Lobby para que Biden castigue a países que buscan vacunas de bajo costo

Big Pharma está luchando por un control estricto sobre la producción de la vacuna Covid-19, lo que limita la disponibilidad en todo el mundo y obtiene miles de millones.

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Traducción: El País Digital.


Se le pide a la administración del presidente Joe Biden que castigue a Hungría, Colombia, Chile y otros países por intentar aumentar la producción de vacunas y terapias Covid-19 sin el permiso expreso de las compañías farmacéuticas.

Las sanciones están siendo instadas por la industria farmacéutica, que ha presentado cientos de páginas de documentos a la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos que describen la supuesta amenaza que representa cualquier esfuerzo para desafiar las "protecciones básicas de propiedad intelectual" en respuesta a la pandemia del coronavirus.

La industria farmacéutica ha criticado duramente cualquier intento de compartir las patentes de vacunas o el conocimiento tecnológico necesario para fabricarlas, a pesar de la necesidad global. Según una estimación, los países ricos que representan solo el 16% de la población mundial ya han obtenido más de la mitad de todos los contratos de vacuna Covid-19. Y las proyecciones actuales muestran que gran parte del mundo en desarrollo y de ingresos medios no logrará la vacunación generalizada durante años. Algunas proyecciones predicen que los países de bajos ingresos como Malí, Sudán del Sur y Zimbabwe pueden lograr niveles significativos de vacunación reciéna principios de 2024.

Sin duda, el retraso costará innumerables vidas y pondrá en riesgo futuras mutaciones potencialmente peligrosas del virus Covid-19. La vacuna AstraZeneca-Oxford, según las pruebas iniciales, es mucho menos efectiva contra la variante Covid-19 que se ha extendido rápidamente por Sudáfrica, por ejemplo. Una pandemia prolongada también amenazará con extender y exacerbar una recesión económica mundial.

En respuesta, los gobiernos de todo el mundo están considerando una exención temporal a los derechos de propiedad intelectual tradicionales para producir rápidamente tratamientos contra el coronavirus a bajo costo, una demanda a la que se oponen intensamente los cabilderos estadounidenses de la industria farmacéutica.

El impulso de los gobiernos extranjeros para fijar unilateralmente el precio y el ritmo de producción de las vacunas contra el coronavirus, argumentaron los cabilderos de drogas de la Organización de Innovación Biotecnológica, o BIO, pondrá en riesgo los empleos estadounidenses y los trabajadores que dependen de ellos e impedirá los avances científicos".

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, o PhRMA, otro grupo de presión en el tema drogas, solicitó que la administración de Biden "persiga una variedad de iniciativas de aplicación" y "use todas las herramientas y apalancamiento disponibles para garantizar que los socios comerciales de Estados Unidos" no suspendan los derechos de propiedad intelectual tradicionales en la lucha contra el coronavirus.

BIO y PhRMA representan las firmas farmacéuticas más grandes del mundo, incluidas Pfizer, Gilead Sciences y Johnson & Johnson. Los dos grupos gastaron colectivamente más de $ 38 millones en cabildear a los funcionarios federales el año pasado, y las empresas miembro mantienen amplios vínculos con destacados grupos de expertos, legisladores y académicos activos en dar forma a la respuesta política a la pandemia. Otros grupos financiados por la industria farmacéutica, como la Cámara de Comercio de EE. UU. , La Asociación Nacional de Fabricantes , la  Alianza para el Control del Comercio y la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual, hicieron demandas similares a la administración para que tomara medidas contra los países que desafían los derechos de propiedad intelectual de las empresas. en respuesta a la pandemia.

Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer, se burló de las propuestas para compartir la propiedad intelectual como "tonterías" y "peligrosas" en un foro de la industria el año pasado. Las vacunas están aportando a las compañías farmacéuticas 21.000 millones de dólares solo este año, según una estimación de Bernstein Research.

Las últimas presentaciones muestran las demandas específicas hechas por la industria farmacéutica para influir en el llamado Informe Especial 301 de la administración Biden. Cada año, el Representante de Comercio de EE. UU. permite al público comentar sobre países que no protegen los derechos de propiedad intelectual. Los países nombrados en el Informe Especial anual 301 son luego objetivo de los EE. UU. para disputas de acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que pueden derivar en aranceles u otras sanciones.

“Si nos fijamos en las presentaciones farmacéuticas de este año, ahora se quejan directamente de las respuestas relacionadas con Covid a nivel de país”, dijo Brook Baker, profesor de derecho de la Northeastern University y experto en propiedad intelectual. “La respuesta de Pharma a la pandemia es: 'Nuestro sistema es perfecto. Todos los derechos de monopolio que tenemos deben ser preservados y extendidos, y cualquiera que no nos dé lo que queremos debe ser condenado por el gobierno de Estados Unidos '”.

Burcu Kilic, director del Programa de Acceso a Medicamentos de los Ciudadanos Públicos, señaló que el Informe Especial 301 ha reflejado históricamente las prioridades de la industria farmacéutica, aunque no está claro si el equipo comercial de Biden seguirá el patrón establecido por administraciones anteriores. “La mayoría de las veces, el Informe Especial 301 copia y pega los argumentos [de la industria farmacéutica]”, dijo Kilic.

En años anteriores, el grupo de presión antidroga ha utilizado el Informe Especial 301 para ejercer presión sobre los desafíos internacionales a su propiedad intelectual. En 2006, tras la decisión de Tailandia de emitir licencias obligatorias para la producción genérica de una variedad de medicamentos para el tratamiento del cáncer y el VIH / SIDA, la industria farmacéutica presentó una petición al Representante Comercial de Estados Unidos, que luego se dirigió a Tailandia en su Informe Especial 301 de 2007. El gobierno de EE. UU. Suspendió el tratamiento libre de aranceles en una variedad de exportaciones tailandesas, incluidos televisores de pantalla plana y joyas de oro.

Kilic señaló que en 2013, luego de una decisión del gobierno indonesio de emitir licencias obligatorias para la producción de medicamentos contra el VIH y la hepatitis B, la administración Obama agregó al país a su Informe Especial 301, de acuerdo con las demandas de la industria farmacéutica. "Estaba en Indonesia cuando salió el informe", dijo Kilic. Los funcionarios del gobierno, señaló, estaban aterrorizados por la respuesta de Estados Unidos. “Si Estados Unidos es su principal mercado de exportación, debe tomárselo en serio. Así es como se elabora la política de propiedad intelectual ".

El Representante de Comercio de Estados Unidos no respondió a las preguntas sobre sus planes para el Informe Especial 301 de este año. El portavoz de PhRMA, Brian Newell, señaló en un comunicado que "las protecciones de la propiedad intelectual en realidad permiten que los socios compartan más fácilmente la tecnología y la información para encontrar nuevas formas de combatir el virus y ampliar la fabricación de vacunas".

“Socavar las mismas políticas que han ayudado a las empresas de investigación a actuar tan rápidamente contra la pandemia no brindará alivio a las personas y nos dejará a todos menos preparados para enfrentar futuras amenazas a la salud pública”, dijo Newell. "Un mejor enfoque es continuar la intensa colaboración que ya se está llevando a cabo entre empresas, gobiernos y otros socios de todo el mundo".

BIO tampoco brindó comentarios a The Intercept. Tom DiLenge, presidente de políticas públicas de BIO, dijo al Wall Street Journal que su grupo se opone a los acuerdos de intercambio de propiedad intelectual. “No se puede hacer que las entidades privadas participen en una asociación si se va a tomar su propiedad intelectual y restringir la forma en que pueden poner precio y comercializar sus productos”, dijo DiLenge.

La marcada división en la distribución global de la vacuna contra el coronavirus ha avivado un intenso debate en torno a los derechos de monopolio exclusivo otorgados a los titulares de patentes farmacéuticas bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Las naciones ricas como Canadá, EE. UU. Y Japón han asegurado amplias vacunas para todos los residentes dispuestos durante este año y, en general, han apoyado políticas globales que permiten a las compañías farmacéuticas negociar y establecer voluntariamente el precio y el nivel de producción de las vacunas contra el coronavirus. Los EE. UU., El Reino Unido y Suiza, haciéndose eco de las preocupaciones de los fabricantes de medicamentos, se opusieron a los esfuerzos al principio de la pandemia para compartir la propiedad intelectual y la tecnología para las vacunas y los tratamientos contra el coronavirus.

En cambio, Estados Unidos ha respaldado la denominada COVAX Facility, una asociación público-privada multinacional con fondos insuficientes diseñada para distribuir vacunas a países de ingresos medios y bajos a través de donaciones y compras privadas de vacunas. Bajo el plan COVAX, que Estados Unidos está apoyando con $ 4 mil millones en fondos, las compañías farmacéuticas distribuyen directamente o otorgan licencias a socios para fabricar vacunas en el extranjero.

El Serum Institute of India se ha asociado con AstraZeneca para fabricar más de 300 millones de dosis a través de COVAX para más de 100 países de bajos ingresos en junio. Pero ese total representa alrededor del 3 por ciento de la población de los países programados para recibir las vacunas.

Mientras tanto, varios países, incluido el gobierno húngaro y los líderes de Indonesia , han realizado esfuerzos para ampliar radicalmente la capacidad de producir tratamientos para el coronavirus. 

Chile, por ejemplo, tiene reglas avanzadas para permitir las llamadas “licencias obligatorias” para importar y fabricar tratamientos médicos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas, sin el permiso del titular de la patente. La Cámara de Diputados de Chile votó abrumadoramente el año pasado a favor de una resolución para permitir que las agencias públicas o los fabricantes de medicamentos genéricos produzcan tratamientos médicos relacionados con el coronavirus.

Otros países han adelantado acuerdos multilaterales para proporcionar un enfoque colaborativo para aumentar la fabricación mundial de vacunas contra el coronavirus. En octubre pasado, una coalición liderada por Sudáfrica y la India avanzó una propuesta a la Organización Mundial del Comercio para emitir exenciones a las naciones miembros de la aplicación de la protección de patentes para los tratamientos relacionados con la pandemia. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, ha pedido un “repositorio de tecnología” global para compartir tecnología y patentes para abordar rápidamente la pandemia, incluidas pruebas y vacunas.

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el acuerdo que cubre los derechos de propiedad intelectual, incluye exenciones para las necesidades de salud pública. El lobby farmacéutico, sin embargo, está pidiendo a Estados Unidos que lidere el camino para bloquear cualquier exención de este tipo.

La Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual, un grupo financiado y dirigido por Pfizer y Johnson & Johnson, presentó una carta a la administración a principios de este año en la que señalaba la iniciativa Sudáfrica-India a la Organización Mundial del Comercio como una de las "propuestas peligrosas" que se encuentran " contraproducente para responder a esta y futuras pandemias ".

PhRMA, en su presentación, calificó la propuesta de Sudáfrica-India como una "escalada significativa en el activismo global contra la propiedad intelectual" que "polarizará aún más las conversaciones legítimas sobre el compromiso de los países para combatir la pandemia". BIO y PhRMA enumeran varias naciones para su inclusión en el Informe Especial 301, citando las regulaciones de precios de los medicamentos y el impulso de exenciones de propiedad intelectual en respuesta a la pandemia.

La estridente oposición empresarial a cualquier flexibilidad de propiedad intelectual ha irritado a los defensores de la salud pública, muchos de los cuales señalan que gran parte de la tecnología de las vacunas ha sido financiada por el sector público y transferida al dominio privado.

“Entonces, el sistema de patentes es, arriesgas capital privado, puedes obtener un monopolio a cambio como recompensa por eso”, dijo Achal Prabhala, coordinador del proyecto AccessIBSA, que aboga por el acceso global a la medicina. "Excepto que, como sabemos, para las empresas farmacéuticas, no es capital privado, en realidad son actores públicos".

La vacuna Pfizer, señaló Prabhala, se desarrolló en asociación con la empresa europea BioNTech, que recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán para ayudar a acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas. El gobierno de los EE. UU. Proporcionó alrededor de $ 1 mil millones para la investigación y las pruebas de Moderna para crear su vacuna contra el coronavirus.

Johnson & Johnson recibió más de $ 1,450 millones en fondos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Para su vacuna Covid-19 recientemente aprobada.

Si bien el gobierno federal ha tendido a ponerse del lado de los intereses de la industria farmacéutica, es mucho lo que se podría hacer para aumentar la capacidad de producción de vacunas.

La Ley Bayh-Dole de 1980, que codifica la transferencia de investigación financiada por universidades y gobiernos a entidades privadas, incluye una disposición sobre “derechos de entrada” que permite que las patentes se compartan en el dominio público con fines relacionados con la salud. Sin embargo, esa disposición, que podría usarse para otorgar al gobierno de EE. UU. La propiedad temporal de las patentes de vacunas contra el coronavirus, nunca se ha utilizado.

La Ley de Producción de Defensa también podría aplicarse para forzar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar el suministro de vacunas mediante la expansión de la producción de fabricación. Hasta ahora, Biden solo ha utilizado el DPA para aumentar la capacidad de viales, jeringas y otros materiales, pero no ha hecho cumplir la ley sobre los fabricantes de medicamentos.

Y Estados Unidos podría simplemente cambiar de rumbo en términos de su enfoque de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, ignorar las demandas de la industria farmacéutica y aceptar propuestas para compartir patentes y propiedad intelectual que podrían contribuir a poner fin a la pandemia del coronavirus.

Pero la oportunidad de compartir propiedad intelectual vital, incluidas las patentes de vacunas y el proceso tecnológico para desarrollar la fabricación de vacunas, dijo Prabhala, requeriría un cambio radical en el enfoque que contrasta fuertemente con la ideología del negocio de las drogas que domina Washington, DC.

"En realidad, hay mucha capacidad que podría reutilizarse para producir más vacunas, pero para que eso suceda, tiene que haber algo del gobierno federal que lo obligue a que suceda", dijo Prabhala. "Si la administración Biden acude a Pfizer y le dice: 'Lo estamos obligando a expandir la oferta', esencialmente iría en contra de lo que ha sido la política oficial de la administración estadounidense sobre estos temas durante décadas".


Artículo publicado originalmente en The Intercept


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