Oficina Anticorrupción: Alonso confesó que no impulsa causas contra el Gobierno

La cuestionada titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, confesó anoche durante una entrevista con Luis Majul que desde su cargo no impulsa causas contra funcionarios del actual gobierno o el presidente Mauricio Macri porque, según argumentó, así evita "cualquiero tipo de sospecha o duda" sobre su actuación.

Frente a la pregunta del periodista si su oficina es "creyente" de las denuncias contra integrantes de Cambiemos o "las deja pasar", la exdiputada del PRO respondió: "Dos cosas: nosotros hemos brindado aportes de información en varias causas. Y dado que he sufrido acusaciones en mi contra por parcialidad o por falta de imparcialidad y también por la falta de recursos humanos, en este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas". 



Al intentar explicar esa postura, Alonso señaló: "Para que me acusen de encubridora y de embarrar causas, que las lleven adelante los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno". 

Y, en ese sentido, agregó: "Esa me parece que es la decisión que preserva justamente cualquier tipo de sospecha o duda de la actuación que nosotros podamos contra funcionarios del actual gobierno". 

La polémica comenzó desde su desembarco en la Oficina Anticorrupción, en diciembre de 2015. El antiguo decreto que creó esa dependencia con rango de Secretaría, firmado por Fernando de la Rúa en 1999, establecía que para ejercer el cargo se debía tener el título de abogado. 

Alonso, graduada en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires no estaba en condiciones de asumir, por lo que Macri decidió modificar el reglamento original y quitar esa exigencia. 

Luego, se la acusó en varias ocasiones de evitar actuar en causas abiertas contra funcionarios de este gobierno o contra el propio presidente (como el expediente del Correo Argentino o las denuncias contra el exministro de Energía Juan José Aranguren por supuesto conflicto de intereses), pese a que la ley exige que la OA debe "constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado". 

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