La Policía santafesina, una fuerza fuera de control

Agentes protagonizaron una violenta razzia en el barrio Toba de Rosario, con menores golpeados y desaparecidos por horas. También fueron denunciados por ir a escuelas a pedir datos de maestros en el marco de la lucha docente. Exigen reacción del gobierno ante la repetición de abusos.

Los casos de violencia institucional no son novedad en Rosario, pero en los últimos tiempos, en especial desde que soplan nuevos vientos desde el cambio de gestión a nivel nacional, se están profundizando de manera preocupante. En un ambiente que la fuerza respira como más permisivo ante los excesos, la Policía Santafesina se mueve cada vez con mayor impunidad en los barrios periféricos, y los crudos testimonios de los vecinos que vencen el miedo y se animan a denunciar se multiplican, tanto en número como en brutalidad. Desde hace unos años, los casos de muertes en que implican como presuntos autores materiales a personal de las fuerzas de seguridad se dispararon: Jonatan Herrera, Franco Casco, Gerardo Escobar, Carlos Godoy, Maximiliano Zamudio, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce y Jonatan Ojeda son algunos de los nombres que aparecen en la crónica negra del gatillo fácil, los apremios ilegales y la desaparición forzada de personas en la Cuna de la Bandera.

Las reiteradas alarmas encendidas por los movimientos sociales y organismos de derechos humanos parecen no ser suficientes para que el poder político ajuste el control sobre su brazo armado: en tan solo 24 horas, la Santafesina fue protagonista esta semana de dos actuaciones polémicas. Primero, con una brutal intervención en un barrio habitado mayormente por miembros de la comunidad Qom, y luego con una denuncia del gremio Amsafé que afirma que uniformados fueron a algunas escuelas a pedir datos de maestros y directivos en el marco de la dura discusión paritaria y los paros docentes, conducta intimidatoria que se inscribe como un escalofriante recuerdo de las épocas más oscuras de nuestro país.

Esa maldita costumbre

La fuerza ya venía participando de una seguidilla complicada de incidentes, ya que la semana pasada se habían conocido otros dos casos reportados ante Fiscalía. Uno a la salida de un recital que conmemoraba el golpe de Estado, en el que paradójicamente integrantes del Comando Radioeléctrico golpearon a una pareja y los amenazaron con "hacerlos desaparecer", y otro en el que miembros de la misma repartición atacaron salvajemente a un hombre por no acceder a pagar una coima en un control de tránsito callejero.

Más atrás, puede mencionarse el lamentable episodio de amenazas y aprietes sufrido por el mellizo de un joven que murió mientras lavaba el auto en la puerta de su casa bajo imprudentes balas policiales en medio de una persecución a delincuentes: al mismo tiempo que se desarrollaba el juicio a cinco policías por ese homicidio, agentes amedrentaron al chico en la calle y se burlaron diciéndole “yo maté a tu hermano”. En las últimas horas hubo un nuevo caso en la zona sur de la ciudad. Corría la madrugada y Ramón Escobar estaba en su vivienda durmiendo con su esposa y sus tres hijas, una de ellas discapacitada, cuando efectivos munidos con armas largas irrumpieron en su casa, los golpearon, dieron vuelta todo y les robaron 5 mil pesos de una pensión que cobran, antes de huir en dos camionetas policiales ante la mirada incrédula de los vecinos. Los hechos se repiten con la arbitrariedad como denominador común.

Razzia en barrio Toba

Por estos antecedentes, y en el marco de una conducta que ya se ha hecho costumbre, muchos se indignaron pero nadie se sorprendió cuando el último domingo comenzó a circular por redes sociales y cadenas de WhatsApp que la policía llevaba adelante una razzia contra los integrantes de la comunidad Qom, en un humilde barrio de la zona oeste de la ciudad. Alrededor de las 7, poco después del amanecer -reconstruyeron los vecinos- efectivos del Comando que supuestamente perseguían a una moto en una camioneta se toparon con un grupo de jóvenes que estaban sentados en la esquina de Garzón y Aborígenes Argentinos. Frenaron,  dos efectivos descendieron, les pidieron identificación y comenzaron a insultarlos: “Lacras, parásitos, tobas de mierda, por qué no se vuelven a su tierra”, vociferaban, mientras les quitaban dinero y celulares y comenzaban los golpes y los tiros, en una práctica que según los habitantes de la zona se repite con frecuencia. Incluso algunos deslizaron que los integrantes de la fuerza tenían olor a alcohol y parecían actuar bajo la influencia de drogas.

Otros pibes del barrio reaccionaron al ver la situación, hubo corridas y los agentes debieron huir bajo una lluvia de piedras. Pero al rato volvieron con refuerzos: entre 40 y 50 policías desembarcaron en decenas de patrullas y comenzaron a disparar a mansalva, con balas de goma y, según los testimonios recabados por este medio, también de plomo. Los azules entraron a unas cinco viviendas sin orden judicial, golpearon y detuvieron a vecinos que estaban durmiendo en sus camas -entre los que había menores de edad-, destrozaron los objetos que encontraron y se llevaron cuchillos de cocina hallados en los cajones argumentando que eran armas que delincuentes habían usado para amenazarlos.

"Indios"

“Me arrancaron el portón, se metieron pegándole a todos y me rompieron toda la casa,” contó a El País Digital Miriam Mansilla, quien estaba en su domicilio con su nene de 3 años en brazos cuando irrumpieron 15 policías a las patadas y se llevaron detenidos a su marido, su cuñado y otros familiares que se habían quedado allí por el festejo de su cumpleaños. La mujer, perteneciente a la etnia originaria, relató que los uniformados gritaban “acá se escondieron los gusanos”, en referencia a los chicos con los que habían mantenido el altercado en la calle y luego habían huido hacia otra zona del barrio. También recibieron insultos racistas: “Indios”, “negros, “cerdos”. Miriam dice que solo atinó a agarrar a su bebé, taparle los oídos y abrazarlo. “Se quisieron llevar hasta las herramientas que tengo por el programa Nueva Oportunidad, con la que los pibes hacen carpintería: martillos, tenazas y serruchos”, agregó con tristeza en referencia al plan que asiste a jóvenes en situación de vulnerabilidad para capacitarlos en un oficio.

 El saldo del violento operativo fue de 14 detenidos: diez hombres, dos mujeres y dos menores de sexo masculino, que estuvieron detenidos hasta la medianoche y luego fueron liberados. El rápido accionar de organizaciones sociales, legisladores, abogados y medios de comunicación, que se presentaron en la comisaría 19 donde estaban los demorados, evitó que el episodio tuviera consecuencias más graves. La mención tiene que ver con un momento dramático posterior a las detenciones: muchas personas no pudieron ser ubicadas por más de una hora, mientras se suponía que eran trasladadas a la seccional ubicada a sólo 15 cuadras. No se sabe bien dónde estuvieron, pero sufrieron golpes y tormentos. Un chico de 15 años ni siquiera llegó a la comisaría: fue arrojado en un descampado, hasta que fue encontrado por una mujer. “Estaba todo magullado, sucio, bañado en sangre y se había meado encima del susto”, contó el integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Mario López, a este medio.

Justicia activa
 
De manera opuesta al testimonio de los vecinos del barrio, la versión policial sostuvo primero que se trató de un tumulto generado por un grupo de personas que se negaron a ser identificadas y agredieron a los agentes, aunque luego dijeron que estaban buscando a un prófugo y en el medio también hablaron de un tiroteo. Pero a diferencia de lo que sucede en otros episodios en los que están involucradas las fuerzas de seguridad, la actuación de la Justicia santafesina fue correcta y cautelosa, aunque no así la reacción de los funcionarios del gobierno provincial, que tomaron firme posición en defensa de los uniformados. El fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la investigación, marcó las profundas contradicciones entre ambos relatos, y señaló una sospechosa demora en el envío de las actuaciones de la comisaría interviniente al Ministerio Público de la Acusación. También apuntó contra el médico policial, que será investigado por encubrir la paliza, ya que su informe no daba cuenta de las lesiones que presentaban algunos de los detenidos que terminaron hospitalizados, algunos con fracturas y traumatismos.

A los miembros de pueblos originarios se les iniciaron causas: a 11 por resistencia a la autoridad, y a 3 por portación de armas de fuego, que según dijeron desde APDH a este cronista, "fueron plantadas en el lugar por los policías luego de ser secuestradas en un allanamiento en un barrio vecino, para protegerse ante semejante abuso que cometieron". El fiscal Ponce Asahad desmintió que uno de los apresados haya estado prófugo de Coronda, y que los agentes hayan estado buscando a una persona con pedido de captura, como afirmaron el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el jefe de la Policía de Rosario Marcelo Villanúa, quien consideró que el operativo "se ajustó a protocolo" y terminó siendo citado a declarar por esos dichos. Además, el funcionario judicial dijo a EPD que algunos de los 6 agentes involucrados y señalados por la Justicia tienen causas por apremios ilegales en curso, pero seguían en funciones por no estar condenados.  

En este marco el Ministerio de Seguridad, que respaldó el accionar policial, envió a algunos medios un video tomado por una cámara de monitoreo en el que se ve retroceder a dos miembros de la fuerza armados, que huyen mientras un grupo de jóvenes se le viene encima. Ponce Asahad dijo que el material no fue aportado a la causa por el gobierno, que por lo visto prefirió difundirlo a través de la prensa para justificar la represión, y luego de varios días de sucedido el hecho el ministro ni siquiera se había contactado con Fiscalía. "Esas imágenes además no tienen registro de fecha, horario ni calles, así como están no significan nada", afirmó el fiscal.


Repercusiones políticas

Un grupo de legisladores acompañó de cerca los acontecimientos apersonándose en el barrio desde un primer momento. Los concejales Eduardo Toniolli y Norma López (FPV), junto a la diputada nacional Lucila De Ponti (Movimiento Evita) estuvieron acompañando a las familias de las víctimas y alzaron la voz de repudio contra el accionar policial y el amparo del gobierno provincial a estas prácticas.  

“El Ministerio de Seguridad debe llamarse a silencio y dejar que Justicia actúe. Les cuidan las espaldas a la Policía sin justificación. No se puede sostener que los agentes irrumpan en el barrio y golpeen a menores de edad y mujeres”, criticó Toniolli. López lo secundó: “Mientras el gobernador se saca fotos con las comunidades originarias para la prensa y el ministro de Seguridad felicita a uniformados por operativos contra manteros, envían a la Policía a reprimir a los más débiles. Atacan a los Qom en vez de luchar contra el narcotráfico, de bajar los hechos delictivos y de tener una verdadera política contra la violencia que vemos todos los días”, agregó la edil. 

En tanto, la diputada De Ponti consideró que la actitud de la cartera de Seguridad “fue lamentable, no sólo salieron a negar la versión de los vecinos sino que hicieron correr comunicados de prensa que desestimaban lo denunciado, lo cual mancha al conjunto de la institución y no solo a los efectivos que hayan realizado este operativo. La de Santa Fe es una policía que tiene una acción en los barrios populares de abuso y hostigamiento generalizado”, sindicó. En tanto, la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia recibió a Ruperta Pérez, referente de la comunidad Qom del barrio Toba, quien solicitó la protección del Estado por temor a represalias. Los legisladores decidieron además citar a los funcionarios de Seguridad para que concurran a dar explicaciones a la Legislatura por el episodio.

Hasta la intendenta de Rosario Mónica Fein, del mismo color político que la gestión provincial, salió a despegarse del escandaloso operativo: "Entendemos a la policía en la búsqueda de ladrones, pero hay que respetar a las personas y en particular a nuestros pueblos originarios que vienen de una larga trayectoria en la ciudad", afirmó la mandataria.

Intimidación docente

Tuvo que pasar tan sólo un día para que las fuerzas de seguridad se vieran envueltas en otro hecho polémico. El sindicato docente Amsafé realizó una presentación judicial para advertir sobre policías que concurren a escuelas para buscar datos de maestros y directivos. El procedimiento, que el gremio denunció como ilegal, se repitió en varias instituciones de Rosario y la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez justamente en el marco de un plan de lucha que lanzaron los docentes en medio de las negociaciones paritarias, lo que trajo la preocupante sospecha de que buscaban información sobre trabajadores de la educación que se habían adherido a las medidas de fuerza.

"Supuestamente concurren para averiguar datos filiatorios en las escuelas: nombres, apellidos, situación de docentes y directivos, no de alumnos. Y eso no es legal. La policía podría intervenir si es por algún delito, no para pedir datos", cuestionó la titular de Amsafé a nivel provincial, Sonia Alesso. Desde el Ministerio de Seguridad salieron a desmentir la denuncia, argumentando que la Policía de Santa Fe “actúa según lo acordado en cuanto a diseñar los Senderos Solidarios que contribuyen a mejorar la seguridad en los establecimientos escolares”, en referencia a un programa implementando en torno a las escuelas con agentes de la Policía Comunitaria para proteger a los alumnos de potenciales situaciones de inseguridad. La Provincia desestimó en ese sentido las acusaciones e indicaron que la para diseñar los corredores “los agentes precisan de la colaboración de la comunidad educativa” y es por eso que “han recabado algunos datos en las instituciones educativas”. “En ningún momento se piden datos personales de empleados o docentes de los establecimientos”, afirmaron.

Pero los efectivos que estuvieron involucrados, argumentó el sindicato, son del Comando Radioeléctrico, no de la Comunitaria. Una vez más, las explicaciones de los funcionarios políticos hicieron agua. En diciembre de 2015, cuando asumía el cargo, el ministro Maximiliano Pullaro prometía que en su gestión, la Seguridad sería "una política pública ejecutada por la fuerza pública y monitoreada por la política, porque la política bajo ningún concepto puede perder la capacidad de conducción de las fuerzas de seguridad”. A estas alturas, y ante la escalada de hechos de violencia institucional perpetrados por los miembros de la Policía Santafesina, una y otra vez y en todas las zonas de la ciudad pero especialmente en las barriadas humildes, ya podría decirse que es hora de que Pullaro recuerde su promesa. 


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