La violencia institucional sigue golpeando en la pandemia

El brutal ataque policial a una familia de la comunidad Qom en Chaco y el asesinato al trabajador rural Luis Espinoza por parte de efectivos de la fuerza tucumana volvieron a poner en agenda una problemática que no cesa.


El brutal ataque policial a una familia de la comunidad Qom en Chaco y el asesinato al trabajador rural Luis Espinoza por parte de efectivos de la fuerza tucumana pusieron en foco nuevamente una problemática que no desaparece ni siquiera en cuarentena: la violencia policial contra los sectores "vulnerables" o mejor dicho "vulnerados".

El rápido repudio Alberto Fernández a lo sucedido en Chaco intenta diferenciar al Gobierno de la gestión anterior, ligada a la doctrina Chocobar. Sin embargo, este cambio de postura en materia de seguridad pareciera no alcanzar para erradicar este tipo de abusos, que tal como lo califico el presidente "son una deuda de la democracia".


El brutal ataque contra los Qom en Chaco

En medio de la complicada situación que vive la provincia por los casos de coronavirus, se difundió un video en el que personal policial de la Comisaría Tercera de esa provincia ingresó de forma violenta, sin orden de allanamiento, a la casa de una familia de la comunidad Qom y golpearon a quienes estaban dentro.

"`Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?´, preguntaba uno de los policías. "Después entraron de vuelta y nos patearon. Eran todos hombres", contó Elsa, una de las agredidas.

Y añadió: "La agarraron del cabello a mi hija y la arrastraron y entre seis policías agarraron a mi hija y a mí. El oficial Antonio Fernández me pegó con la 9 milímetros en el rostro.

Luego entraron a agarrar a mi sobrino y le pegaron contra la pared. Ahora está todo desfigurado. Y después agarraron a mi hijo, que no estaba en ese momento en la casa, venía de la casa de su papa".

Según denunciaron, los integrantes de la familia Qom fueron trasladados hasta la comisaría local, donde les siguieron pegando, y tras las agresiones, las víctimas realizaron la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco.


El repudio de Alberto Fernández y la reacción de Gobierno provincial

El presidente salió a repudiar anoche la "violencia institucional" con la que actuó el sábado la policía del Chaco contra una comunidad Qom y llamó a "trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia".

Por su parte, el gobierno provincial apartó de sus funciones a los policías que participaron de la agresión y la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, condenó el hecho : "Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia".

Acompañada por el jefe de la policía del Chaco, Fernando Romero, Zalazar brindó una conferencia de prensa en la que anunció que el gobernador Capitanich dispuso el "inmediato apartamiento de sus funciones de los agentes responsables de ejercer violencia policial" contra la familia Qom.

"Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario, de integrantes de la policía que nada tienen que ver con el compromiso que lleva adelante el gobierno y la policía misma con el estado de derecho y las garantías de los derechos humanos, así como también repudiamos todo tipo de violencia", agregó la funcionaria chaqueña.


Cómo vive la comunidad la pandemia

Según datos brindados por el gobierno provincial, hasta el momento ascienden a 145 los casos confirmados por coronavirus en el Barrio Gran Toba, sobre un total de más de 310 testeos realizados. Es decir, el índice de positividad supera el 45 por ciento. En ese sentido, se registran hasta ahora 13 personas fallecidas pertenecientes al pueblo Qom, entre ellos uno de sus referentes fundador del coro musical Qom, Juan Rescio (67).

Un informe de la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus conformada por científicos del Conicet, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia I+D+I sostuvo que la situación que vive la comunidad frente a la pandemia "es muy compleja".

En tal sentido, Ana Carolina Hecht, integrante del proyecto, señaló: “La situación de los pueblos originarios frente a esta pandemia es muy compleja y los números certeros de su impacto no los tenemos: lo que ocurre en las comunidades qom del Chaco quizás es un reflejo de cómo vienen trabajando ahí la cuestión indígena, lo que no quiere decir que sean los más afectados”.

A nivel nacional, las conclusiones preliminares hablan también de “una alarmante caída de ingresos” en los integrantes de pueblos originarios que mayoritariamente habitan espacios con “históricos déficits de infraestructura”, dificultándose tanto la llegada de la asistencia estatal, como la escolarización o el cumplimiento de las medidas de higiene.


El asesinato de Luis Espinoza

El pasado 22 de mayo hallaron en la localidad tucumana de Alpachiri el cuerpo de Luis Albeto Espinoza, un trabajado rural de 31 años que desapareció tras un operativo policial.  

Espinoza, padre de seis hijos, fue visto por última vez cuando se dirigía a caballo junto a su hermano Juan a la casa de su madre. En el trayecto pasaron por donde se desarrollaba un festival de carreras cuadreras y se detuvieron a observar. Pero minutos después llegó personal de la comisaría local y comenzaron a golpearlo.

De acuerdo a lo que consta en el expediente, no se supo nada más sobre su paradero desde ese momento, y una semana después, el 22 de mayo, su cuerpo baleado en la espalda fue hallado en la provincia de Catamarca, a 200 metros del límite con Tucumán.  

La abogada de la familia Espinoza, Cinthia Campos, reveló a este martes a LV12 de Tucumán que el impacto de bala que recibió el hombre fue del arma reglamentaria de uno de los oficiales involucrados en el caso.

Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala, que impactó en uno de los omóplatos de la víctima, salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial José Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.

Junto al oficial, por el crimen se encuentran detenidos otros siete uniformados y dos civiles: el subcomisario Rubén Montenegro, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; los cabos Claudio Zelaya, José Paz y Miriam González; el agente Esteban Rojas González, el vigilador comunal Sergio Santillán y otro civil, que es hermano de uno de los efectivos.


La depuración de Manzur

Luego de que se confirmara que Espinoza murió a causa de un disparo de un arma proveniente de un policía, el gobernador Juan Manzur ordenó la depuración en la estructura de mandos de la fuerza de seguridad para intentar apaciguar el escándalo que provocó el episodio.

En ese marco se realizaron cambios en los puestos de conducción de las Unidades Regionales y de algunos Departamentos de la fuerza. El último movimiento general de las jefaturas policiales se había realizado hace 10 meses.

Manzur sostuvo que "todos aquellos que hayan cometido el delito, que hayan sido partícipes de este asesinato, tienen que ser juzgados, condenados y ojalá que esto se haga rápido y se haga pronto".

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