Latinoamérica sangra: entre la represión policial y la inestabilidad política

Por: Victoria Frutos

La reciente ola de descontento social y manifestaciones ciudadanas en toda Latinoamérica nos coloca frente a un rol militarista, violento y represor de las fuerzas policiales. Junto con la salida de la policía a las calles para restablecer el “orden social”, han emergido rasgos militares y procedimientos que comprometen la estabilidad democrática y el cumplimiento de los Derechos Humanos.

El debate acerca de la ruptura con la tradición golpista adquiere nuevamente un lugar primordial en la agenda regional y plantea ciertas cuestiones que creíamos superadas ¿Estamos ante la presencia de un neogolpismo? Las revueltas y manifestaciones sociales ¿Están asociadas al derrumbe y la desconfianza en los modelos democráticos instaurados en el siglo XX?

En primer lugar, respaldando la idea de Tokatlián, Saín y Montenegro, se puede decir que estamos frente a un “nuevo golpismo” liderado por civiles con soporte militar implícito, y con cierta semblanza institucional que intenta resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso.

En segundo lugar, en su trabajo “¿América Latina camina hacia el pasado?”, Rut Diamint y Laura Tedesco expresan que el despertar de las sociedades latinoamericanas está vinculado al derrumbe de las ficciones democráticas construidas en lugar de una democracia plena. En este sentido, los derechos políticos conferidos a la ciudadanía han quedado retraídos frente a la desigualdad, las crisis económicas y los altos niveles de corrupción.

La gravitación e incidencia de Estados Unidos en la seguritización de la agenda regional destinada a la guerra contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo, ha favorecido procesos represivos que repercuten tanto en los discursos plagados de odio y discriminación de las cúpulas militares como en el accionar de las fuerzas policiales al interior de los estados.

El renacer de las protestas sociales otorga un papel indiscutiblemente mayor a las fuerzas policiales, las cuales justifican en la defensa de la seguridad pública su accionar represivo desobedeciendo a todo tipo de mandatos normativos. Es por ello que, no estamos en presencia de un fenómeno aislado, las calles bañadas de sangre repletas de efectivos policiales que presumen su poder disciplinar se han transformado en un fenómeno alarmante en la región.

Actualmente, las instituciones policiales que presumen su profesionalismo basado en el ejercicio efectivo del derecho, lejos están de otorgar una connotación positiva a conceptos como democracia y derechos humanos, es por ello que no cuentan con las capacidades necesarias para desarrollar programas de contacto con la comunidad. Por el contrario, prevalecen nociones autoritarias donde se reproduce la lógica de un “nosotros” versus “ellos.

La escalada brutal de violencia e inestabilidad que respira hoy América Latina exige la apertura de discusiones que pongan de relieve la represión sistemática y generalizada ejercida por las fuerzas civiles de gran parte de los países de la región.

Con una frecuencia cada vez menor salen a la luz incidentes acerca de del uso desproporcionado de la fuerza y abuso de la autoridad ejercido por Carabineros en Chile, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Colombia, la Policía Nacional de Ecuador, la Policía Nacional Bolivariana y grupos parapoliciales en Venezuela, la Policía Boliviana y la Policía Nacional de Haití.

La sociedad chilena despertó después de largos años de impunidad y silencio y salió a las calles a reclamar derechos. Al día de hoy las justas demandas del pueblo chileno son reprimidas ferozmente por las fuerzas de Carabineros apoyadas por un gobierno de tinte neoliberal y autoritario. Violencia y destierro contra el pueblo mapuche, persecución y desaparición de personas, detenciones forzosas y ataque a organismos defensores de derechos humanos han demostrado el cariz militar de las fuerzas civiles chilenas.

En medio de una larga crisis democrática y debilidad institucional, en Venezuela la libertad de accionar con la que cuentan los cuerpos policiales ha favorecido la violencia, el terror, las intimidaciones y el sadismo contra la población más vulnerable. Aún más grave, es la existencia grupos parapoliciales que, ligados a estructuras estatales, dominan territorios y sofocan protestas opositoras.

En Bolivia los opositores al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales son reprimidos ferozmente. Los ataques, asesinatos y torturas ejercidos por policías y militares hacia la población boliviana fueron respaldados por la proclamada presidenta Jeanine Añez, que mediante un decreto exoneró de responsabilidades penales por delitos cometidos en acciones de represión a las fuerzas del Estado. Dicho decreto llamaba a “Todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado a prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales".

En Colombia el avance y la alianza de fuerzas ligadas al narcotráfico, guiadas por los cárteles mexicanos, con la clase política tradicional colombiana erosionan las instituciones democráticas y llevan a respuestas cada vez más violentas. La ESMAD (fuerza de élite que tiene como objetivo apoyar a la policía en el restablecimiento del orden público) viene reprimiendo las manifestaciones que comenzaron en noviembre de 2019 con el nombre de “Paro Nacional Colombia 2019”, en rechazo a las políticas neoliberales y sociales del presidente Iván Duque. Una de las víctimas de la brutal represión fue Dilan Cruz, estudiante de 18 años desplomado ante los ojos de la multitud por una bala disparada por los agentes directo a su cabeza.

En Ecuador las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019 por un aumento al combustible, emergen durante la crisis sanitaria luego del anuncio de medidas económicas por parte del gobierno de Lenín Moreno y la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Numerosas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional Ecuatoriana ejecutora de numerosos atropellos, golpizas y asesinatos a manifestantes.

En medio de la inestabilidad política y la crisis social que vive Haití hace mas de 30 años, la policía reprime los levantamientos ciudadanos en contra de la corrupción y la impunidad y los reclamos por una reforma constitucional, previos al proceso electoral. Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Jovenel Moïse llevan a cabo a diario violaciones de Derechos Humanos y uso de la fuerza excesiva. Pandillas y grupos armados dominan vastos territorios con una clara complicidad gubernamental.

La abundante disposición de recursos para la represión, expresada en personal, armamento, vehículos, capacidades técnicas y presupuesto estatal con la que cuentan las fuerzas civiles de la región fomentan los abusos de una policía militarista. Bombas de gas lacrimógeno, carros lanza agua compuesta por diversos químicos y perdigones de plástico y plomo, son algunas de las mal llamadas “armas menos letales” que han provocado infinidad heridas y mutilaciones irrecuperables a manifestantes latinoamericanos.

El contexto internacional actual es poco alentador, las diversas medidas y decretos impuestos por los gobiernos para frenar la crisis sanitaria confieren a las instituciones encargadas de la seguridad pública un papel primordial de control social y nos colocan ante su absoluta arbitrariedad.

Hoy las capas más vulnerables de la sociedad que reclamaban por derechos y garantías sociales deben lidiar con más violencia, más pobreza y menos Derechos Humanos.

Como expresan Levitsky y Ziblatt, actualmente muchos de los esfuerzos de los gobiernos para subvertir la democracia son “legales”, aprobados por las legislaturas o aceptados por las cortes. La pregunta que nos queda por hacernos es ¿Hasta cuándo nuestras democracias estarán teñidas de (i)legalidad?


Sobre la autora: Estudiante avanzada de la Lic. en Relaciones Internacionales. Miembro investigadora del área de Memoria y Derechos Humanos de la Fundación para la Democracia.

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