Los argumentos de Macri para vetar la ley contra el tarifazo

El presidente envió esta tarde el texto con los considerandos de la derogación de la norma. Señala que la fijación de tarifas es una potestad del Poder Ejecutivo y subraya el costo fiscal de la medida.

El presidente Mauricio Macri envió esta tarde el texto con los considerandos del veto a la ley de tarifas que aprobó el Senado en la madrugada del jueves. La derogación de la normativa, que además lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Energía, Juan José Aranguren, se basa en que “la facultad de establecer tarifas” le corresponde al Poder Ejecutivo.

 El documento desactiva el proyecto de ley registrado bajo el número 27.443. El Gobierno subraya que la Corte Suprema estableció en forma “inveterada, pacífica y constante" jurisprudencia que declara que "la facultad de establecer tarifas y cuadros tarifarios resulta una competencia exclusiva del poder administrador".

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El texto cita el antecedente de un fallo de 1939 de la Corte Suprema, en el que el máximo tribunal determinó que era competencia del Poder Ejecutivo establecer el precio del servicio energético “tanto respecto del pasado como del porvenir”.

En esta línea, señala que la Constitución Nacional le asigna al Poder Legislativo la capacidad de realizar reformas impositivas y exenciones, pero le atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de implementar la política económica y energética, y en este marco, la política tarifaria.

Además, objeta que el proyecto de ley vetado no considera “los costos fiscales vinculados con el aumento en la cantidad de beneficiarios con el impacto del proyecto en los servicios de agua y saneamiento, y con la devolución de los créditos a favor de los usuarios por lo abonado desde noviembre de 2017, entr eotros aspectos”. En este sentido, el Gobierno indica que el costo para el Estado de la reglamentación de esta ley “superaría la suma de pesos ciento quince mil millones ($115.000.000.000) para 2018, monto que representa aproximadamente el cero coma ocho por ciento (0,8 %) del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018”.

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