Las movilizaciones sociales en Colombia, ¿se encamina el país hacia un nuevo ciclo político?

Iván Duque asumió la primera magistratura de Colombia el 7 de agosto de 2018. Luego de vencer en segunda vuelta al candidato progresista Gustavo Petro, y con solo 42 años se convirtió en el presidente más joven de la historia del país. Nombrado en 2001 por Juan Manuel Santos, en ese entonces ministro de Economía de Pastrana, como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo y más tarde electo senador por el periodo 2014-2018, Duque asumió la presidencia con el apoyo de su jefe político Álvaro Uribe. El dos veces presidente del país y figura central desde inicios del siglo XXI de la política colombiana puso las fichas en este joven abogado para darle continuidad a su política de Seguridad democrática llevada a cabo bajo sus dos presidencias.

A pesar de que los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC estaban en marcha desde el gobierno de Santos, Duque intentó dar marcha atrás con varios de arreglos institucionales realizados por la anterior gestión. Desde la campaña electoral, el presidente colombiano advirtió sobre la dificultad de llevar adelante los acuerdos concretados con la guerrilla y se mostró refractario a continuar los diálogos abiertos con el ELN. La postura de guerra frontal frente a los grupos insurgentes, la estrategia llevada adelante en forma exitosa por Uribe, se mantuvo como estrategia en un contexto diametralmente opuesto a los años 2002-2010. El rol jugado por los militares durante su mandato en lo que hace a la represión de la protesta social, las escuchas en torno a jueces, opositores y periodistas, y los asesinatos en bombardeos indiscriminados, siempre justificados por el presidente, se destacan como uno de los principales recursos de poder con los que cuenta Duque en este momento político. 

A partir de octubre-noviembre de 2019, con el inicio de las masivas movilizaciones llevadas adelante por distintos sectores sociales opositores nucleados en el “Comité Nacional del Paro” comienza en el país un proceso de transformación que continúa abierto a la fecha. La represión gubernamental hacia los manifestantes, lejos de ahuyentar la potencia contestataria la multiplicó y extendió a las ciudades más importantes del país. La intervención directa de los militares impidió que el conflicto desatado se llevara puesto al presidente y su gobierno, a un costo social altísimo. En ese marco, la pandemia ofició como un oasis para Duque, ya que desactivó en forma momentánea a una sociedad civil movilizada como nunca antes en la historia de Colombia.

Sin embargo, un año después volvieron a activarse las protestas en torno a la “Minga indígena”, un movimiento que expandió sus demandas a lo largo del país, y constituyó el preanuncio de que las movilizaciones sociales, lejos de desaparecer del paisaje político, comenzaban a resurgir lentamente. Solo faltaba prender la mecha que las impulse. Y esta llegó cuando el presidente colombiano impulsó la Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma impositiva que tenía como finalidad recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares (un 2% del PBI) con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, en la misma lógica neoliberal que viene primando desde hace décadas en el país. La idea del proyecto era recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos (unos US$6.300 millones) que saldrían de los bolsillos, al decir del ministro de Hacienda, “en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas". Más allá de la declaración del titular de la cartera económica, el proyecto implicaba el cobro de un impuesto que afectaba a personas que ganaban un sueldo mensual de más de 663 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234. Sin tocar la rentabilidad financiera, como mandan los manuales del neoliberalismo sudamericano, el paquete de medidas apuntaba a gravar a los sectores medios y bajos en contexto económico muy delicado para el país.

La resistencia social al proyecto no se hizo esperar y las movilizaciones de la semana pasada fueron el preludio de la convulsión política por la que hoy atraviesa el país cafetero. Una vez más, un conjunto de organizaciones sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes lanzaron un paro nacional para el miércoles de la semana pasada obteniendo un éxito notable en la masividad del cumplimiento y en las movilizaciones que acompañaron el paro. Y al igual que en el año 2019, esta se extendió en el tiempo, y luego de cuatro días consecutivos de protestas, reprimidas ferozmente como es una costumbre en Colombia, el presidente Duque debió dar de baja la iniciativa. El saldo de las protestas de la semana pasada de acuerdo a la Defensoría del Pueblo fue de 16 civiles y un policía muertos y más de 800 heridos. Como a la fecha las movilizaciones y protestas continúan en el país, estos datos provisorios, con seguridad, aumentarán al compás del paso de los días. Cuando esta nota está por publicarse se habla de más de 40 muertos y más de 1000 heridos.

De acuerdo al ministro de Defensa, Diego Molano, los hechos de violencia son "premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz”, insistiendo, como lo había hecho Uribe la semana anterior, en que se trata de protestas motorizadas por la insurgencia en un contexto de pandemia. Recordemos que Colombia es considerado uno de los países en que la pandemia ha golpeado fuertemente su sistema de salud y su economía. El 28 de abril, en plena activación social, se reportaron 19.745 casos de covid, la cifra de contagios más alta desde que se declaró allí la emergencia sanitaria. El desplome económico, en línea con el resto de los países de la región, fue el peor en medio siglo: el PBI cayó casi al 7%. En ese marco de penurias, el desempleo alcanzó el 16,8% en el mes de marzo, la mitad de población se mantiene en  la informalidad y la pobreza se ubica en el 42,5%.

A pesar de la convulsión social, el presidente propuso insistir con el proyecto reformista eliminando el aumento del impuesto al IVA y la ampliación a los sectores más pudientes en el impuesto a la renta. Al mismo tiempo continúa la represión oficial y los abusos policiales. Las organizaciones sociales que lideran la medida anunciaron que continuarán con las protestas, lo que avizora un panorama complejo para el país.

Colombia se yergue, una vez más, sobre la violencia política y social. Si en los ochenta fueron los carteles de la droga, en los noventa los paramilitares y la guerrilla, hoy son las fuerzas de seguridad las protagonistas de la represión y la violencia sobre una indetenible movilización popular. Desde el 42% de los votos obtenidos por Petro en la segunda vuelta electoral de 2018, una buena parte de la sociedad colombiana ha iniciado un camino de resistencia al neoliberalismo impensado décadas atrás. La salida de la escena pública (y de la selva) de las FARC ha potenciado esta movilización y le ha permitido protagonizar este tiempo histórico.

La violencia política no es una novedad en el país. Desde el asesinato de Jorge Gaitán el 9 de abril de 1948 se ha mantenido (a veces solapada) en el escenario político en forma ininterrumpida. Hoy se observa en los asesinatos de dirigentes sociales en el sur del país (casi uno por día) y en las masacres cometidas por las fuerzas de seguridad en la “lucha contra los grupos ilegales”. El silencio internacional ha sido demasiado generoso con un país que ve caer a sus compatriotas diariamente, aprovechando que la mirada (y la sanción) solo se dirige hacia la Venezuela chavista. Ya son muchos los dirigentes que en el plano internacional demandan que no se haga “la vista gorda” con Colombia. Por estas horas, organizaciones de derechos humanos denuncian una “cacería” de dirigentes y una “violencia indiscriminada” sobre la población. Sin embargo, desde el plano internacional, son escasas las organizaciones y estructuras supraestatales que denuncian el estado de cosas actual en el país. El tratarse de un país aliado a EE.UU. contribuye a ese mutismo global que selecciona a dónde poner el ojo en cuanto la violación de derechos humanos ocurre. Este país los viola, este no, este puede ser.

Luego de más de tres décadas de implementación de una agenda neoliberal “a la colombiana”, el país se dirige hacia un sendero que a priori no resulta sencillo de predecir desde hoy. Los países de la Alianza del Pacífico, que había mantenido un esquema de crecimiento similar basado en la exportación de commodities, un importante grado de desregulación económica, un Estado escasamente interventor y una desigualdad social consecuente, se encuentran en esta coyuntura duramente cuestionados. En México, Andrés López Obrador le puso fin a tres décadas de neoliberalismo sin fisuras, en Perú la fragilidad del sistema político se puso de manifiesto en estos dos últimos años en donde la inestabilidad presidencial fue la novedad y dio lugar a que un dirigente de la izquierda tradicional alcance la segunda vuelta electoral presidencial del mes pasado y en Chile, el primer mandatario Sebastián Piñera se vio obligado a reformar la Constitución pinochetista en un contexto de debilidad presidencial y de importantes movilizaciones sociales. En ese marco, Colombia parece no ser la excepción, y se encamina, más temprano que tarde, hacia un nuevo ciclo político que aún no muestra nítidamente sus contornos. Los avatares de la dinámica política del país traerán en las próximas semanas (o meses) las respuestas a este gran interrogante acerca de lo que se vendrá en el país.


Sobre el autor: Coautor junto con Santiago García del libro Liderazgos en su laberinto, Ed. Prometeo.

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