Las claves del "salario universal" que piensa el Gobierno para contener los efectos de la crisis

La renta básica para las personas que se encuentran inactivas es uno de los ejes de la recuperación que plantea el presidente Alberto Fernández. El rol clave de Daniel Arroyo y Claudio Lozano y la experiencia en España.

Pese a que desde un comienzo dejó en claro que la salud era la prioridad en esta emergencia, el presidente Alberto Fernández sabe que el escenario económico post pandemia será muy difícil de transitar. Los efectos producidos por el parate en la actividad hacen que desde el Gobierno piensen en una salida que alivie la situación de miles de personas que sufrieron una abrupta caída en sus ingresos. Es por eso que el "salario universal" empieza tomar forma como un proyecto viable de recuperación de los sectores más castigados.

Esta estrategia tiene dos actores claves aparte del presidente. El primero es el director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien es un histórico militante social que participó de la elaboración de los primeros planes sociales en la crisis del 2001. El ahora titular de la entidad monetaria será el encargado de diseñar la propuesta desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, organización que también comanda. 

“La única manera de transitar este tiempo es garantizándole los ingresos al conjunto de la población en situación de informalidad", consideró Lozano en un reportaje reciente con Realpolitik. El dirigente sostuvo que fundamental para paliar la crisis que el Estado ponga "un piso de ingreso en los hogares donde habitan asalariados no formales".

El segundo es Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, quien se ocupará de consensuar la iniciativa con dirigentes sociales y sindicales. Además, sumará voces con experiencia que ayuden a la implementación de la medida. Por esta razón, mantuvo en encuentro virtual con el expresidente Eduardo Duhalde, que bajo su presidencia impulsó la "renta básica universal". 

Si bien el plan está en proceso de elaboración, la idea que manejan desde el Ejecutivo es que no tenga las restricciones que poseen las ayudas sociales vigentes como el IFE, que no puede ser adquirido por más de un integrante del grupo familiar. Es por eso que el objetivo es que este beneficio garantice las condiciones mínimas de subsistencia a personas de entre 18 y 65 años que se encuentran inactivas laboralmente. "El ingreso universal no lo pensamos para unos meses sino para los próximos años", adelantó Arroyo días atrás y dejó en claro que esta es una de las apuestas fuertes del actual Gobierno.

El apoyo de la Iglesia

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, sostuvo que el arribo del coronavirus “desnudó la enorme desigualdad y el maltrato” que la raza humana “tuvo con el planeta“. Ante este panorama, se mostró a favor de “instaurar un salario universal de emergencia” con el fin de paliar las consecuencias económicas. “´Nos habíamos acostumbrado a vivir en un mundo enfermo` dice el Papa Francisco y no podemos seguir acostumbrados a esto”, señaló el religioso.

La Iglesia es uno de los sectores que viene reclamando por una renta básica desde hace un tiempo y encuentra en el Papa Francisco a uno de sus principales impulsores .“En este contexto el Papa Francisco nos ha hablado de la posibilidad de instaurar un salario universal de emergencia. No solo para aquellos que trabajan en la economía popular. Sino para tantos trabajadores informales que tienen trabajos precarios y que no tienen cobertura social”, destacó Ojea.

El religioso afirmó que esta medida “ha sido apoyada por la Comisión para América Latina de las Naciones Unidas”. Y reflexionó que “hay una gran sensatez en sentarnos para pensar, y ´repensar` el mundo que vamos a vivir. Para regenerarlo, para volverlo a hacer de nuevo y aprovechar esta oportunidad”. “Hoy es el peligro de la pandemia que se ha salido de madre, que no podemos controlar. Mañana será el gran problema de hambre y de la desocupación”, finalizó.

La experiencia en España

A fines de mayo,el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la aprobación del proyecto "Ingreso Mínimo Vital", que calificó de "medida histórica en nuestra democracia" y que tiene como fin acabar con parte de la pobreza que acumula el país, agravada por la crisis del coronarivus, que dejó a muchos hogares sin ingresos.

A raíz de su implementación, más de 255.000 personas de los sectores más vulnerables de la población empezaron a recibir la ayuda monetaria del Estado, distribuida en sumas promedio de 430 euros. Según el ministerio, se destinaron 32 millones de euros para pagos del mes de junio, llegando el primer pago a 74.119 hogares de toda España. 

La renta de subsistencia se paga por hogar, aumentando la cuantía a medida que aumenta el número de miembros de la familia, siendo 1.015 euros al mes la suma máxima. Se trata de una renta que percibirán todos aquellos hogares que no lleguen a un umbral de ingresos y patrimonio, excluyendo de este último la residencia habitual, siempre que no tenga un valor extraordinario. Las cuantías mensuales garantizadas variarán dependiendo de la composición de la familia: desde los 462 euros para un adulto sin cargas familiares hasta los 1.015 euros para dos adultos con más de tres niños.

Además, se calcula que alrededor de 100.000 familias ni siquiera tendrán que solicitarla, pues a esos hogares ya detectados como especialmente vulnerables se les otorgará de oficio la administración.

Las medidas beneficiarán a hasta 850.000 hogares y a más de 2,3 millones de personas. La iniciativa supone para las arcas del Estado un desembolso de 3.000 millones de euros anuales, que el Gobierno planea financiar en parte a través de un impuesto propuesto sobre las empresas digitales y las transacciones bursátiles.

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