecanismo mediante el cual los grupos de poder atacan y buscan eliminar del escenario de la competencia electoral a sus principales adversarios políticos.

En 2017 fue creado en San Pablo el Instituto Lawfare (http://lawfareinstitute.com/). Esta iniciativa, promovida por un grupo de abogados, busca profundizar el análisis y concientizar a la sociedad civil sobre este mecanismo que pone en riesgo la democracia en distintas partes del mundo.

Sintéticamente, el lawfare requiere la confluencia de dos actores principales: los medios de comunicación y el poder judicial. Además de esos protagonistas, el elenco de cómplices se extiende a aquellos partidos que se benefician con la destrucción política de sus adversarios y a los grupos económicos afectados o amenazados por los programas de gobierno que promueven los dirigentes atacados.

Desde el Instituto Lawfare analizan que en los procesos de este tipo se presenta el uso estratégico de tres dimensiones: geográfica, legal y mediática. El caso brasileño es una muestra paradigmática de este tipo de maniobras. Sin embargo, lo que sucede en nuestro país, específicamente lo ocurrido en la última semana a raíz de los supuestos cuadernos del chofer Centeno, también puede empezar a ser considerado como un caso de manual. Veamos:

1- Dimensión geográfica: Quienes atacan eligen el campo de batalla más ventajoso. Esto significa que se busca que los expedientes armados recaigan en los jueces o tribunales que mejor atiendan al objetivo de acabar con el opositor.

El fuero Criminal y Correccional Federal está conformado por doce juzgados. Las causas del fuero deben ser asignadas a un juez por sorteo. Es sabido que de todos ellos el que mayor animosidad tiene para con la gestión kirchnerista es Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Nº 11.

Los casos más resonantes contra la ex presidenta y sus funcionarios, como Hotesur, el memorándum con Irán, la compra de Gas Natural Licuado (causa por la que se encuentra preso sin condena el diputado Julio De Vido) y ahora la causa originada en los cuadernos de Centeno, han ido a parar a las manos de Bonadío. Este tipo de maniobras en la construcción de causas y asignación de expedientes configuran graves irregularidades denunciadas por decenas de juristas.

2- Dimensión legal: Implica generar una legislación específicamente adecuada para el lawfare. En este punto resulta central la sanción de la “Ley del arrepentido” (Nº 27.304), impulsada por Cambiemos y sancionada en octubre de 2016. La ley en cuestión modificó artículos del Código Penal introduciendo la figura del arrepentido para los casos de corrupción, otorgando beneficios a quienes colaboren y proporcionen información sobre delitos cometidos.

La sanción de esta figura no es inocente, y el papel jugado por los arrepentidos en la construcción de las causas judiciales que llevaron a prisión a Lula Da Silva, es un espejo que devuelve una imagen preocupante.

La propia titular de la Oficina Anticorrupción, la macrista Laura Alonso, se encarga de dejar bien en claro las expectativas que tienen en el gobierno sobre el futuro de la causa de los cuadernos. En una entrevista en Radio Mitre, Alonso declaró “el periodismo y los arrepentidos son siempre la puerta de entrada y de avance rápido de las investigaciones y los escándalos de corrupción. Acá están operando muchas cosas, por ejemplo la ley del arrepentido en corrupción. Esperamos que haya más arrepentidos, funcionarios o empresarios”. Refiriéndose expresamente a la modificación de la que hablamos mencionó que “es un incentivo muy importante porque las empresas pueden tener algunas consecuencias administrativas mientras dure el proceso penal. Es importante entender que las leyes han cambiado. Por suerte hay nuevas leyes y nuevas posibilidades”.

En este contexto, el primer arrepentido que surgió fue el empresario Juan Carlos De Goycoechea, de la constructora española Isolux. El grupo Grupo Isolux Corsán S.A posee vínculos empresariales con el grupo Macri y Iecsa. Además no declara haber pagado coimas sino haber sido presionado para aportar dinero a la campaña electoral.

A De Goycoechea se suman ahora Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora, quienes con declaraciones en el mismo sentido acordaron brindar su colaboración a la justicia.

Los empresarios “arrepentidos”, además de tener claros vínculos con las empresas y la familia del presidente, se arrepienten de algo que no es tan grave para ellos como para quienes supuestamente los extorsionaron. El peso probatorio de estas declaraciones es por lo menos cuestionable.

3- Dimensión mediática: Fundamental en todo proceso de lawfare. El papel desempeñado por los medios de comunicación para crear la presunción de culpa sobre dirigentes acusados. No es necesario profundizar sobre los diversos modos en los que las principales empresas de comunicación intentan manipular a la opinión pública para influirla negativamente sobre determinados dirigentes, anticipar juicios y reducir el derecho a una defensa imparcial.

El empleo de denuncias falsas, sobre las que se construyen causas cuyo principal fin es el eco resonante en el periodismo durante semanas o meses, es solo una de las tantas formas que hemos observado para buscar desgastar paulatinamente la imagen de distintos líderes políticos de la región.

En abril de este año, luego de ser reemplazado en su horario habitual en A24 por el periodista oficialista Luis Majul, Rolando Graña presentó un breve informe que repasa de forma sintética las principales causas judiciales-mediáticas que tuvo que enfrentar la gestión de gobierno anterior. Lo rimbombante de las denuncias contrasta con los nulos avances que los expedientes lograron en los tribunales: retroescavadoras buscando plata enterrada en la Patagonia que nunca se encontró, bóvedas construidas por Lázaro Báez y el matrimonio Kirchner que se demostraron inexistentes (pese a haber sido “reproducidas” en estudios de televisión), supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales que nunca fueron halladas (a diferencia de las que poseen decenas de funcionarios de la actual administración), el tráfico de bolsos de dinero desde Casa Rosada a Santa Cruz denunciado por la secretaria de Néstor Kirchner (este año la Cámara de Casación determinó que el testimonio era falso y desestimó el expediente), cuentas en EE.UU a nombre de Maximo Kirchner y Nilda Garré (desmentidas por el Departamento de Justicia de ese país).

La lista podría extenderse por varios párrafos más. El objetivo en todos los casos es el mismo, desprestigiar al adversario político hasta el punto de volverlo vulnerable a las acusaciones infundadas, hacerle perder apoyo popular (y por lo tanto político) y restarle capacidad de reacción frente a los ataques.

Los efectos del lawfare no han llegado en nuestro país al extremo que pudimos observar en Brasil, en donde se condenó al dirigente político con mayor intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, los casos de abuso del instituto de prisión preventiva y los pedidos de desafuero de la senadora Cristina Fernández a raíz del escándalo de los cuadernos fotocopiados intenta abrir una puerta cuyo umbral marca el límite del Estado de derecho.

Los riesgos son significativos y demandan el compromiso democrático del conjunto de las fuerzas políticas de la oposición, particularmente de aquellos sectores del peronismo distanciados de la ex presidenta. La responsabilidad también se extiende al oficialismo y al Poder Judicial. Esperamos que los tan mentados defensores de la República estén a la altura de su responsabilidad institucional e impidan la peligrosa transformación del aforismo de Clausewitz.


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