Lifschitz decretó un protocolo contra la violencia de género

El gobernador de Santa Fe presentó la herramienta para la "atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral". Envió a la Legislatura un proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Micaela.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, decretó la conformación de un "protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral" y envió a la Legislatura provincial un proyecto para que la provincia adhiera a la llamada Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.

"Con estas dos medidas, estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y los criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres", afirmó el mandatario.

"La provincia busca promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género", subrayó.


"La provincia busca promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual o identidad de género"


El escrito detalla que "el Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos, herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática".

Por otra parte, se establece un protocolo de acción por el cual la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que el afectado lo requiera expresamente, debe ser oída personalmente por parte de la autoridad administrativa correspondiente.

En ese sentido especifica que "las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones" e invita a sumarse a todos los municipios y comunas de la provincia.

Mientras que por último remarca que la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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